DEL BLOG "LOS GENOVESES" NOTICIAS DEL PP GURTEL DE RAJOY (Partido Popular chorizos por tradición)

BALANCE GENOVÉS 2010 LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P
01 de enero de 2011
INDICE
1) LA EMPRESA DE AZNAR LOGRA BENEFICIOS RÉCORD EN EL PEOR AÑO DE LA
CRISIS
2) EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA SI AZNAR DAÑÓ AL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEDALLA
3) AZNAR RESPONDE A INSULTOS DE ESTUDIANTES CON UN GESTO GROSERO
4) AZNAR, ENTRE LOS PEORES EX PRESIDENTES DEL MUNDO
5) AZNAR AL EMBAJADOR, EN 2007: "SI VEO A ESPAÑA DESESPERADA, QUIZÁ
TENDRÍA QUE VOLVER A LA POLÍTICA"
6) LUIS BÁRCENAS DEJA EL SENADO SIN AVISAR Y PONE EN EVIDENCIA AL PP
7) LA DECISIÓN DE MERINO DE MARCHARSE PRECIPITÓ LA SALIDA DE LUIS
BÁRCENAS
8 )EL INSTRUCTOR DE LA 'GÜRTEL' PIDE DATOS DE EMPRESAS DE JESÚS MERINO
9) EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' INVESTIGA ADJUDICACIONES DEL GOBIERNO DE
AZNAR
10) PEDRO GARCÍA COBRÓ LA 'COMISIÓN DEL PAPA' A TRAVÉS DE SU PRIMO
11) MARTÍNEZ DICE QUE SU RELACIÓN CON LA TRAMA GÜRTEL FUE LEGAL
12) 20 MESES DE IRREGULARIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
13) EL JUEZ ABRE UNA TERCERA CAUSA DE GÜRTEL EN CASTILLA Y LEÓN
14) FEIJÓO CONTRATA A UNA FIRMA QUE SE COORDINABA CON LA 'GÜRTEL'
15) MATAS, MANUAL DEL PERFECTO CORRUPTO
16) EL PLURIEMPLEO DE RATO
17) UN EMPRESARIO DESTAPA UNA TRAMA CORRUPTA EN LA ALCALDÍA DE CIUDAD
REAL
18) GALLARDÓN, UNA MÁQUINA DE GENERAR DEUDA
19) EL PP PAGÓ 70.000 EUROS A TRILLO POR ASESORAR EN LA SOMBRA A
IMPUTADOS
20) UN DESPACHO CON INFLUENCIAS
21) RUS REPARTE A DEDO 132.950 EUROS A PARROQUIAS Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS
22) VALENCIA DEBERÁ PAGAR 3,5 MILLONES DE EUROS A LA FAMILIA COTINO POR
NO LIQUIDAR A TIEMPO UNA EXPROPIACIÓN
23) COTINO CAMBIÓ NORMAS COMO 'CONSELLER' BENEFICIANDO A EMPRESAS DE
SUS FAMILIARES
24) LA FEMP DIO 1,3 MILLONES A DEDO A LA RED GÜRTEL EN EL MANDATO DE
BARBERÁ
25) BARBERÁ GASTA 90.000 EUROS MÁS EN UN ESTUDIO SIN OBJETIVO CLARO
26) BARBERÁ PAGÓ AL GRUPO LATERNE POR TRABAJOS QUE NO SE REALIZARON
27) DE LA RIVA OPINA QUE SUS COMENTARIOS SOBRE PAJÍN LE DARÁN MÁS VOTOS
28) SÁNCHEZ DRAGÓ RECONOCE EN SU ÚLTIMO LIBRO HABERSE ACOSTADO CON
DOS NIÑAS DE 13 AÑOS
29) VALCÁRCEL PONE EN PIE DE GUERRA A SUS FUNCIONARIOS
30) VALCÁRCEL RECIBIÓ DEL REY DE LAS BASURAS PUROS COHIBAS, BOTELLAS DE
DON PERIGNON Y VEGA SICILIA
31) EL DIRIGENTE DEL PP QUE ESTABA EN POLÍTICA "PARA FORRARSE" SEGUIRÁ
COBRANDO 3.400 EUROS AL MES DE RTVV TRAS SER DESTITUIDO POR ACOSO
SEXUAL
32) LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA PONEN FIN A LA "VORACIDAD
ECONÓMICA" DE COSPEDAL
33) COSPEDAL CORRIGE SU DECLARACIÓN DE BIENES EN LAS CORTES
MANCHEGAS
34) COSPEDAL DOBLÓ SUS INGRESOS TRAS SER 'NÚMERO DOS' DEL PP
35) DE COSPEDAL ACUSA AL GOBIERNO DE ORGANIZAR UN "ESTADO POLICIAL"
36) COSPEDAL HABLA EN EL SENADO POR PRIMERA VEZ EN 28 MESES
37) EL PSOE EXIGE A LA 'NÚMERO DOS' DEL PP QUE EXPLIQUE "OPERACIONES
DUDOSAS" DE SU ESPOSO
38) UN INFORME DEL SENADO DESTROZA LA DEFENSA DEL PP A ENRIQUE LÓPEZ
39) PONS: "ZAPATERO ES EL PRESIDENTE ROJO QUE REPRESENTA A LOS NO
CREYENTES"
40) DÍAZ FERRÁN DECLARA ANTE LA POLICÍA POR SUS NEGOCIOS EN BALEARES
41) EL JUEZ DICTA LA QUIEBRA PERSONAL DE DÍAZ FERRÁN
42) GÜEMES VIVE EN LA MISMA URBANIZACIÓN DE LUJO QUE FRANCISCO CORREA,
ALEJANDRO SANZ, Y CRISTIANO RONALDO
43) EL JUICIO A FABRA VUELVE A RETRASARSE OTRO AÑO TRAS EL RECURSO DE
LA FISCALÍA
44) FABRA, ACUSADO DE TRES DELITOS: "ESTOY SATISFECHO Y ALEGRE"
45) EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR REHABILITA A RICARDO COSTA
46) FEIJÓO ENSEÑA SUS COSTURAS
47) LOS CASOS QUE EL PRESIDENTE NO QUIERE VER
48) LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD
49) RAJOY PLANTEA CREAR REFORMATORIOS PARA NIÑOS DE ENTRE 12 Y 14 AÑOS
50) RAJOY y EL CASO MATAS: "LE DESEAMOS LO MEJOR Y, SI PUEDE, QUE
DEMUESTRE SU INOCENCIA"
51) RAJOY INSISTE EN ATACAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA IDENTIFICÁNDOLA CON LA
GRIEGA
52) EL AJUSTE DE RAJOY SE QUEDA EN 111 MILLONES
53) RAJOY RECONOCE QUE VOTÓ CONTRA EL RECORTE PARA HERIR A ZAPATERO
54) RAJOY INSISTE EN QUE ZAPATERO TRAICIONÓ A LOS MUERTOS DE ETA
55) EL PP APOYA LOS RECORTES EN IRLANDA Y PORTUGAL PERO NIEGA EL AVAL A
ZAPATERO
56) PP VUELVE A AGITAR EL FANTASMA DE HUNGRÍA PARA ATACAR A ZAPATERO
57) RAJOY VA A LA COLA DEL PARO PARA HACERSE UNA FOTO
58) EL CÓDIGO ÉTICO DE RAJOY SE QUEDA EN PAPEL MOJADO
59) CAMPS RECIBIÓ TRAJES "CON OPACIDAD Y DE FORMA REPETIDA", SEGÚN EL
SUPREMO
60) CAMPS Y SU GOBIERNO AFRONTAN HASTA SIETE DELITOS POR SU RELACIÓN
CON LA TRAMA GÜRTEL
61) UNA JUEZA CONSERVADORA RELEVARÁ A DE LA RÚA
62) EL PP CIERRA EL CAMINO DE CASCOS HACIA LA PRESIDENCIA DE ASTURIAS
63) UNA EMPRESA DE CASCOS FACTURÓ A LA 'TRAMA GÜRTEL'
64) EL EX POLÍTICO CASCOS ESTÁ AL FRENTE DE OCHO EMPRESAS
65) URIARTE DECLARA EN EL SUPREMO POR CONDUCIR EBRIO
66) JESÚS NEIRA, CITADO POR DAR POSITIVO EN UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA
67) DIMITE UN EDIL DE ASTURIAS QUE NO AUXILIÓ A UN ATROPELLADO
68) EL PRESIDENTE DEL PP EN GIRONA PIERDE TODOS LOS PUNTOS DEL CARNÉ DE
CONDUCIR
69) A 200 POR HORA EN EL COCHE OFICIAL
70) MIRÓ ENCARGA AL DESPACHO DONDE TRABAJA SU CUÑADO OBRAS EN UNA
IGLESIA DEL ALCOI
71) PARIENTES Y CARGOS DEL PP COPAN OTRA OPOSICIÓN DE BALTAR
72) BLASCO VIAJÓ OFICIALMENTE A LA ESPAÑOLA COINCIDIENDO CON LA
EXPOSICIÓN DE SU HIJO
73) NEPOTISMO FUNCIONARIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
74) UN JUICIO POR AMAÑO DE OPOSICIONES ACORRALA A LA CÚPULA DEL PP DE
LEÓN
75) LA POLICÍA DETIENE AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE Y AL
EMPRESARIO ENRIQUE ORTIZ
76) LA AUDIENCIA VE INDICIOS DE QUE EL IVEX PAGÓ EL CONTRATO B DE J.
IGLESIAS CON FACTURAS FALSAS
77) EL JUEZ DA UN IMPULSO AL 'CASO TERRA MÍTICA' Y RECUPERA EL DELITO
FISCAL
78) EL CONSEJO VALENCIANO DE CÁMARAS FICHA A CARTAGENA COMO ASESOR
DEL PRESIDENTE
79) DIEZ FIRMAS VINCULADAS A CARGOS DEL PP FACTURARON 5,5 MILLONES A
EMARSA
80) RUS JUSTIFICA LA CENSURA Y ANUNCIA QUE VETARÁ A QUIENES OPINEN
CONTRA EL PP
81) NUEVO REVÉS JUDICIAL PARA BARBERÁ EN EL CABANYAL
82) UN TRIBUNAL REABRE EL 'CASO ESPÍAS' TRAS EL RECURSO DE UN EX JEFE
POLICIAL
83) CASO GUATEQUE: IMPUTADO UN EX ALTO CARGO POR FAVORECER UN LOCAL DE LÓPEZ VIEJO
84) MONTES PIDE UN CAREO ENTRE TESTIGOS DEL 'CASO LAMELA'
85) EL JUEZ IMPUTA A LA EX ALCALDESA DE PINTO, DEL PP, POR
IRREGULARIDADES
86) LA POLICÍA DETIENE AL AGRESOR DE TERTSCH Y CONCLUYE QUE NO HUBO
MÓVIL POLÍTICO
86BIS) AGUIRRE PAGÓ DOS MILLONES POR OTRA CAMPAÑA FANTASMA
87) LOS NUEVE CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN BALEARES
88) ANTICORRUPCIÓN CONFIRMA QUE AGUIRRE SE FINANCIÓ ILEGALMENTE
89) EL CONSELL VALENCIANO AUSPICIA UN ENTRAMADO DE ONG QUE DESVÍA
90) GABRIEL CAÑELLAS DECLARA POR UN COBRO A UNA EMPRESA DE BOMSAI
91) MURCIA, QUE CORRUPTA ERES
92) CONDENADO A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN EL EX DIPUTADO DEL PP JOSÉ
LUIS DEL OJO
93) LA LÍDER DEL PP TINERFEÑO JUSTIFICÓ GASTOS CON FACTURAS DE
FAMILIARES
94) EL FISCAL PIDE INHABILITAR AL PROMOTOR Y AL ALCALDE DE NAVAS DEL
MARQUÉS
95) EL TRIBUNAL SUPERIOR AMPLÍA LAS IMPUTACIONES EN EL 'CASO HERNÁNDEZ'
97) LOUZÁN: "JUNCAL HIZO UNA LABOR EXTRAORDINARIA"
98) LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA QUE EL DELEGADO DE OURENSE
DEFRAUDÓ AYUDAS
99) LA XUNTA RETRASA LA SANCIÓN A LA CONSTRUCTORA DE TELMO MARTÍN
100) MULTAS DE 742.500 EUROS PARA LOS TRES ACUSADOS POR LA TRAMA DE
GONDOMAR
101) ANTICORRUPCIÓN CONFIRMA QUE AGUIRRE SE FINANCIÓ ILEGALMENTE
102) DOS CONCEJALAS DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN SE DAN DE BAJA,
PERO SEGUIRÁN EN EL ESCAÑO
103) EL VETO DE BAUZÁ A LOS IMPUTADOS ABRE UNA CRISIS EN EL PP BALEAR
104) CAMACHO FULMINA A LA DIRECCIÓN LOCAL DEL PP EN SANT CUGAT
105) DUELO SICILIANO EN EL PP DE XÀBIA
106) AMENAZAS DE MUERTE EN LA BRONCA DEL PP ALICANTINO
107) AGUIRRE CORRIGE A LA CÚPULA DEL PP Y PIDE EL CESE DE COBO
108) AGUIRRE: "HEMOS TENIDO SUERTE DE DARLE UN PUESTO A IU Y QUITÁRSELO
AL HIJOPUTA"
109) PIZARRO ABANDONA A RAJOY
110) SORIA DESTITUYE A CABRERA COMO PORTAVOZ DEL PP EN LA CÁMARA

