Esto que vas a leer ya lo sabíamos muchos desde hace 4 años, pero la jueza Alaya a las ordenes de su jefe Zoido y del PP andaluz tenia que hacerles el trabajo sucio.
El Supremo abre la puerta a
descontar del fraude de los ERE 695 millones de euros.
El auto de imputación de los
expresidentes distingue entre prevaricación y malversación, y asume que gran
parte de las ayudas cumplieron su fin pese a la ilegalidad del procedimiento. La juez Mercedes Alaya había
cuantificado el fraude de los ERE en 855 millones de euros. (Reuters)
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lA GRAN MENTIRA DE aLAYA FUE CUANTIFICAR EL TOTAL DEL GASTO DE LOS ERES COMO FRAUDE.
"Uno de los mayores escándalos de corrupción en España. Un
fraude que asciende a 855 millones de euros". Esta es la cifra con
la que la juez Mercedes Alaya ha cuantificado hasta ahora el
fraude de los ERE y la que ha tirado por tierra
el Tribunal Supremo. La cantidad corresponde al total de prejubilaciones,
ayudas directas a empresas y sobrecomisiones repartidas durante una década con
cargo al fondo de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía.
Pues bien, el Alto Tribunal, en el escrito del juez Alberto Jorge
Barreiro que pide la imputación de los expresidentes y exconsejeros,
asume por primera vez una distinción que puede marcar un punto de
inflexión definitivo para el caso. En el auto se señala con claridad que no
todo este dinero ha sido defraudado. Asume que buena parte de las ayudas
concedidas a los prejubilados han cumplido con su fin original a pesar
de que el procedimiento fuera ilegal. Esto podría descontar del fraude
millonario un total de 695 millones de euros y obligaría a revisar casi
un 80% de la instrucción, según fuentes del caso.
“Ha de entenderse que el hecho de que las concesiones de subvenciones por
esa cuantía sean nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico no
significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario
haya sido defraudado en perjuicio del erario público. Pues una
cosa es que se esté ante la concesión ilegal de distintas subvenciones por
diferentes cuantías y otra distinta que todas ellas fueran improcedentes
desde una perspectiva sustantivo-material en el caso de que se hubiera seguido
el procedimiento legal exigible para su concesión”. Estas palabras
recogidas en el escrito del instructor del Supremo
(página 44) introducen una serie de “advertencias y matizaciones relevantes”
que avalan por vez primera la tesis de buena parte de los imputados, que
durante los últimos años han intentado que se acotara el fraude, en gran parte
por las fianzas millonarias impuestas y requeridas a muchos de los
señalados como responsables de esta malversación.
El Tribunal Supremo asume, a través del auto del juez Barreiro, que buena
parte de las ayudas concedidas serían correctas si no fuera por su tramitación
legal
El Supremo asume que buena parte de las ayudas concedidas serían correctas si
no fuera por su tramitación legal. “Concurren supuestos de concesiones
fraudulentas que nunca se debieron conceder y otras de las que sí tendría que
hacerse el erario público en todo caso, aunque cumplimentando el procedimiento
legal para las concesiones”, añade el escrito. La malversación quedaría
por tanto restringida a los intrusos, personas que se colaron en los
expedientes de prejubilación y que nunca trabajaron en las empresas, parte de
las ayudas directas a empresas y las sobrecomisiones desorbitadas a las
aseguradoras que libraban los pagos. Una cantidad nada desdeñable, unos
160 millones de euros, pero muy lejos de la cifra casi milmillonaria
calculada hasta ahora por la juez Alaya.
O se rebaja el fraude o deben devolver
el dinero
El auto del Supremo ya ha abierto la puerta para que uno de los imputados
haya presentado un escrito reclamando la redimensión del fraude y otro de los
afectados ultima los trámites para seguir el mismo camino.
La juez instructora, que en este momento es la nueva titular, María
Núñez Bolaños, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha
dejado el caso en manos de Mercedes Alaya, tendrá que pronunciarse al
respecto. Posiblemente, la decisión acabe de nuevo en la Audiencia
Provincial de Sevilla. En este caso se abren dos vías que muchas de las
defensas consideran definitivas. O se acota la malversación de fondos públicos,
lo que abriría la puerta a una cascada de recursos exigiendo que se revisen las
fianzas civiles, o se ratifica que todo el dinero fue defraudado. En este caso,
el caos podría ser mucho mayor y se tendría que pedir la devolución del dinero
a los casi 6.000 prejubilados que siguen cobrando su
paga. De los 6.096 trabajadores que cobraron prejubilaciones sólo 126 están
imputados en la causa por ser considerados intrusos que se colaron
en los expedientes de regulación de empleo, con un fraude de 12 millones de
euros. El resto cobraron o siguen cobrando sin que nadie, de momento,
les haya reclamado su dinero.
El Supremo, además de haber cerrado el círculo sobre los máximos responsables
políticos del fraude en Manuel Chaves y José Antonio
Griñán, podría haber hecho tambalear también los cimientos del caso
instruido durante cuatro años por la juez Alaya al distinguir entre
prevaricación y malversación.
El Supremo podría haber hecho tambalear también los cimientos del caso
instruido por la juez Alaya al distinguir entre prevaricación y malversación
En este momento, la instrucción del caso se ha convertido en un caos.
Quienes conocen de cerca el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla
anticiparon un duelo de titanes entre Mercedes Alaya
y su sustituta, María Núñez Bolaños. No se equivocaron. La guerra está
ya abierta. Ambas magistradas han recurrido el reparto de trabajo diseñado por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dejaba a Alaya al frente de los
ERE y la apartaba del resto de macrocausas, cursos de formación y avales
fallidos a empresas. Núñez Bolaños recurrió al TSJA porque consideraba que
primero debía decidirse la petición sobre la división de la causa en piezas.
Alaya, que aún no ha formalizado su comisión de servicio para seguir algunos
meses más en el juzgado, ha recurrido al Consejo General del Poder Judicial
porque aspiraba a no perder sus grandes casos.
El próximo martes la nueva titular del
juzgado ha citado a los peritos del Estado que han estudiado a fondo el
apartado de las comisiones a las aseguradoras. La citación sigue, de momento,
en pie. Esto supondría, tras las nuevas imputaciones firmadas por Núñez
Bolaños, entrar de lleno en faena posiblemente en el que es uno de los
apartados más complicados de la instrucción. Una decena de imputados se han
dirigido al juzgado para alertar de los efectos “devastadores” de la división
del caso ERE en piezas. Mientras, en el Supremo el expresidente José
Antonio Griñán, tras los duros recursos de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías
contra su imputación, ha solicitado de nuevo que su caso vuelva a la justicia
ordinaria tras perder su condición de aforado.
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