España
Durante la dictadura de Francisco Franco, a partir de 1939, se practicó el terrorismo de Estado, donde, entre otras acciones, se fusiló a más de 50.000 ciudadanos por diferencias políticas, etc. y encarcelaron otros cientos de miles.
De acuerdo a publicaciones de historiadores de la talla de Julián Casanova o Paul Preston, y precisamente de este último en su libro El holocausto español, la cifra aproximada es de 150.000 víctimas inocentes a manos de los sublevados. En 2008, el recuento del juez Baltasar Garzón sobre la represión en zona nacional reunió 143.353 víctimas.
Durante la dictadura franquista, en España funcionaron varios campos de concentración coordinados por el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, creado el 8 de octubre de 1939, y dependiente del Estado Mayor del Ejército. Terminaron en estos campos de concentración más de medio millón de prisioneros, desde ex combatientes del bando republicano o disidentes políticos hasta homosexuales y presos comunes. Se caracterizaron por la explotación laboral de los prisioneros, organizados en batallones de trabajadores, en los que los prisioneros políticos eran utilizados sistemáticamente como esclavos y donde en muchos casos los internados morían por causa de las sumamente malas condiciones de vida y trabajo a las que se encontraban subyugados. Los campos de exterminio franquistas eran, al igual que sus homólogos nazis, centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la pura y simple ejecución de sus internados.
Finalizada la dictadura se produjeron numerosos casos del denominado terrorismo tardofranquista hasta principios de los años 80. Operaron bajo diversos nombres como la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o "Triple A"), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE) y otros de menor resonancia, como los Comandos Antimarxistas, esencialmente dedicados a la violencia callejera contra personas de ideas contrarias. En palabras de un antiguo militar que formó parte de estos grupos, «eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita». La tutela de los atentados la tenían agentes del servicio secreto SECED (Servicio Central de Documentación), con dinero y manos libres para actuar al margen de la Ley.Como consecuencia de sus acciones resultaron muertas unas 66 personas, desde militantes de ETA hasta abogados laboralistas de izquierdas (la "matanza de Atocha") o sindicalistas de la CNT (Caso Scala), pasando por los carlistas asesinados en 1976 durante los denominados sucesos de Montejurra, y ciudadanos que no tenían ninguna relación con la política.
Estos grupos estaban constituidos por elementos civiles, policías y militares, todos ellos afectos al régimen anterior. Los grupos tuvieron vínculos más o menos estrechos con organizaciones terroristas neofascistas europeas y americanas y también con grupos derechistas legales como Fuerza Nueva. Su objetivo era eliminar a quienes consideraban "enemigos de la Patria" y contribuir a la desestabilización de la naciente democracia. Conforme ésta fue consolidándose, y tras el fallido golpe de Estado del 23-F, fueron debilitándose. En 1982 se pueden considerar desaparecidos. Se cree que muchos de los antiguos militantes del terrorismo tardo franquista fueron utilizados para constituir los primeros Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que actuaron durante los gobiernos de Felipe González.
Otros episodios de terrorismo de Estado tuvieron lugar el 15 de enero de 1978 en Barcelona. Ese día se produjo la muerte de 4 personas durante un incendio en una conocida discoteca de la ciudad, sucesos conocidos como Caso Scala, en el cual supuestamente el Estado lleva a cabo acciones para desestabilizar el creciente movimiento anarquista en Cataluña.
El 5 de abril de 1978, Antonio Cubillo, líder del MPAIC (organización independentista canaria que durante esa época operaba a través de grupos terroristas), resultó gravemente herido en un intento de asesinato en su domicilio en Argel (lugar donde orquestaba todas las operaciones de la organización independentista) la víspera de la cumbre en la ONU a la que este iba a asistir para hablar del "problema colonial canario". Las diligencias judiciales sobre dicho atentado consideraron probado que el intento de asesinato fue organizado desde instancias del Ministerio del Interior español.
De 1983 a 1987, durante el Gobierno de España socialista de Felipe González, se llamó guerra sucia en España a las acciones desarrolladas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que asesinaron, secuestraron y torturaron a presuntos miembros de la organización terrorista ETA, así como ciudadanos españoles y franceses sin ningún tipo de relación con la banda. Muchos de los mercenarios que habían formado parte de los escuadrones de la muerte tardo franquistas se integraron en estos grupos. El Tribunal Supremo, en Sentencia de julio de 1998, condenó por el caso del secuestro de Segundo Marey al ex ministro de Interior socialista José Barrionuevo, al secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y al gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal a diez años de cárcel; a Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo a nueve años y seis meses; a Ricardo García Damborenea, Secretario General del PSOE en Vizcaya, a siete años; a los ex policías Julio Hierro y Francisco Saiz Ojeda a cinco años y seis meses; a los ex agentes José Ramón Corujo y Luis Hens a cinco años, y a Michel Domínguez a dos años y cuatro meses. En septiembre de 1998 ingresaron en la cárcel,Barrionuevo y Vera, condenados a diez años de prisión, y tres meses después fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del gobierno presidido por José María Aznar del Partido Popular.
No hay comentarios:
Publicar un comentario