1) LA EMPRESA DE AZNAR LOGRA BENEFICIOS RÉCORD EN EL PEOR AÑO DE LA
CRISIS
Famaztella ingresó 620.000 euros y ganó 445.000. -La sociedad fundada con 3.000 euros de
capital acumula ya 1,6 millones de patrimonio. -Invierte en dólares la mayor parte de su activo
La empresa familiar del ex presidente del Gobierno José María Aznar ha sido capaz de
esquivar la crisis. Famaztella (acrónimo de familia Aznar Botella) cerró el ejercicio de 2009 con
un beneficio récord de 445.417 euros, según las cuentas anuales recién depositadas en el
Registro Mercantil. Eso supone un aumento del 8% sobre la cifra del año anterior, lograda
además en el peor año de la crisis económica que azota España.
La pyme Famaztella tuvo unos ingresos de 620.732 euros, un 13% más que en el ejercicio
anterior. El objeto social de Famaztella es "la explotación de los derechos de propiedad
intelectual en todas sus manifestaciones", tales como los derechos de autor de sus libros o las
conferencias, aunque las cuentas no dan detalles al respecto.
Con una actividad de esa naturaleza, la austeridad se impone por el lado del gasto. La firma
solo se apuntó gastos de personal de 10.537 euros y servicios exteriores por 2.959 euros, con
lo que su resultado de explotación fue de 607.235 euros, una rentabilidad del 98% sobre
ingresos. Tras el resultado financiero y los impuestos por beneficios de 140.458 euros, la
sociedad cerró el ejercicio 2009 con el beneficio neto citado de 445.417 euros.
Aznar fundó Famaztella como sociedad limitada con un capital de 3.000 euros el 10 de mayo
de 2004, pocos días después de dejar la presidencia del Gobierno. Desde entonces, ha ido
aumentando la facturación y los beneficios año tras año, de modo que la sociedad acumula
cinco años y medio después un patrimonio de 1,6 millones de euros.
La sociedad de Aznar aprobó sus cuentas en una junta de accionistas en la que él actuó como
presidente y su mujer, Ana Botella, como secretaria el pasado 30 de junio en la calle Alberto
Alcocer de Madrid, donde tiene la sede su empresa. Las cuentas muestran que Famaztella
tiene 310.772 euros en caja y equivalentes, 917.000 euros en inversiones financieras a largo
plazo y 458.000 euros en inversiones financieras a corto plazo.
La mayor parte de esos activos financieros están en dólares, según las notas de la memoria,
que indican que la sociedad ha invertido en instrumentos de patrimonio en dólares por importe
de 811.701 euros.
El ex presidente del Gobierno es también consejero desde 2006 de News Corporation, el
conglomerado controlado por el magnate Rupert Murdoch. En el ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2010 cobró 220.000 dólares (unos 160.000 euros) por ese concepto, de los que 100.000
dólares fueron en metálico y 120.000 en acciones. Aznar fue, junto con Natalie Bancroft, el
peor pagado de los 12 miembros del consejo de News Corp.
www.elpais.es 09.11.10
2) EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA SI AZNAR DAÑÓ AL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEDALLA
Los auditores ven posible "responsabilidad contable" del ex presidente por aprobar 2,3
millones para que un 'lobby' de Washington le gestionase el premio
El Tribunal de Cuentas ha decidido nombrar un delegado instructor para investigar al ex
presidente del Gobierno José María Aznar por presunta "responsabilidad contable" debido a la
aprobación de un gasto de 2,3 millones destinados a promocionar la concesión de la Medalla
de Oro del Congreso de Estados Unidos para él mismo. El gasto fue aprobado de urgencia, sin concurso y sin pedir ofertas por el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, cuando gobernaba el PP.
El Tribunal de Cuentas tratará de aclarar la cantidad que pagó el Gobierno de Aznar a un lobby
de Washington, Piper Rudnick, para lograr ese objetivo, finalmente frustrado, y si la
contratación se efectuó de acuerdo con la ley. En caso contrario, el Tribunal podría obligar a los
responsables a devolver el dinero al Tesoro Público.
El auto del Tribunal de Cuentas precisa que la "responsabilidad contable" puede derivarse de
"la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público, si la finalidad contractual
hubiese sido privada y no pública y el gasto no hubiera sido debidamente justificado, aspecto
que no ha quedado claro con la documentación remitida".
El Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 con el fin de contratar al despacho de abogados Piper Rudnick.
El contrato fue gestionado por el procedimiento de urgencia porque, según el Ejecutivo de
Aznar, hacía falta "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con EE UU".
La decisión del Consejo de Ministros no figuró en el BOE. El objetivo del acuerdo con el lobby
era asesorarle "para reforzar sus relaciones con la Casa Blanca, con el Departamento de
Estado, con otros departamentos ejecutivos y agencias y con el Congreso de EE UU
encargándose de las acciones y actividades adecuadas".
El acuerdo con el lobby se hizo efectivo el 30 de diciembre de 2003 y el Gobierno de Aznar
aceptó pagar una retención de dos millones de dólares en 20 plazos mensuales de 100.000
dólares. Según el acuerdo, se efectuó un pago del 35% del total de la retención, 700.000
dólares, en el momento de ejecución del mismo.
El 2 de marzo de 2004, Piper Rudnick envió un informe al embajador de España en
Washington, Javier Rupérez, en el que le relataba el plan de acción concertado en enero de
ese año. Los asuntos tratados incluían la preparación del discurso de Aznar ante la sesión
conjunta del Congreso de EE UU, la resolución autorizando la entrega de una Medalla de Oro
del Congreso para Aznar y la evaluación de la reacción de ciertos departamentos del Gobierno
ante la iniciativa económica del ex presidente. El informe añadía que los miembros de la firma
asistieron a un almuerzo ofrecido por la Cámara de Comercio de EE UU en honor de Aznar.
El auto del Tribunal de Cuentas, firmado por el consejero Felipe García Ortiz, precisa que de la
documentación conocida "podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación, aceptadas tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado en sus escritos respectivos de 9 y 16 de febrero de 2010, y una deficiente justificación del contrato".
El auto detalla el alcance de la investigación: "Sería conveniente analizar si la actividad a
desarrollar por la empresa contratista era de naturaleza pública, en todo o en parte, así como la
finalidad perseguida por el objeto del contrato. Es decir, resulta necesario verificar si los
servicios se prestaron o no, y si se prestaron finalmente, si dichas actuaciones tenían por
objeto una finalidad pública, debidamente justificada, todo ello, puesto en relación con aquellas
normas presupuestarias de aplicación del gasto".
La denuncia que origina la investigación del Tribunal de Cuentas fue presentada por la
Asociación Preeminencia del Derecho y el letrado José Luis Mazón. Los tribunales ordinarios
desestimaron en su día una denuncia similar de Mazón. El fiscal del juzgado número tres de
Madrid recomendó a los denunciantes acudir al Tribunal de Cuentas, al que compete fiscalizar
el uso de los fondos públicos y su posible restitución. En el Tribunal, ni el fiscal ni el Abogado
del Estado apoyaron la admisión de la denuncia y pidieron, sin éxito, su archivo. Mazón es un
abogado conocido. Entre sus acciones figura una querella contra el juez Baltasar Garzón por el
patrocinio de unos cursos en la Universidad de Nueva York. Mazón consiguió que el Supremo
condenara a 11 magistrados del Constitucional a indemnizarle con 500 euros por rechazar un
recurso de amparo sin estudiarlo. También llevó la denuncia contra el juez Calamita, expulsado
de la judicatura por impedir a un matrimonio de lesbianas adoptar a una niña.
El PP mostró su "confianza y respaldo" a Aznar y a la labor desarrollada en su etapa de
Gobierno. En un comunicado, los populares se mostraron convencidos de que "la actuación del
Tribunal de Cuentas sólo puede conducir al archivo de la causa".
www.elpais.es 30.03.10
3) AZNAR RESPONDE A INSULTOS DE ESTUDIANTES CON UN GESTO GROSERO
El ex presidente del Gobierno José María Aznar responde izando el dedo corazón de la mano
izquierda a los estudiantes que protestaron por su presencia en la Universidad de Oviedo. Tras
haber increpado al ex líder del PP con gritos de "asesino" y "Aznar, fascista, tú eres el
terrorista", un grupo de estudiantes le esperó a la salida de su conferencia en la Facultad de
Ciencias Económicas de Oviedo. "Le vimos irse y, por reírnos un poco, le gritamos
irónicamente 'José Mari, José Mari' y 'presidente, presidente', imitando a los de Nuevas
Generaciones", relató Borja Llorente, uno de los estudiantes. Entonces, Aznar les miró
fijamente sonriendo y les respondió levantando el dedo corazón de la mano izquierda.
Llorente, ex miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad, relató que cuando se enteró
de la visita de Aznar el pasado miércoles, la Coordinadora de Asambleas -movimiento
estudiantil a favor de la universidad pública y sin adscripción política- convocó a "los más
comprometidos" para "recibir a Aznar como se merece". Su estrategia fue la siguiente:
organizaron un grupo que atrajera la atención fuera del recinto de la conferencia, formado por
unas 15 personas conocidas de sobra por su activismo y que, como planearon, enseguida
fueron cercados por policías de paisano y miembros de las Nuevas Generaciones del PP.
Simultáneamente, otros diez estudiantes contrarios a la presencia de Aznar se colaban en el
aula magna.
Los estudiantes que participaron en la protesta a la llegada del ex jefe del Ejecutivo exhibieron
pancartas y folios en alto en los que se podía leer: "Aznar, criminal de guerra", "Mentiras de
destrucción masiva", y mensajes similares, mientras le gritaban "asesino", "fascista" y "fuera de la Universidad".
Aznar, acompañado por dirigentes regionales del Partido Popular, accedió a la sala de
conferencias por una entrada del piso superior para eludir a los manifestantes. En la sala,
abarrotada, fue recibido con una fuerte ovación y gritos de "presidente, presidente", para
contrarrestar los silbidos y abucheos de los estudiantes que protestaban por su visita.
En una de las interrupciones provocadas por sus adversarios, Aznar replicó a los que le
increpaban: "Hay algunos que parecen empeñados en demostrar que no pueden vivir sin mí".
(www.elpais.com, 19/02/10)
4) AZNAR, ENTRE LOS PEORES EX PRESIDENTES DEL MUNDO
En España no son pocos los que consideran a José María Aznar el peor ex presidente del
Gobierno de la democracia. Sus polémicas declaraciones, sus críticas sin ningún tipo de recato a la credibilidad de España en cualquier foro internacional o su visita a Melilla el pasado mes de agosto en plena crisis diplomática con Marruecos le han granjeado fama de resentido y desleal, muy lejos del papel institucional que tradicionalmente debe jugar un ex gobernante.
Ahora esa fama ha traspasado fronteras: la revista Foreign Policy le ha incluido en una lista de
malos ex gobernantes junto al ex canciller alemán Gerhard Schröder, el nigeriano Olesegun
Obasanjo (presidente de Nigeria entre 1999 y 2007), Joseph Estrada (presidente de Filipinas
entre 1998 y 2001) y Thaksin Shinawatra (primer ministro de Tailandia entre 2001 y 2006).
Las razones que esgrime la revista para considerar a Aznar uno de los peores ex presidentes
del mundo son varias. La lista es larga: su empeño en que fueron los terroristas de ETA los
autores del 11-M; sus ataques a los ecologistas a los que llamó "abanderados del calentamiento global que tratan de restringir libertades"; su afirmación de que los musulmanes
deberían pedir disculpas por los siglos que ocuparon la península ibérica; sus críticas a las
campañas de tráfico defendiendo el derecho a beber vino incluso si se va a conducir.
Por último, la publicación se refiere a su amistad con Israel: considera que la campaña del ex
presidente español en defensa de la causa israelí es "defendible" pero advierte de que tanta
pasión le puede acabar conviertiendo en una mera 'cheerleader' de Tel Aviv.
No se le acusa de intentar robar unas elecciones como a Osabanjo o de intentar derrocar a un
Gobierno como Shinawatra. Tampoco se le acusa de corrupto como a Estrada o de recibir un
montón de dinero trabajando en un lobby prorruso como a Schroëder, pero es claro que la
fama de Aznar, todo lo que ha dicho y hecho, no deja indiferente.
(www.publico.es, 05/10/10)
5) AZNAR AL EMBAJADOR, EN 2007: "SI VEO A ESPAÑA DESESPERADA, QUIZÁ
TENDRÍA QUE VOLVER A LA POLÍTICA"
El embajador de EE UU relata una cena con el ex presidente del PP y Ana Botella en 2007: "La
falta de entusiasmo del ex presidente por Rajoy, el sucesor que él eligió, fue muy notable.
Parece tener dudas de que sea más indicado para devolver el poder al PP"
El ex presidente José María Aznar es un personaje con un seguimiento específico por parte de
la embajada de EE UU en Madrid. Diversos cables confidenciales que analizan la situación
política española introducen el elemento Aznar en todo momento como distorsionador de la
línea del PP y del liderazgo de Mariano Rajoy. Los diplomáticos de EE UU aseguran además
que su línea directa con miembros de la administración Bush -hasta 2009- hace que él marque
en muchas ocasiones la política exterior del PP. Además, los diplomáticos lo consideran una
buena fuente para analizar Latinoamérica por sus contactos y viajes constantes a esta zona.
Sin embargo, lo que más interesaba en la embajada de Madrid hasta 2009, como reflejan
diversos cables, es la posibilidad de que Aznar volviera a la política activa.
• "En realidad Aznar nunca ha dejado la política, pero si volviera reabriría la batalla
campal de 2004"
• "Aznar se sorprendió por la salida de Rato del FMI, aunque sabía que estaba aburrido
de ese trabajo"
• "Aznar cree que Zapatero es débil y reducirá tropas. El embajador le dijo que es el PP
quien presiona"
• "ETA nunca abandonará la autodeterminación y el Gobierno nunca podrá aceptar esa
demanda"
El ex presidente siempre se ha dejado querer -"mucha gente me pide que vuelva", ha llegado a
decir en público- pero nunca, ni siquiera en los momentos más duros del PP, ha expresado en
público la posibilidad real de un regreso. Muchos de los aznaristas señalaban en privado que
estaba muy decepcionado con Rajoy, y que la idea de un regreso le rondaba, pero nadie ha
podido plasmar una frase clara sobre esa posibilidad. Y menos por escrito. Pero sí lo hizo el
embajador de EE UU, Eduardo Aguirre, tras una cena en su residencia oficial que ofrecieron él
y su esposa al matrimonio Aznar-Botella el 28 de junio de 2007. Por entonces, las dudas sobre
el liderazgo de Rajoy, muy mal situado en las encuestas, y el posible regreso de Rodrigo Rato,
que ese mismo día había anunciado que dejaba el FMI, monopolizaban los comentarios de la
derecha española.
Aznar, según el resumen de la cena que hizo el embajador Aguirre en un cable enviado a
Washington y a una decena de embajadas de EE UU el 2 de julio, pintó un panorama
desolador de España, que en ese momento aún vivía una situación económica boyante. "Aznar
le dijo al embajador que España está en manos de un muy mal gobierno cuyas políticas están
afectando de forma cruel la estructura del país", señala el cable. "Aznar ve con gran
preocupación la continua cesión de poder a Cataluña y el País Vasco que está 'lentamente
erosionando a España' así como la insistencia de Zapatero en recuperar el pasado de la
Guerra Civil".
Ante esta visión tan dura de la realidad española, Aguirre provocó a Aznar para saber si él
estaba dispuesto a volver. "El embajador le preguntó a Aznar cuál sería su papel si, siguiendo
su visión, el Gobierno de Zapatero sigue adelante con esas políticas tan negativas para
España, y el PP y Rajoy fracasan en su intento de recuperar terreno". Y la respuesta fue clara:
"Aznar contestó: 'Si veo que España está realmente desesperada, quizá tendría que volver a la
política nacional". La última frase está entrecomillada en el cable, algo poco habitual cuando se
trata de resumir encuentros. Los diplomáticos suelen parafrasear lo que el interlocutor les ha
contado y como mucho ponen alguna palabra entre comillas. Pero en este caso, Aguirre quiso
poner la frase entera para que se viera que es exactamente lo que le dijo Aznar, al menos así
lo reprodujo el embajador en el cable 114042 ("If I saw that Spain was really in despair, I may
have to step back in to national politics").
www.elpais.es 03.12.10
6) LUIS BÁRCENAS DEJA EL SENADO SIN AVISAR Y PONE EN EVIDENCIA AL PP
El ex tesorero popular Luis Bárcenas ha hecho lo que ha querido en el PP hasta el último
momento. Cuando el verano pasado su secretaria general, María Dolores de Cospedal, quiso
que abandonara el partido al ser imputado en el caso Gürtel, él se negó. Entonces se salió con
la suya –con el apoyo inestimable de Javier Arenas– y no se fue, lo que desesperó a sus
compañeros de filas. Y el pasado fin de semana, cuando decidió junto a su abogado y al
diputado Jesús Merino (también imputado en el citado caso) que ahora le interesa más
abandonar su escaño en el Senado para dejar de ser aforado, optó por ningunear al partido y
difundir su renuncia a través del diario Abc en vez de consultar con la dirección conservadora y
enviar un comunicado a la prensa, como suele hacer el PP en este tipo de situaciones
De hecho, Bárcenas y el diputado Merino (que también ha dejado el Congreso) han sido
durante muchos meses los únicos imputados en la trama Gürtel a los que se les ha permitido
seguir militando en el PP. No obstante, había una diferencia entre ambos: mientras Merino se
ofreció, desde un primer momento, a dejar el partido, Bárcenas se negó. Y como nadie se
atrevía a echar a este último, se optó por pedir a Merino que aguantara hasta que el extesorero
cediera a la presión, a fin de no subrayar todavía más el privilegio en el trato respecto a otros
populares involucrados en el caso de corrupción.
Merino obedeció y ha tenido que ir adaptándose a la voluntad de Bárcenas, difícil de doblegar
por lo que parece. ¿Por qué no confirmó el extesorero a Rajoy y a Arenas, en las
conversaciones que mantuvieron hace casi 15 días, que además del PP iba a abandonar el
Senado? Sencillamente, porque no quiso. De haberlo hecho hubiera evitado a algunos
dirigentes relevantes caer en el ridículo de defender, la semana pasada, que «lo mejor» era
que Bárcenas fuera senador para, tan solo siete días después, sostener que «lo mejor» es
justamente lo contrario.
Bárcenas, ese que ahora busca más tiempo, es el mismo que, hace apenas un año, solicitaba
declarar voluntariamente porque, según decía, iba a convencer a los jueces de su inocencia en
cuestión de minutos. El mismo que presume de que Rajoy nunca le ha podido marcar «los
tiempos» y el mismo que antaño sacó de quicio a Cospedal –que sonreía sin disimulos– al
negarse a dejar el PP. Es igual. La dirección del partido se lo perdona todo ahora que le ha
dado un respiro. Y es que Rajoy trata de pasar página con rapidez: anoche, en un acto de
FAES, eludió el tema y se centro en la economía.
(www.elperiodico.com, 20/04/10)

7) LA DECISIÓN DE MERINO DE MARCHARSE PRECIPITÓ LA SALIDA DE LUIS
BÁRCENAS
La suerte y, sobre todo, el tiempo se puso de nuevo de parte de Mariano Rajoy, y el PP volvió a
respirar tranquilo. Una nueva estación del via crucis del caso Gürtel ha sido superada: Luis
Bárcenas, el ex tesorero, acusado de llevarse de la red al menos 1,3 millones de euros en
sobornos, ya no es senador. Ahora todo el PP mira a Valencia, la siguiente estación.
Detrás de la renuncia de Bárcenas hay muchas cosas, como las hubo en su abandono de la
militancia hace sólo 10 días. Pero, según coinciden todas las fuentes del PP consultadas, hay
una fundamental: la decisión de Jesús Merino de marcharse, harto de la presión mediática y,
sobre todo, movido por una complicada situación familiar (la enfermedad de su padre). Eso
precipitó la salida de un ex tesorero ya muy debilitado anímicamente por su presión familiar -su
mujer está imputada y declarará mañana ante el juez Pedreira-.
Jesús Merino fue visto el pasado miércoles entrando al despacho de Rajoy en la calle Génova.
El diputado, según fuentes de la dirección, siempre había querido marcharse, pero había
esperado para no dejar en mal lugar a Bárcenas, que no quería irse, y no generar un problema
a Rajoy.
Pero esta vez fue definitivo. Con la enfermedad de su padre y la seguridad de que tarde o
temprano -cuando se desvele el secreto en el Supremo, cuando se confirme la imputación acabarían teniendo que irse, lo dio por hecho.
Es evidente que la decisión del ex tesorero -Cospedal no aclaró en público si le llegaron a pedir el escaño- es una excelente noticia para Rajoy, que vivía este asunto con gran preocupación porque le afectaba a él, y ahora puede dedicarse mejor a vender su alternativa, aunque siempre con la vista puesta en Valencia, ya que el 12 de mayo el Supremo decide si se sienta a Francisco Camps en el banquillo por el regalo de sus trajes.
(www.elpais.com, 20/04/10)
8 )EL INSTRUCTOR DE LA 'GÜRTEL' PIDE DATOS DE EMPRESAS DE JESÚS MERINO
El juez Antonio Pedreira, que investiga la parte principal del caso Gürtel, ha pedido a los
ayuntamientos de Zaragoza, Logroño y Ador (Valencia) que le envíen todos los expedientes
que posean en relación a 18 empresas vinculadas a la trama corrupta y entre las que figuran
dos propiedad del ex diputado del PP al Congreso por Segovia Jesús Merino. Esas dos
empresas son Serrano Global Consulting SL y Fuentelavanda SL.
El requerimiento del juez afecta también de manera especial al grupo empresarial Ros Roca,
investigado por sus presuntas conexiones con la red que supuestamente dirigía Francisco
Correa.
De hecho, Pedreira ha solicitado a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de
Economía la remisión de todos los contratos adjudicados a las sociedades del grupo Ros Roca, que en el último mandato de José María Aznar obtuvo créditos de ayuda al desarrollo (FAD). El juez ordena igualmente al Instituto de Crédito Oficial que le facilite los contratos suscritos con mercantiles pertenecientes a Ros Roca.
La solicitud de Pedreira, contenida en un auto dictado el pasado día 27, se sustenta en los
informes de la policía y la Fiscalía Anticorrupción sobre la presunta ligazón entre el grupo de
Francisco Correa y diversas empresas pantalla, categoría en la que estaría encuadrada Ros
Roca, así como la empresa Asian Deluxe Group SL.
El juez, que espera cerrar la instrucción en los próximos meses, ha comenzado ya la criba de
imputados. En un auto notificado Pedreira levanta provisionalmente la imputación a los
abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, a quienes hasta ahora se
atribuía un delito de blanqueo. Ambos prestaban servicios a Correa.
www.publico.es 29.12.10
9) EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' INVESTIGA ADJUDICACIONES DEL GOBIERNO DE
AZNAR
Pedreira reclama expedientes de 2002 del Ministerio de Economía y el ICO
La investigación del caso Gürtel , la más extensa trama de corrupción de la democracia
vinculada al PP, alcanza el Gobierno de José María Aznar. El juez Antonio Pedreira firmó
anteayer un auto en el que reclama numerosa documentación de 2001 y 2002 al Ministerio de
Economía y Hacienda ; al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a Red Eléctrica Española
relacionada con contratos adjudicados a empresas vinculadas a la trama corrupta de Francisco Correa. Dentro de esta investigación también ha metido el juez a otras instituciones como los Ayuntamientos de Logroño , Zaragoza y Ador (Valencia) y la Junta de Castilla y León .
La red Gürtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca , especializado en tratamiento de
residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Correa ofreció a ese grupo empresarial
su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a
cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según la
investigación. El jefe de la red Gürtel tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos,
como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según detalla el informe policial.
El Ministerio de Economía controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la
República Dominicana o Mozambique. El Ministerio de Medio Ambiente había sacado a
concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de
papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca.
Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una
cómoda mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya
que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente Aznar.
Diversos faxes y documentos hallados en los registros de las empresas de Correa acreditan las gestiones políticas que hacía para el Grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de
"Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre
negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas
que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una
comisión del 3%, Postura 4, del 4%.
Documentos incautados a la red que figuran en el sumario señalan que la persona clave con la
que contacta la red para conseguir créditos FAD a favor del Grupo Ros Roca sería Francisco
Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), entonces secretario
general de Comercio Exterior, entre 2000 y 2003, y hoy senador.
Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001
entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana.
Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un
montante de 27 M de USD. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el
Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total".
La policía interpreta que Correa usa sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español
para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros
Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para

que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de
2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.
www.elpais.es 29.12.10
10) PEDRO GARCÍA COBRÓ LA 'COMISIÓN DEL PAPA' A TRAVÉS DE SU PRIMO
La Policía Judicial que investiga el caso Gürtel mantiene que el ex director general de Radio
Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García recibió 500.000 euros de comisión por el contrato
que Canal 9 adjudicó a la trama corrupta por la visita del Papa, a través de dos empresas
ligadas a un primo de su mujer.
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) considera que el ex director general de RTVV percibió este soborno mediante dos pagos realizados por Teconsa y Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa) a las empresas Grupo Alvalon y Vianago, ambas ligadas a Vicente Torro Casanova, primo político de Pedro García.
Los agentes han seguido el rastro de estos abonos y, según un informe del pasado 25 de
noviembre, mantienen que corresponden a trabajos no realizados. El primero de los pagos es
de 243.600 euros procedentes de Proinsa a Grupo Alvalon, cuyo administrador único es
Vicente Torro Casanova, por la intermediación en la compraventa de un solar de las
benedictinas en Zamora.
El segundo pago es directamente de Teconsa a Vianago S. Coop. V. La Policía se puso en
contacto con la administradora de esta firma, que les remitió directamente Vicente Torro
Casanova como responsable real de la empresa que, además, tiene su domicilio social en la
misma finca en la que vive el ex director general de RTVV.
Torro Casanova fue citado por la Policía y, según su declaración, no puede explicar su relación
con Proinsa y el cobro de 243.000 euros, porque la operación la gestionó su padre y ha
fallecido. Además, carece de cualquier soporte documental que justifique la mediación en la
operación urbanística por la que recibió este dinero. Respecto al segundo pago -de Teconsa a
Vianago-, el primo de Pedro García argumenta que es una factura emitida también por su
padre por su intermediación en la venta de algún solar, pero que tampoco lo puede demostrar.
La Udef ha pedido al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que llame a declarar como
imputados a Pedro García y a su primo, y como testigo a la mujer del ex director general de
RTVV. Además, le solicita que extienda mandamiento judicial para requerir a las dos empresas
vinculadas a Vicente Torro los movimientos bancarios posteriores en las cuentas donde
Teconsa y Proinsa le abonaron los dos pagos. En ambos casos, el dinero prácticamente ha
desaparecido, ya sea mediante cheques, reintegros y transferencias, que la Policía indaga
ahora y que, según sus conclusiones, habría recibido Pedro García.
(www.elmundo.es, 15/12/10)
11) MARTÍNEZ DICE QUE SU RELACIÓN CON LA TRAMA GÜRTEL FUE LEGAL
La presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, insistió de nuevo en que su relación con la
trama Gürtel durante su etapa de consejera de Turismo fue "dentro del marco estricto de la
legalidad". La presidenta de la Cámara, a quien la trama corrupta regaló un reloj de lujo
valorado en 2.400 euros en las Navidades de 2005, evitó explicar por qué la trama corrupta
tuvo conocimiento de las bases de adjudicación del pabellón de la Comunidad Valenciana en
Fitur un mes antes de su publicación.
El sumario del caso Gürtel que instruye el juez Antonio Pedreira en Madrid cuenta con un
informe policial sobre la adjudicación del pabellón de Fitur en 2005 -el primer gran contrato de

Orange Market por un valor de un millón de euros- que aporta pruebas del amaño del concurso
con la sucursal de la trama corrupta.
La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes Carmen Ninet instó a la presidenta de la
Cámara a "dar explicaciones inmediatas sobre los chanchullos del contrato de Fitur o a dimitir".
"Hoy todos sabemos que la policía ha encontrado pruebas de que Milagrosa Martínez entregó
un pliego de condiciones del contrato de Fitur a Orange Market un mes antes", dijo Ninet. Por
su parte el portavoz de Compromís, Enric Morera, se quejó de que el Consell continúa sin
facilitar las facturas de las empresas del caso Gürtel, pese a la doctrina del Tribunal
Constitucional que obliga a facilitar la documentación pública a la oposición.
Por otra parte, el sumario que instruye el juez Pedreira incluye también un nuevo informe
policial que revela que la trama corrupta elaboró los pliegos del concurso del Ayuntamiento de
Paterna, que preside el popular Lorenzo Agustí, para adjudicarse el concurso de una oficina de
información y atención al ciudadano. La policía cree probada la relación "directa y duradera"
entre los gerentes de empresas de la trama y el alcalde y su jefe de gabinete.
www.elpais.es 10.12.10
12) 20 MESES DE IRREGULARIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción más extensa que ha conocido la
democracia, vinculada a Gobiernos del PP, con un centenar de imputados, cuatro comunidades afectadas y los alcaldes y concejales de una decena de Ayuntamientos implicados, tiene en Madrid su principal fuente de negocios turbios de la que bebió, como en ningún otro lugar, la red empresarial montada por Francisco Correa.
Cuatro grandes Ayuntamientos (Arganda, Pozuelo, Boadilla del Monte y Majadahonda) y las
entrañas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, llenaron la mayoría de los libros de
contabilidad de la trama con ingresos que, a su vez, nutrían la caja B de los corruptos para
pagar comisiones ilegales a los políticos. Veinte meses de investigación han dejado fuera de
juego a cuatro alcaldes de la confianza de Esperanza Aguirre, Ginés López (Arganda del Rey),
Jesús Sepúlveda (Pozuelo), Arturo González (Boadilla) y Guillermo Ortega (Majadahonda); tres
diputados autonómicos a los que valoraba, entre ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que le organizaba los actos, y varios ex altos cargos más.
La investigación avanzó mucho en estos 20 meses hasta descubrir la ilegalidad en cientos de
contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid sin concurso previo.
De hecho, los últimos informes aclararon cómo había cargos intermedios de distintas
consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre que conocían la ilegalidad que suponían los
contratos con las empresas de Francisco Correa pero que aceptaron pagar siempre que lo
ordenase la Consejería de Presidencia.
El PSOE denunció a decenas de cargos intermedios que habían firmado los expedientes para
contratar a las empresas de la trama corrupta.
La misma investigación ha destapado que los actos de Aguirre se troceaban sin razón alguna
para evitar los concursos. El Gobierno regional del PP llegó a cargar sobre los presupuestos
públicos de la Comunidad de Madrid los actos de autobombo en los que, subidos a una tarima
pintada de rojo, se ensalzaba la gestión que había hecho durante el año. Aguirre, que ha
presumido de "ser austera en todo", fue el cargo público del PP al que más actos organizó la
trama corrupta con un porcentaje de beneficio que siempre rondaba el 50%.
(www.elpais.com, 01/11/10)
13) EL JUEZ ABRE UNA TERCERA CAUSA DE GÜRTEL EN CASTILLA Y LEÓN
Pedreira atribuye cohecho y prevaricación al presidente de las Cortes, José Manuel Fernández
Santiago,
La trama Gürtel se ha extendido definitivamente a una tercera comunidad. Tras salir decenas
de imputados en Madrid y Valencia, el juez que investiga esta red corrupta, Antonio Pedreira,
ha dictado un auto en el que se inhibe de una parte de la trama a favor del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León por entender que hay indicios de que el presidente de las Cortes
castellano-leonesas, José Manuel Fernández Santiago, ha podido cometer delitos de
"prevaricación y cohecho" en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba.
Pedreira considera en el auto que Fernández Santiago recibió en 2003, cuando era consejero
de Fomento, un total de 39.000 euros de comisión por haber adjudicado "irregularmente" a la
firma leonesa Teconsa, vinculada a la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, la
construcción de la citada variante. Según el auto, esta adjudicación se hizo saltándose el
procedimiento y quebrantando los principios de "publicidad, concurrencia y transparencia".
Teconsa, según el juez, pagó una comisión del 3% del montante de la obra en comisiones
ilegales, en concreto, 96.100 euros. Esta comisión se encargó de repartirla Correa y parte del
dinero, 39.000 euros, acabaron en las manos de Fernández Santiago, identificado con el
sobrenombre de "TOTI" en la caja B de las empresas de Correa; del ex eurodiputado del PP
Gerardo Galeote, quien recibió 26.400 euros; del ex diputado popular por Segovia Jesús
Merino, que obtuvo 18.600 euros, y del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, que
supuestamente se llevó la misma cantidad. Correa, por su lado, se llevó un pellizco de 17.500
euros, según resolución de Pedreira.
El juez ha llegado a esta conclusión tras analizar la contabilidad B de Correa en la que figuran
las iniciales, y en algunos casos hasta los apellidos, de los destinatarios de esa comisión.
El juez remitirá todas las diligencias que ha instruido sobre Olleros de Alba al alto tribunal
castellanoleonés, dada la condición de aforado de Fernández Santiago. A Bárcenas, Galeote y
Merino, que se hallan imputados por otros motivos en las diligencias de Pedreira, se les abre
ahora, pues, un nuevo frente judicial en el Tribunal Superior de Castilla y León. Aunque la
policía, admitiendo que solo eran sospechas y que las pruebas eran endebles, ha apuntado en
algunos informes la supuesta implicación en la trama Gürtel de Silvia Clemente, actual
consejera de Agricultura del Gobierno de Castilla y León, el juez Pedreira considera que no hay
ninguna prueba que permita deducir su participación en los hechos.
De las tres adjudicaciones sospechosas descubiertas en esta comunidad, Pedreira entiende
que solo hay indicios de criminalidad en la referida a la citada variante de Olleros de Alba.
La fiscalía Anticorrupción pidió al juez Pedreira que desglosara las diligencias que afectan a
TOTI y se inhibiera a favor del Tribunal Superior de Castilla y León que afecta a Fernández
Santiago, para que el presidente de las Cortes, que es aforado, sea investigado allí. Teconsa,
una constructora leonesa que mantenía fuertes vínculos con Correa, cabecilla de la trama,
aparece como beneficiaria de numerosas operaciones irregulares en Gobiernos del PP de
varias comunidades, entre ellas Valencia y Castilla y León. En valencia fue adjudicataria de las
instalaciones acústicas y de vídeo de la visita del Papa a Valencia.
El contrato fue para Teconsa por siete millones de euros, si bien esta empresa, sin ninguna
experiencia en este cometido, subcontrató todos los trabajos por menos de la mitad de ese
dinero con otras firmas especializadas. Los cuatro millones restantes los repartió con la trama
corrupta, según la documentación requisada en las sedes de las empresas de la red Gürtel.
Otros informes que consta en el sumario revelan que Teconsa recibió entre los años 2000 y
2009 hasta 23 adjudicaciones del Gobierno de Castilla y León. Un análisis de la Agencia
Tributaria sobre las actividades económicas de Teconsa acredita que esta empresa realizó
movimientos de dinero en efectivo con billetes de 500 euros por un total de 5,5 millones en
2004; 242.000 euros en 2005; 893.000 en 2006 y 202.000 en 2007.
www.elpais.es 29.11.10
14) FEIJÓO CONTRATA A UNA FIRMA QUE SE COORDINABA CON LA 'GÜRTEL'
El Partido Popular de Galicia ha contratado para asesoramiento a Swat SL, firma que
colaboraba con la trama Gürtel para acceder a contratos públicos. Los socialistas gallegos
anunciaron que enviarán un escrito al juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira,
porque a su juicio la relación demuestra que el PP gallego y su presidente, Alberto Núñez
Feijóo, "siguen ligados" a la trama.
Un portavoz del PP gallego precisó que la empresa asesora al partido desde hace tiempo y lo
sigue haciendo, aunque negó que el contrato sea para preparar las municipales. "La relación es pública y notoria", añadió. En 2001, Swat SL dirigió la campaña autonómica del PP. Y en 2009, en las elecciones que ganó Feijóo, la firma fue proveedora destacada.
El PP emitió una nota en la que acusa a los socialistas de difundir "falsedades". "Dicha
empresa [Swat SL] aparece en el sumario como proveedor de otras compañías en operaciones no cuestionadas, de la misma forma que aparecen otras sociedades, clubes de fútbol, empresas y medios de comunicación". En la nota, el PP cita otras empresas que también fueron proveedores de la trama y que luego trabajaron con el PSOE.
Sin embargo, la relación de Swat SL con la trama no se limita a su papel de proveedor, sino
que el juez dispone de documentación que muestra que la firma se coordinaba con la trama
para acceder a contratos públicos. Ninguno de los responsables actuales de Swat SL está
imputado, aunque sí lo está uno de sus ex directivos, Rafael de León.
Fuentes jurídicas explican que José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda y
denunciante del caso Gürtel, ha aportado al juez Pedreira varios correos electrónicos del año
2001 en los que Óscar Bermejo, entonces directivo de Swat SL, explica a la jefa de Gabinete
del alcalde, el hoy imputado Guillermo Ortega, cómo trocear entre varias concejalías un
contrato para evitar el concurso.
La convocatoria pública sólo es imperativa si el precio supera los 12.000 euros. Esta
adjudicación para una campaña de publicidad sobre la implantación del euro tuvo un coste de
132.000 euros.
La receptora de esta serie de mensajes que están en poder del juez fue la jefa de Gabinete de
Ortega, Carmen Rodríguez, esposa de Correa. En otros emails, el directivo de Swat SL
detallaba un listado de empresas que debían recibir las distintas adjudicaciones del contrato
troceado. Entre estas empresas beneficiarias estaba Swat Data que comparte administradores con Swat SL, TCM y Sunset Blvd, ambas vinculadas a la trama.
Óscar Bermejo, el firmante de los correos, abandonó Swat SL en 2007. En conversación con
Público, Bermejo negó haberlos mandado: "Si alguien utilizó la clave, pues no lo sé, pero yo
esto no lo llevé. Deberían preguntar a los administradores de la empresa". Swat SL nunca ha
contestado a las preguntas de este periódico, que las ha planteado por escrito.
En cambio, Bermejo sí reconoció haber participado, como directivo de Swat SL, en las
campañas del PP para las generales de 2000 y para las autonómicas de Galicia de 2001. En
estos años, la trama Gürtel dirigía las campañas del PP.
Otra operación polémica en la que coinciden Swat SL y la Gürtel fue la adjudicación de la
publicidad fantasma en Madrid, a las puertas de las elecciones de 2007.
Swat SL obtuvo un contrato de 1,3 millones de euros del Instituto Madrileño de Desarrollo
(Imade), que le encargó que eligiera entre varias empresas para lanzar campañas de
publicidad. Dos de ellas nunca se llevaron a cabo, pese a que el organismo pagó 3,25 millones.
(www.publico.es, 08/10/10)
15) MATAS, MANUAL DEL PERFECTO CORRUPTO
El juez acredita que la trama del ex president balear utilizó 17 operaciones irregulares
para desviar 41 millones de euros El auto del juez José Castro hecho público el martes revela un abultado número de prácticas que Jaume Matas y sus colaboradores llevaron supuestamente a cabo para enriquecerse ilícitamente con la construcción del velódromo Palma Arena.
La Fiscalía Anticorrupción denuncia que lograron desviar ilegalmente 41 millones de euros. Durante la investigación del caso afloró también una presunta financiación irregular del PP. Estas prácticas han llevado al ex ministro de Aznar a estar imputado por todos los delitos de corrupción política que recoge el Código Penal.
1. El consorcio - Un control a la medida
El presidente Matas y su principal colaborador en la trama, José Luis Ballester, Pepote,
diseñaron una estrategia para escapar a cualquier organismo de control. Así, crearon uno a su
medida, el Consorcio para la Construcción del Velódromo Palma Arena. Lo integraron la
Fundación Illesport, el Govern, el Consell Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Sus
representantes nunca se reunieron, a pesar de las 22 actas encontradas. Matas tomaba las
decisiones que debía aprobar el Consorcio y Ballester falsificaba las actas de las reuniones.
2. El arquitecto - Elegido ‘a dedo'
En una de esas primeras reuniones fantasma, Ballester propuso contratar al arquitecto Ralph
Schürmann alegando que tenía el respaldo de la Unión Ciclista Internacional y que eso
facilitaría la concesión a Palma de la organización del Mundial de Ciclismo en pista que se
debía celebrar en 2007, tres años después. "La adjudicación a dedo es un acto de meridiana
ilegalidad, ya que las razones de urgencia posibilitan legalmente una reducción de los plazos
de los distintos trámites, pero no el saltárselos deportivamente", afirma el magistrado en su
auto.
3. Cambio irregular - Los amigos de Matas
Fue la Comisión Ejecutiva de Illesport, sin estar facultada para ello, la que prescindió de los
servicios de Schürmann alegando que había presentado sólo un 8% de la documentación del
proyecto. Illesport puso al frente de la obra a otros dos profesionales que ya habían impuesto
desde el principio como colaboradores, los hermanos García-Ruiz, a los que Schürmann
describía como amigos de Matas. Cobraron 8,5 millones.
4. La constructora - Obras sin licitación
La trama pretendía enriquecerse encareciendo el precio de la obra a través de expedientes de
modificado. Para ello, necesitaba de "un pacto ilícito" con la constructora. A pesar de que era
imposible cumplir el plazo de finalización de la obra, la UTE que formaban FCC y Melchor
Mascaró concurrió. El juez acusa a Matas de haber pactado todo con el "máximo responsable"
de FCC, al que no cita. En aquel momento, el presidente de FCC era el ex portavoz del PP en
el Parlamento Europeo Marcelino Oreja. Antes de que se firmase el contrato de adjudicación, el delegado de FCC en Baleares plantea a José Luis Ballester que el precio ofertado debe ser
incrementado en un 20% más un 10% de liquidación final. El motivo, un error de valoración. No
hubo problema. Matas aceptó.

5. La cimentación - Un incremento sin justificar de 11 millones
La cimentación y estructura del velódromo se licita por 8,5 millones y termina costando 19,5. Es
otro ejemplo de colaboración entre Matas y la UTE de FCC y Masqueró, a pesar de que
Fomento de Construcciones y Contratas de Baleares no quería entrar en el proyecto. Recibió
órdenes de la central en Madrid.
6. El videomarcador - Una empresa y su filial participan en el concurso
El precio del videomarcador iba a ser de 1.992.000 euros. Al concurso concurrieron dos
empresas: Smartvision y Odeco Electrónica. "Lo curioso del caso es que entre las empresas
licitadoras concurren dos con apariencia de ser distintas, pero resulta que sus ofertas, puestas
al trasluz, coinciden milimétrica y milagrosamente en los conceptos", denuncia el juez.
Finalmente, la adjudicación fue para Smartvision, en realidad filial de Odeco. Además, el
director de esta es cuñado de Miguel Romero de la Cerda, administrador de Nimbus
Publicidad, empresa que también gestionaba la publicidad del PP.
7. La cubierta - 10 millones de desfase
Pese a una licitación por cinco millones de euros, la cubierta terminó con un coste real de 14,5.
La decisión de fijar un precio inferior a seis millones de euros tiene la única intención de evitar
su publicación en el Boletín de la Unión Europea, acortándose así los plazos. El juez asegura
que "el surrealismo llega a su punto álgido" al comprobar que, a pesar de salir a concurso la
construcción de la cubierta de madera, al final se adjudica una estructura de cubierta de hierro
con el objetivo de ahorrar... con el resultado de que el coste final casi triplica el presupuesto
previsto .
8. La carpintería - Pago de 900.000 euros
La UTE gira contra el Consorcio una factura por más de 900.000 euros en concepto de "ayudas a la carpintería". La empresa Sander Douma debía haber abonado esa cantidad, pero se la pidió a las constructoras. Nadie controló el números de operarios que trabajaban en estas
labores o su cualificación técnica. Eran los hermanos García-Ruiz los que deberían haber
abonado esa cantidad y no el Consorcio.
9. La lona del techo - Un 400% más
La UTE abonó a la mercantil Tecnoeventos por la lona que cubría parte del techo una cantidad
cercana a los 700.000 euros, que inclucía el beneficio industrial y el IVA. Pero al facturar dicho
servicio al Consorcio, el precio pasó a ser de 1,8 millones de euros. Según recoge en su auto el juez José Castro, "se hinchó desproporcionadamente el precio del trabajo", tanto que superó en un 400% la cantidad abonada por las constructoras a su proveedor.
10. La publicidad - Falsificación de firmas
El Consorcio fantasma acordó destinar 87.000 euros a una campaña publicitaria. La cifra fue
aportada por Ballester, que realizó el cálculo en dos días, "siendo todavía más encomiable la
diligencia si se tiene en cuenta que los días intermedios eran sábado y domingo", ironiza el
juez. Sólo concurrió Nimbus Publicidad. El magistrado dice que hay "serios indicios" de que la
trama llegó a falsificar la firma de la vicepresidenta del Govern, Rosa Maria Estaràs, en una de
las actas de las falsas reuniones. El importe de la realización de la maqueta del velódromo
triplica el precio real. Nimbus la encargó a una empresa por 27.000 euros y recibió 90.000 de
los hermanos García-Ruiz. El juez es claro en su auto: "Hay facturas por conceptos
inexistentes que no corresponden a la prestación de servicio alguno".
11. Donación pública - Un sí en 48 horas

La agencia Nimbus solicitó una donación de 350.000 euros al Institut Balear de Tusime (Ibatur)
para la campaña de promoción. "Que la eficacia de nuestra Administración Pública llegue al
extremo de que un escrito presentado un viernes reciba una respuesta afirmativa el lunes
siguiente merece sin duda un aplauso, más caluroso aún cuando el importe concedido es de
350.000 euros, que se corresponde justo con la cantidad solicitada", se sorprende el juez
Castro.
12. La campaña del PP - El cuñado paga en negro
La investigación del caso Palma Arena ha abierto otras vías que señalan a la financiación
irregular del PP. En el registro de Nimbus Publicidad se intervinieron documentos sobre la
campaña de las autonómicas de 2007. Su administrador, Miguel Romero de la Cerda, admitió
que había cobrado sin factura y en efectivo 71.958 euros del PP. El pago lo realizó Fernando
Areal, cuñado de Matas y entonces gerente del PP. Se trataba de no superar los límites que la
ley impone a los partidos para las subvenciones de sus gastos electorales.
13. El mitin de Rajoy - Con dinero público
El 18 de mayo de 2007, el líder del PP, Mariano Rajoy, dio un mitin en el Palma Arena, dentro
de la campaña de las elecciones autonómicas a las que concurría su entonces amigo Jaume
Matas. Se han encontrado dos facturas, una de 2.726 euros por la limpieza del velódromo, y
otra por 1.769 por los servicios de seguridad, que fueron pagadas por Illesport con cargo a los
fondos públicos, según refleja el auto judicial.
14. El sobresueldo - Por un informe falso
El gerente del Consorcio y mano derecha de Ballester, Jorge Moisés Marín, consideraba que
no estaba bien retribuido. Ballester movió los hilos para que se le encargase un estudio sobre
accesibilidad para personas con discapacidad física y cobrase por ello 12.000 euros. No tenía
los conocimientos necesarios y era incompatible la realización del informe con su cargo de
gerente.
15. Ingreso a matas - La tele de Baleares
El Govern de Jaume Matas quería crear una radio y una televisión autonómicas. Con esta
excusa encargó una consultoría convocando a tres empresas, una sin experiencia alguna y dos
que compartían logotipo y mantenían relaciones de colaboración. Sólo aceptó una de ellas. Su
administrador ya había cobrado 12.000 euros por un estudio adjudicado a dedo por el Govern.
Esa empresa, Estudios Jurídicos y Procesales, ingresó a Matas 31.200 euros en una cuenta a
su nombre, cuando dejó de ser president.
16. Favor de amigo - "Lo que pida Alemany"
La agencia Nimbus giraba a la Conselleria de Relacions Institucionals facturas mensuales por
un valor de 4.591 euros "sin la contraprestación de servicio alguno". Era un favor personal que
Miguel Romero, el administrador de la agencia, hacia el Govern para poder pagar a Antonio de
Padua Alemany, amigo de Matas y redactor de sus discursos. El entonces director general de
Comunicació, Joan Martorell, afirmó en su declaración judicial: "El president dijo que a lo que
pidiera Alemany no se le pusieran pegas". La página web Libertad Balear, propiedad de
Alemany, fue subvencionada con fondos públicos.
17. Sin concurso - Cambio de favores
José Luis Ballester ofreció la adjudicación de unas obras de derribo a Jaime Navarro, donde
hoy está el Palma Arena. Navarro estaba construyendo en ese momento un chalet a Ballester.
Le propone realizar primero el trabajo y luego presentar tres presupuestos, dos de ellos
ficticios. El definitivo debía ir fraccionado en tres partes de menos de 30.000 euros.

www.publico.es 01.04.10
16) EL PLURIEMPLEO DE RATO
El presidente de Caja Madrid ha multiplicado su presencia en los actos del Partido
Popular
El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato.Marta Jara
En todas las salsas. El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, no se pierde últimamente
ningún acto político del PP. La semana pasada, fue a apoyar a Alicia Sánchez-Camacho a las
elecciones catalanas. El sábado, estuvo en Asturias. Iba a recoger un galardón y aprovechó
para hablar con los principales cargos de la dirección regional de su partido, Ovidio Sánchez y
Gabino de Lorenzo, estaba en la presentación del proyecto económico de María Dolores de
Cospedal para Castilla-La Mancha.
Los conservadores dicen que a veces acude en calidad de experto económico y otras,
como invitado. Pero, a tenor de su posición, su presencia no deja a nadie indiferente. ,
incluso, se rumoreó que iba a ser el responsable del programa electoral económico del PP para 2012. Hay quien se apresuró a desmentirlo. Pero lo cierto es que se luce tanto que algunos dirigentes se congratulan por la campaña que está haciendo a favor de su formación
desde el sillón de la segunda mayor caja de ahorros española.
www.publico.es 01.12.10
17) UN EMPRESARIO DESTAPA UNA TRAMA CORRUPTA EN LA ALCALDÍA DE CIUDAD
REAL
Un empresario, Jesús Manuel Rosado, dueño de Global Sport, denunció el pasado 8 de
noviembre en un juzgado a la cúpula del Ayuntamiento de Ciudad Real, que gobierna el PP,
por el cobro de cohechos, amaño de contratos, emisión de facturas falsas y financiación ilegal
de actos del partido. Su acusación incluye a la alcaldesa, Rosa Romero -asegura haberle
hecho obras en su casa cuya factura se le sugirió presentar al Ayuntamiento y nunca cobró-, a
los concejales de Hacienda y Deportes, Miguel Ángel Rodríguez y César Manrique,
respectivamente, y a varios altos cargos municipales, incluidos el jefe de compras, el tesorero y
el interventor. Este empresario asegura haber aportado 3.000 euros para financiar la campaña
electoral de 2007 del PP que luego cobró con falsas facturas al Ayuntamiento. La regidora
niega todas las acusaciones y asegura que la justicia demostrará su falsedad.
Según el denunciante, por orden de Juan Carlos Mascuñana, jefe de compras del
Ayuntamiento de Ciudad Real, este empresario pagó diversos viajes aparentemente privados
de personal del equipo de gobierno y de empleados municipales cuyo importe luego
recuperaba con facturas falsas al Ayuntamiento. También plantea que por mandato de cargos
del Ayuntamiento de Ciudad Real hubo de pagar a empresas con las que no tenía ninguna
relación comercial real.
Por ejemplo, declara que abonó publicidad municipal a la firma Multicanal relativa a la Semana
Santa por un importe de 25.000 euros. Rosado aporta un amplio listado de empresas y facturas que supuestamente evidencian que se convirtió en el tesorero bis del Ayuntamiento y sufragó con su dinero eventos municipales que luego le fueron retribuidos con falsas facturas del Ayuntamiento por servicios nunca prestados.
Igualmente, según su relato, fue instado a subvencionar un club deportivo tras pactar que le
sería retribuido con facturas municipales. Esta trama municipal, acusa en su escrito Rosado, no
solo le exigía pagar compromisos municipales, sino que le ordenaba a qué empresas debía
subcontratar sus obras adjudicadas. El fin era claro: "Las empresas [subcontratadas] emiten
siempre facturas por sus trabajos superiores a los precios de mercado e incluso a lo que tienen presupuestado". A veces el objetivo era aún más descarado: Rosado hubo de comprar

maquinaria por 7.500 euros a la empresa de la esposa del concejal de Deportes que luego
revendió al Ayuntamiento. Así se evitaba el escándalo de que el edil adjudicara dicha compra a
su cónyuge. En este pantano de corruptelas incluso un concierto de Alejandro Sanz en Ciudad
Real alimenta un nuevo festín: Rosado compra 150 entradas para "ayudar a que las fiestas
locales parezcan un éxito" que luego factura al Ayuntamiento por falsos servicios.
Este empresario revela cómo el sistema de adjudicación estaba podrido: se adjudicaban
servicios sin mediar contrato alguno o se simulaba un concurso restringido con empresas que
solo existían en el papel. Rosado no habla de oídas: denuncia los amaños de los que fue
beneficiario. Lo insólito de su denuncia, frente a la práctica habitual, es que no denigra
adjudicaciones ajenas, revela lo ilegal de los múltiples contratos que le fueron otorgados a él
por una trama a la que retribuía con cuanto favor le era solicitado.
Los cargos del área de Deportes también le encargaron, antes de las elecciones locales de
2007, obras "de interés electoral para la corporación municipal" como pistas polideportivas "sin concertar forma de pago". El escenario de las obras fueron "zonas de Ciudad Real que según sus sondeos no les eran favorables al PP". Y detalla la ilegal vía usada: "Hacíamos la obra, y posteriormente enviábamos el presupuesto/oferta y Mascuñana [jefe de compras] nos indicaba la fecha que tenía que ponerse en la factura y posteriormente nos remitían la notificación de la adjudicación". El edil Manrique le sugería que las cuantías de las facturas fueran pequeñas para burlar los controles.
A fin de cobrar su asfixiante deuda con el Ayuntamiento -más de 400.00 euros, de cuyo pago
en buena parte solo tenía un compromiso verbal-, Rosado asegura que se plegó a un rosario
de corruptelas: firmó facturas de restaurantes donde nunca comió; aseguró haber recibido
dinero municipal en metálico que nunca vio; dijo haber cobrado facturas sin captar importe
alguno ni saber su destino; realizó pagos en especie a funcionarios, amén de realizar obras en
viviendas de altos cargos locales que nunca cobró.
"Y todo ello, en aras a mantener una relación que posibilitara el cobro de la totalidad de lo
adeudado, para poder seguir manteniendo viva a mi empresa y su actividad municipal", detalla
en su denuncia judicial.
Lo grave de la denuncia de este empresario, según fuentes de su entorno, es que una mera
investigación de los contratos de este Ayuntamiento demostraría que su caso no fue individual
sino que hubo una sistematicidad en el impuesto revolucionario aplicado a los contratistas.
Parte de los fondos estatales del plan E de Zapatero, añaden estas fuentes, fueron consumidos
en múltiples facturas inferiores a 3.000 euros para evitar toda concurrencia y, en muchos
casos, no sirvieron para obras de interés público, sino para sufragar esta red de favores
ilegales a los ediles y cargos municipales.
(www.elpais.com, 26/11/10)
18) GALLARDÓN, UNA MÁQUINA DE GENERAR DEUDA
El soterramiento de la M-30, la reconstrucción de Cibeles y los gastos en personal
hunden las cuentas del ayuntamiento de Madrid. El endeudamiento se ha disparado un
391% desde que llegó a la Alcaldía
El sueño de cambio radical de la ciudad con el que se despertó Alberto Ruiz-Gallardón el día
que asumió las riendas del Ayuntamiento de Madrid en 2003 le tiene ahora sumido en una
pesadilla. Con una deuda de 7.145 millones de euros, el de Madrid es el consistorio más
endeudado del país. La cifra acapara por sí sola el 25% de la deuda de los 8.114
consistorios españoles y es casi calcada a la suma del agujero financiero del resto de
capitales de provincia del país.
El dinero que Gallardón debe a los bancos ha ido creciendo progresivamente desde que tomó
el testigo de su compañero José María Álvarez del Manzano, que dejó una deuda de 1.455
millones. En el equipo del alcalde admiten las cifras. "La realidad es la que es". Y comentan
con ironía "el caché" que da ser el ayuntamiento con mayor endeudamiento de España. Pero
prefieren huir de calificativos. "¿Por qué tenemos que escuchar todos los días que nuestra
deuda es gigantesca?, se preguntan. "Tenemos deuda, sí. Pero estamos tomando las medidas
necesarias para dar un vuelco a los números", precisan.
Pese a este rechazo a poner adjetivos a la deuda, los datos son contundentes. Desde su
llegada al consistorio, el endeudamiento se ha disparado un 391%. Y si en 2004 la deuda per
cápita de los madrileños era de 685 euros, hoy supera los 2.000. Para el equipo del alcalde,
este es el "peaje" que han tenido que pagar para dar un giro a la ciudad en un momento en el
que "nadie podía prever la brutal crisis económica que vendría después".
Sin embargo, en Barcelona ha ocurrido lo contrario, por citar un ejemplo de ciudad similar a
Madrid. En 2004 su deuda era de 1.207 millones de euros y desde esta fecha ha ido
recortándose poco a poco y ha logrado incluso capear la crisis, instalándose en 794 millones.
Imposible comparar
Este tipo de comparaciones no sirven para el equipo de Juan Bravo, responsable de Hacienda
del consistorio. En su departamento esgrimen que Madrid, por su población y por la
cantidad de dinero que gestiona, no puede compararse a otros ayuntamientos. "No se
pueden hacer ese tipo de extrapolaciones porque sólo tres comunidades autónomas
[Andalucía, Catalunya y País Valencià] tienen más población que el municipio de Madrid
[3.200.000 habitantes]. Tenemos la deuda que tenemos en función de nuestro volumen",
argumentan en el equipo económico.
La oposición, sin embargo, contempla las cuentas municipales y lo primero que se les viene a
la cabeza es citar la fábula de la cigarra y la hormiga. David Lucas, portavoz de los socialistas
en el consistorio, considera que Gallardón se ha dedicado en los últimos años a
"derrochar" el dinero sin tener en cuenta que podían venir horas más bajas. "¿Y quién
pierde?", se pregunta. "El ciudadano, con peores servicios y más impuestos", responde
Lucas. Para el dirigente socialista, el regidor es un ejemplo de "mala gestión de lo público".
Para los socialistas, el regidor es un ejemplo de "mala gestión de lo público"
El último intento del Ayuntamiento de Madrid de dar una vuelta a los números ha sido solicitar
al Gobierno la refinanciación de su deuda, argumentando una discriminación respecto a las
comunidades autónomas y al propio Estado, a quienes sí se les permite recurrir a este
instrumento. Gallardón recibió un sonoro no en la Moncloa. Entendió el Gobierno que acceder
a la petición del alcalde supondría, además de lanzar un mensaje contradictorio a los
mercados, hacer discriminaciones de trato respecto al resto de ayuntamientos españoles que sí han hecho sus deberes.
Si a los 7.145 millones de deuda actual se restan los 1.440 millones que heredó de Álvarez del
Manzano, el actual regidor es responsable de 5.705 millones de euros. O sea, una media anual
de 815 millones. ¿Qué consecuencias tiene esa política para los madrileños?¿Cuáles han
sido los proyectos que más han contribuido a que el ayuntamiento viva la mayor crisis de su
historia? Los principales se resumen a continuación.
Soterramiento de la M-30: 3.000 millones
La construcción de los túneles de la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital, no
sólo ha supuesto para los madrileños el caos circulatorio y de obras que implica una
construcción de estas características. Ha generado, además, el peor lastre para las cuentas
del consistorio. De hecho, de los 7.145 millones de deuda, 2.325 corresponden a este
proyecto del año 2004 que fue inaugurado por tramos, el último de ellos el 8 de mayo de 2007.
Faltaban poco más de dos semanas para las últimas elecciones locales.

Según datos del ayuntamiento, la inversión de Madrid Calle 30, la sociedad creada para
construir túneles en algunos tramos de esta carretera, ha supuesto una inversión total de más
de 3.200 millones de euros. A ello habría que sumar las inversiones de las infraestructuras
ligadas a este proyecto y resultarían los 4.300 millones que calculan los socialistas.
En el equipo municipal consideran que esta obra ha sido "fundamental". Argumentan que el
coste total de la obra se desvió un 20% respecto a lo inicialmente presupuestado, una
cifra "que está dentro de los límites" que permite la Ley de Contratos. Y que esta variación se
debe a la "complejidad" del proyecto. ¿Qué han ganado los madrileños? "Los atascos se han
reducido, no ha habido ni un solo accidente mortal en los túneles y se ha reducido la
siniestralidad", resumen en la sede del Gobierno municipal.
Los socialistas no tienen tan claro que el soterramiento haya supuesto la transformación que
pretendía el alcalde. "Se han perdido muchas oportunidades, se han dejado de cubrir múltiples
necesidades de los distritos, por ejemplo los del sur y del este. Por no hablar de lo innecesario
de algunas de las obras ligadas a la del soterramiento de la M-30", se lamenta Lucas, mientras
insiste en suspender a Gallardón en lo que a gestión de los servicios públicos se refiere.
Una vez culminado el soterramiento, "el mayor esfuerzo inversor" del ayuntamiento, Gallardón
se vio obligado en septiembre de 2008 a renunciar a cumplir el resto de compromisos de su
programa electoral que implicaban inversiones. Se cumplían 16 meses de su segunda
legislatura.
El "obrón" de Cibeles: 500 millones
No fue ningún dirigente socialista el que calificó de "obrón" la transformación que está
experimentando el Palacio de Cibeles, sede de la alcaldía. La inventora del término ha sido
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales rivales con
las que Gallardón cuenta dentro del PP. El "obrón" del que habla Aguirre se encuentra ubicado
en una de las plazas más céntricas de la capital, está a punto de concluirse y responde al
deseo del regidor municipal de trasladar su despacho desde la plaza de la Villa hasta Cibeles.
La remodelación costará a los madrileños más de 500 millones de euros. Cuatrocientos
del coste del edificio, que se sufragaron con cesiones de inmuebles del ayuntamiento al
Estado, y otros 125 de las obras de remodelación.
La oposición ha demandando insistentemente a Gallardón que paralice este proyecto,
que ha sobrevivido sin problema a otros recortes puestos en marcha por el consistorio. Pero no va a ser así. Pese a que en el entorno del alcalde reconocen que si tuviesen que tomar hoy una decisión como esta, muy probablemente no se habría llevado a cabo, lo ciertos es que no están dispuestos a dar marcha atrás.
Y es que, además, en el equipo de Juan Bravo no comparten que las obras en Cibeles vayan a
suponer 500 millones de euros para el bolsillo de los madrileños. Hacen otro cálculo: la
remodelación ha supuesto a las arcas municipales 125 millones, de los que 100 están
destinados a convertir parte del edificio en un enorme espacio cultural. Y no contabilizan los
400 millones del inmueble. "Es el valor por el que se permutó el edificio. El ayuntamiento ganó
metros cuadrados. Y, además, el patrimonio municipal es igual antes y después de esta
operación".
Alquiler de inmuebles: 52 millones
La resaca de la negativa del Gobierno a que el ayuntamiento refinancie su deuda se tradujo en
un cruce de acusaciones en el que la presidenta madrileña no se mantuvo al margen. A la
misma hora que Gallardón se lamentaba del "trato discriminatorio" recibido por Zapatero,
Aguirre le hacía una recomendación al alcalde para que sus cuentas cuadrasen: que
pusiera a la venta parte de su patrimonio inmobiliario, más de 800 edificios, muchos de
ellos vacíos o infrautilizados, como han denunciado los socialistas.

La idea cayó como un jarro de agua fría en el consistorio y Bravo salió inmediatamente a
descalificar la receta de la presidenta: "No es el momento para vender patrimonio público, no
hay mercado a precios razonables y no tendríamos ningún beneficio para atajar el principal
problema", respondió.
Pero este panorama es aún más complejo si se tiene en cuenta que el ayuntamiento destinó el
pasado año 52 millones de euros al pago de alquileres. "Esto demuestra una pésima
utilización del espacio público. Por un lado, tienes inmuebles prácticamente vacíos, como la
Plaza de la Villa y la casas de la Panadería y de la Carnicería en la Plaza Mayor. Por no hablar
de Cibeles. Y por otro, el gasto en alquileres supera los 50 millones", se lamenta David Lucas.
El nuevo plan de ajuste del municipio ha impulsado la revisión de parte de los contratos de
arrendamiento. Para 2011, el departamento de Hacienda prevé un recorte de 5,3 millones por
este concepto.
Gastos de personal: 1.473 millones
Desde 2004 hasta 2010, en plena crisis económica, el consistorio ha incrementado en un
47% los gastos de personal. Así, si los presupuestos de 2004 previeron 1.001 millones por
este concepto, en 2010 la cifra ha sido de 1.473.
El mayor incremento de personal en el ayuntamiento en los últimos años se ha producido en
los niveles 28, 29 y 30 de la administración, los que preceden a lo que se considera alto
cargo. Mientras que en 2004 el consistorio, las empresas municipales y los organismos
autónomos contaban con 876 trabajadores de estos niveles, la cifra en 2009 se ha duplicado
hasta los 1.636 empleados.
Los socialistas ven "un escándalo" las cifras de cargos de confianza y de libre
designación, sobre todo si se tiene en cuenta la deuda municipal, y han solicitado
reiteradamente su reducción. Algo a lo que el equipo del alcalde responde con matizaciones. No rebaten las cifras. Pero las atribuyen a la "dinámica de la evolución de la administración en
siete años" y al desarrollo de organismos ligados a la Ley de Grandes Ciudades aprobada por
el Gobierno central.
Mientras, entre 2004 y 2010, los altos cargos han crecido un 32%. Y el total del personal
funcionario, el 18,4%.
Inauguraciones: 500.000 euros
La oposición también ha puesto en el punto de mira algunos de los gastos más recientes del
consistorio, como el coste que suponen algunas de las inauguraciones de los últimos proyectos
del ayuntamiento. Es, por ejemplo, el caso del medio millón de euros que Gallardón decidió
destinar a promocionar la zona comercial de la calle Serrano tras concluir su remodelación.
La mayor parte de estos 500.000 euros ha sido destinada a guías comerciales, folletos
turísticos y banderolas. Todo ello, según el equipo del alcalde madrileño, para "dinamizar" una
de las zonas que aglutina los comercios más exclusivos de la capital.
El alcalde que no practica lo que predica Rajoy
Mientras Mariano Rajoy no se cansa de cargar contra la subida de impuestos, el Ayuntamiento
de Madrid, en manos de uno de los integrantes del Comité de Dirección del PP, camina en el
sentido opuesto. Las cifras dan cuenta de ello. En los últimos siete años, el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) ha subido un 200% de media, según cálculos del PSOE. Y los madrileños
tienen que hacer frente, además, a una nueva tasa de basura. El propio Gallardón ha insistido
en numerosas ocasiones en que el IBI no se ha incrementado por decisión del ayuntamiento,
sino “como consecuencia de una actualización de los valores catastrales que es
responsabilidad del Ministerio de Hacienda”. No obstante, el equipo del alcalde si asume "al

cien por cien" la implantación de la tasa de basuras, pero sostiene que, comparado con otros
consistorios, Madrid tiene una presión fiscal "baja".
El incremento del 50% de los trabajadores de los niveles 28, 29 y 30 en estos siete años
tampoco encaja con lo que predica la dirección nacional del PP. Rajoy ha exigido en múltiples
ocasiones al presidente del Gobierno que reduzca los puestos de confianza y de libre
designación. También hace aguas la defensa que el PP nacional hace de las pymes y los
autónomos. El ayuntamiento ha sustituido deuda financiera por deuda de proveedores, y
acumula ya un retraso de nueve meses a la hora de pagar a estos. A día de hoy, Gallardón
debe a sus proveedores 900 millones de euros.
http://www.publico.es/espana/351219/gallardon-una-maquina-de-generar-deuda
19) EL PP PAGÓ 70.000 EUROS A TRILLO POR ASESORAR EN LA SOMBRA A
IMPUTADOS
El Partido Popular pagó el 21 de diciembre de 2009 una factura de 69.600 euros (60.000 euros más IVA) al Estudio Jurídico Labor en concepto de "coordinación [de] defensas". Este bufete se dedica al "asesoramiento, elaboración de estudios e informes o dictámenes; y organización de actividades y establecimiento de las relaciones que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades de consultoría jurídica", y sus administradores son dos hijos del responsable de Justicia e Interior del PP y ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa.
Según algunas fuentes conocedoras de este pago, el concepto "coordinación [de] defensas"
que figura en la factura 37/09 corresponde, en realidad, al asesoramiento a los militares
acusados en el caso Yak-42, que se juzgó en la Audiencia en marzo de 2009. El PP lo niega. A
pesar de los intentos de los abogados que representaban a familias de las víctimas, Trillo -
ministro de Defensa cuando se produjo el accidente del Yak-42 en Trabzon (Turquía)- nunca
fue citado a declarar, ni siquiera como testigo; entre otras razones porque el principal acusado,
el general Navarro, ya fallecido, evitó responsabilizarle de la orden de repatriar a toda prisa los
cuerpos de los 62 militares muertos en el accidente de mayo de 2003, lo que llevó a la
identificación errónea de 30 cadáveres. La propia sentencia -que condenó a tres años de cárcel al general Navarro y a 18 meses a sus subordinados, los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez- subrayó que no podía pronunciarse sobre la responsabilidad de Trillo porque no entraba en su competencia juzgar "la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el tribunal".
Aunque no apareció por la sala del juicio, Trillo tuvo una activa participación entre bambalinas,
entrevistándose no solo con el general Navarro sino incluso con algún destacado testigo en
vísperas de que acudiera a declarar.
Un portavoz del PP ha reconocido a EL PAÍS la autenticidad de la factura y el hecho de que su
destinatario último es el despacho del responsable de Justicia e Interior del partido, pero ha
negado que el pago esté vinculado a su intervención en el caso Yak-42. "Trillo ha tenido
contactos y ha ayudado todo lo que ha podido a la gente del Yak-42", explicó dicho portavoz,
en alusión a los tres militares que se sentaron en el banquillo, "pero siempre a título personal y
no cargando al partido ninguna factura por esa labor", aseguró.
¿Qué servicios se recompensaban entonces? Según el mismo portavoz, la factura
correspondería a la coordinación de defensas por otros asuntos en los que está inmerso el PP,
como "el Estatuto de Cataluña o la trama Gürtel". Es poco probable que el pago correspondiera a la sentencia del Estatuto, que no se ha producido hasta el pasado julio y en la que no hay acusados ni, por tanto, defensas a las que coordinar. El estallido del caso Gürtel sí se produjo en 2009, pero en el proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el PP está personado como acusación, lo que resulta incompatible con la "coordinación [de las] defensas".
Portavoces del PP tampoco pudieron precisar qué informe jurídico se había abonado al bufete
de Federico Trillo y se limitaron a señalar que el partido "contrata con quien le parece oportuno
y mejor". No todos en las filas populares son de la misma opinión. Federico Trillo no solo cobra

su sueldo de diputado -incrementado con un plus por ser portavoz en la Comisión de Justicia
del Congreso-, sino que además percibe unos 4.000 euros netos mensuales como coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, lo que hace más incomprensible, según estas fuentes, que facture a través de su despacho, del que son administradores sus hijos, por trabajos de carácter privado.
En cualquier caso, Trillo intervino personalmente en varias maniobras para obstaculizar la
investigación del caso Gürtel. Por ejemplo, intentó sin éxito desacreditar a José Tomás, el
empleado de la tienda donde la trama corrupta compraba trajes para regarlos a dirigentes del
PP valenciano, incluido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El pago del PP a las defensas de los imputados de esta trama de corrupción no es, sin
embargo, novedoso. Hasta abril pasado, el partido abonó la abultada minuta de Miguel Bajo,
letrado del ex tesorero popular Luis Barcenas, a razón de 300 euros por hora de asistencia
legal.
(www.elpais.com, 08/11/10)
20) UN DESPACHO CON INFLUENCIAS
El Estudio Jurídico Labor, SL tiene una solvencia económica envidiable. Con un capital social
de 3.006 euros y solo tres empleados, su patrimonio neto asciende a 1,7 millones de euros,
con un activo de 1,8 millones y un pasivo de solo 133.260 euros, según los datos del Registro
Mercantil de Madrid correspondientes a 2008, últimos disponibles. La facturación en dicho
ejercicio ascendió a 521.000 euros, una suma importante, pero muy inferior a la alcanzada en
2007, cuando sus ingresos sumaron 1,2 millones de euros.
El estudio, que fue fundado en mayo de 2004, tras la derrota electoral del PP, dispone de un
amplio local en el centro de Madrid. Sus dos administradores no figuran en la lista de
colegiados del Colegio de Abogados de la capital.
La sociedad saltó a la luz pública en 2005, después de que la Inspección General de Servicios
de la Administración Pública abriera expediente por presunta violación de la Ley de
Incompatibilidades a raíz de que Interviú publicara que dicho despacho asesoraba a la
empresa Prosegur, a la que Trillo adjudicó contratos por 7,1 millones de euros durante su etapa en Defensa. Prosegur decidió cancelar unilateralmente su acuerdo de asesoramiento con Labor.
La capacidad de influencia de Trillo no viene solo de esa etapa sino sobre todo de su fácil
acceso a jueces y magistrados que le deben el puesto o podrían llegar a debérselo gracias a su papel como principal negociador del PP en la adjudicación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional. Pese a ello, el Congreso de los Diputados autorizó a Trillo a compatibilizar sus responsabilidades públicas con el ejercicio privado de la abogacía.
(www.elpais.com, 08/11/10)
21) RUS REPARTE A DEDO 132.950 EUROS A PARROQUIAS Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS
El presidente provincial concede subvenciones sin convocatoria pública
En algo más de tres meses, del 2 de marzo pasado al 25 de junio, el presidente de la
Diputación provincial de Valencia, Alfonso Rus, del PP, concedió subvenciones por valor de
132.950 euros (más de 22 millones de las antiguas pesetas) a parroquias, iglesias y
asociaciones religiosas.
Las ayudas se destinan sobre todo a entidades afines al PP

Rus tomó este dinero de un capítulo del presupuesto de la Corporación denominado
"actuaciones de presidencia para fines de competencia provincial". Se trata, en la práctica, de
una billetera institucional, una cantidad que el presidente provincial, por el puesto que ocupa,
maneja a su antojo, aprobando ayudas a quien o quienes se lo piden, ya sea una peña
futbolística de Alboraia o el Real Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia.
En enero de este año, Rus disponía en su partida presupuestaria de 3.113.000 euros, más de
510 millones de pesetas. Seis meses después, a 31 de junio, el grosor de la billetera había
aumentado hasta los 4.427.000 euros. De atender lo ocurrido en ejercicios anteriores, esta
cantidad todavía podría crecer: en 2008 se pasó de los 2.046.000 euros iniciales a los
3.777.748 de finales de diciembre; lo mismo en 2009, cuando de los 3.446.000 euros del 1 de
enero se alcanzaron 5.669.000 en nochevieja.
Así, el presidente provincial reparte a su gusto. El domingo pasado, el ex consejero de
Administraciones Públicas y ex jefe de Gabinete de la Diputación Vicent Soler, reflexionaba en
estas páginas acerca de la naturaleza "medieval" de las Corporaciones provinciales, lo que
explica, según su opinión, que ahora funcionen "como una gran red de clientelismo político". Yo
te doy esto, te caigo bien, me apoyas.
Este periódico publicaba ese mismo día que Rus, con su billetera, había concedido entre marzo y julio 549.500 euros en ayudas a 51 pueblos de la provincia, 47 gobernados por el PP. De la misma manera, aunque en algo menos de tiempo, el presidente provincial ha subvencionado el tejido religioso de las comarcas valencianas con 132.950 euros. Son tres parroquias, un monasterio, una colegiata, un convento, una asociación de padres de alumnos católica y 17 cofradías, hermandades y comparsas relacionadas con fiestas patronales y de Semana Santa.
Destacan por ejemplo, los 12.000 euros que Rus concedió para ejecutar la "segunda fase de
las obras de restauración de la casa natalicia San Jacinto Castañeda", perteneciente a la
Colegiata Santa María de Xàtiva. El alcalde Xàtiva es Alfonso Rus. Sobresalen también los
8.000 euros de subvención otorgados al Real Monasterio de la Santísima Trinidad para las
"obras de reparación y reforma de las instalaciones"; o los 5.000 donados a la congregación de religiosas Siervas de Jesús para "gastos de mantenimiento del convento"; o los 25.000
adjudicados a la sociedad de festeros Santísimo Cristo de la Agonía de Ontinyent para "obras
en el Museu Fester".
En total, los 132.950 euros suponen más del 4% de la cantidad inicial de la partida
presupuestaria presidencial. Todas las ayudas destinadas al ámbito religioso se apuntan en
dos epígrafes en los documentos que integran el presupuesto: ayudas "a familias e
instituciones sin fines de lucro" y "otras transferencias". En el caso de las subvenciones a los
municipios de la provincia, en las que Rus gastó 549.500 euros de marzo a julio, casi la
totalidad dependen de dos epígrafes con la misma denominación: "a Ayuntamientos". En este
caso, el medio millón largo de euros supone más del 13% del presupuesto inicial de la partida
presidencial.
Se trata, siempre, de subvenciones arbitrarias, concedidas a dedo, sin convocatoria pública y
que por algún motivo, según expresan las bases de ejecución de los presupuestos, no admiten
la posibilidad de promover la concurrencia de posibles interesados.
www.elpais.es 13.08.10
22) VALENCIA DEBERÁ PAGAR 3,5 MILLONES DE EUROS A LA FAMILIA COTINO POR
NO LIQUIDAR A TIEMPO UNA EXPROPIACIÓN
El retraso en liquidar una expropiación le puede costar un dineral al Ayuntamiento de Valencia.
El Jurado Provincial de Expropiaciones ha dado la razón a una empresa de la familia del
vicepresidente del Consell Juan Cotino, que pidió la retasación de una parcela que le fue
expropiada en el Parque de Cabecera después de esperar más de dos años el pago del
terreno. El precio del suelo se fijó en 2005 en 678.000 euros, y ahora le costará al
Ayuntamiento 3.517.000 euros, según la sentencia, que ya ha sido recurrida por el consistorio.

El equipo de gobierno que dirige Rita Barberá, del PP, inició un proceso de expropiación en
1998 para hacerse con los terrenos necesarios para construir el Parque de Cabecera.
Necesitaba 30 hectáreas y calculó que costarían unos 7,3 millones de euros (1.200 millones de
las antiguas pesetas). La empresa Alquería Dolores, SL, administrada por Vicente Cotino
Ferrer, hermano del también consejero de Medio Ambiente Juan Cotino, poseía un terreno de
13.600 metros cuadrados en la zona afectada. Su parcela era una de las 140 que Valencia
debía adquirir. No hubo problemas en abonar la mayoría, pero sí con las tres que afectaban,
respectivamente, a las familias Cotino, Trénor y Benlloch. El retraso del Ayuntamiento en pagar
el precio aprobado en 2005 por el Jurado Provincial de Expropiaciones, que fijaba la factura en
687.000 euros, animó a los Cotino a pedir una retasación de sus tierras. Los afectados
alegaron que ya no se traba de un suelo rústico, como en 2005, sino que con el paso del
tiempo se había convertido en una zona semiurbana con más valor.
Así, en mayo del año pasado Alquería Dolores, SL, amparándose en la Ley de Expropiación
Forzosa, pidió formalmente la retasación de sus terrenos por el retraso en el pago. Casi un año
después, el pasado 28 de abril, el Jurado de Expropiaciones les ha dado la razón y ha
aumentado el precio de la parcela en 2,8 millones de euros.
El Ayuntamiento ha recurrido ya la sentencia. Según ha explicado esta mañana Juan Ferrer,
concejal socialista en el consistorio, "la ley es muy clara: si pasan dos años desde la sentencia
del jurado de expropiaciones [que obligaba a pagar al Ayuntamiento 687.000 euros en 2005 ] y
la Administración no ejecuta el pago, la propiedad tiene derecho a pedir la retasación de su
suelo y a exigir un precio acorde a los tiempos". Ferrer, que ya ha denunciado en otras
ocasiones los sobrecostes del Parque de Cabecera,ha asegurado que eso es "al menos, una
negligencia del Ayuntamiento por no haber efectuado el pago en su día", por lo que estudiará
llevar el caso a la fiscalía.
(ww.elpais.com, 02/06/10)
23) COTINO CAMBIÓ NORMAS COMO 'CONSELLER' BENEFICIANDO A EMPRESAS DE
SUS FAMILIARES
El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, benefició a las empresas
de su familia al crear y poner en marcha varias normativas de gestión de residencias de la
Tercera Edad que mejoraban sus condiciones de negocio mientras él era consejero de
Bienestar Social, entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. En concreto, con la
orden del 5 de diciembre del año 2007, Juan Cotino amplió el número de plazas financiadas
por la Conselleria que él dirigía.
En aquella orden, el vicepresidente eliminó la limitación contractual de un tercio que había en
un principio y alcanzó, de este modo, el 100% de las plazas existentes. De esta manera, la
empresa familiar aumentó el número de plazas financiadas de residencias. El grupo Savia,
participado en un 38,7% por Sedesa Concesiones S.L., de la familia Cotino, multiplicó casi por
tres las 716 plazas subvencionadas que tenía en 2006 al llegar a 2.020 plazas en 2009. De
igual modo, pasó de poseer 13 centros en 2006 a disponer de 21 en 2009.
Es decir, con este cambio de normativa realizado por Juan Cotino, las empresas familiares
pasaron a gobernar ocho residencias más y 1.304 plazas residenciales añadidas a las iniciales.
La misma orden del 5 de diciembre de 2007 también permitió que las residencias de Savia,
cuyo socio único es Gerocentros del Mediterráneo S.L, que a su vez está participado por la
firma de la familia Cotino, pasaran a ser centros concertados con la Administración y, de esa
forma, garantizó que sus plazas residenciales pudieran recibir subvenciones públicas.
Con esta orden del propio Cotino, se modificó sustancialmente el contrato administrativo de las
plazas residenciales y se sorteó la Ley 5/97 de Servicios Sociales que regula, en su artículo 53
y en el Título Sexto, las condiciones de acceso a los conciertos. Aunque donde
verdaderamente se observa el impulso que obtuvieron las empresas de la familia del por aquel
entonces conseller de Bienestar Social es en el incremento del precio público de las plazas.
Son sendas resoluciones de adjudicación provisional, mediante procedimiento negociado y sin
publicidad, el 6 de noviembre de 2008 y el 5 de octubre de 2009 -la segunda la adjudicó él,
pero se publicó inmediatamente después de la marcha de Cotino de Bienestar Social-, se
aumentó el precio público de las plazas subvencionadas de 43 a 56 euros diarios en 2008 y de
56 a 58 en 2009 (una parte la aporta el usuario y la otra es financiada en función de su grado
de invalidez y de la distancia al domilio).Una maniobra que se realizó a sabiendas de que el
grupo de la familia Cotino tenía cerca del 40,8% de las plazas ampliadas para ser concertadas
en la Comunidad Valenciana.
El hecho de aumentar las plazas y subir el precio de éstas permitió triplicar el volumen de
negocio de las empresas de las que participa la familia Cotino, de 11 millones de euros en
2006 a más de 40 millones en 2009, por su concierto residencial con la Administración.
El vicepresidente tercero rechazó, en repetidas ocasiones, dar su versión sobre el beneficio
que habrían obtenido las empresas de su familia, aunque fuentes de su gabinete indicaron que
ya había «contestado sobre estas cuestiones varias veces y no lo iba a hacer más». De igual
modo, el cabeza visible de las empresas y sobrino del vicepresidente, Vicente Cotino, tampoco quiso hacer declaraciones sobre la mejora que supuso a su grupo la legislación puesta en marcha por su tío.
Según Bienestar Social, los centros del grupo familiar de Cotino acogidos al plan de
accesibilidad el 31 de diciembre de 2006 eran cuatro en Castellón -Cabanes, Castellón, Montán y Moncófar- y nueve en Valencia -Alborache, Albuixech, Alcasser, Quartell, Cheste, Llíria, Picassent, Silla y Benagéber-.
El 31 de diciembre de 2007 el grupo Savia ya había creado otros tres centros más en Valencia
(Manises, Requena y Xirivella). A finales de 2008 había adherido una residencia más en
Castellón (Benicarló) y dos más en Valencia (El Puig y Paiporta). En 2009, añadió las
residencias de Campanar y el Marítimo, que suman los 21 centros actuales.
Volviendo atrás, para el concurso del año 2001 se formó una UTE con Gerocentros del
Mediterráneo, Gestió Sociosanitaria al Mediterrani S.A. y Hormigones Martínez S.A.
Gerocentros del Mediterráneo S.L. se constituyó el 26 de enero de 2000 por 10 empresas
constructoras valencianas con una participación del 10% cada una: Sedesa, Ortiz e Hijos,
Cyes, Ecisa, Construcciones Lujan, G y C, Doalco, Proisa, Lubasa y Torrescamara. El 4 de
diciembre de 2003 se constituye Centros Residenciales Savia, S.L. con los mismos socios que forman Gerocentros del Mediterráneo S.L. y el mismo objeto social de esta sociedad.
El 22 de marzo de 2005, Gerocentros del Mediterráneo se convierte en socio único de Centros
Residenciales Savia S.L. y el 11 de junio de 2007, Sedesa Concesiones S.L., firma
perteneciente a la familia de Juan Cotino, ocupa la presidencia de Gerocentros del
Mediterráneo S.L. Posteriormente, los accionistas de la empresa Gerocentros se establecen en Sedesa Concesiones S.L. (38,7%): Enrique Ortiz e Hijos servicios y Medio Ambiente S.L.
(38,7%); Doalco S.A. (10,96%) y Grupo Corporativo Fuertes S.L. (11,64%), que fue sustituido
por Infu-Capital S.C.R. de Régimen Simplificado S.A.
Curiosamente, en la documentación del caso Gürtel, tres de las cinco mercantiles que
aparecen en la contabilidad de la trama de empresas de Francisco Correa y que podrían haber
participado en la financiación del PP (Lubasa, Ortiz y Sedesa) forman parte de Gerocentros del
Mediterráneo, adjudicataria del mayor concurso de la Conselleria de Bienestar Social.
(www.elmundo.es, 24/05//10)
24) LA FEMP DIO 1,3 MILLONES A DEDO A LA RED GÜRTEL EN EL MANDATO DE
BARBERÁ
Un informe pericial remitido al tribunal señala que la contratación vulneró la ley
Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial del caso Gürtel revela graves irregularidades en la
contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante gran parte
del mandato de la actual alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta de este
organismo. El informe señala que entre 2000 y 2003 la FEMP contrató a dedo con empresas
del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, por importe de 1,3 millones de euros. En esa época,
el encargado de la contratación era el secretario general de la FEMP, Álvaro de la Cruz, uno de
los imputados en el caso Gürtel y hombre de confianza de Barberá en la federación. La caja B
de las sociedades de la trama Gürtel recoge una entrega de 30.000 euros en dinero negro a De la Cruz.
La federación se saltó la norma para favorecer a las empresas de Correa
El dinero se fue en viajes, 'stands', 3.000 maletines para alcaldes...
El informe señala que la FEMP se saltó la ley para favorecer a la red de Correa incumpliendo
los principios de "concurrencia, objetividad y transparencia" que deben presidir los contratos
que emanan de organismos públicos.
Como urdidor de estos contratos el informe apunta a De la Cruz, nombrado secretario general
de la FEMP el 11 de noviembre de 1995 y apartado de este cargo el 23 de noviembre de 2003, periodo que coincide prácticamente con el de Barberá como presidenta del organismo (luego pasó a ser vicepresidenta).
El informe de la citada unidad recoge un escrito de la actual secretaria general de la FEMP,
Isaura Leal, en el que subraya que ninguna propuesta de formalización de los fraudulentos
contratos emitidos entre 2000 y 2003 fue sometida "a la aprobación de la Comisión Ejecutiva ni del Consejo Federal de la FEMP". Entre 1999 y 2003, este organismo realizó adjudicaciones a dedo a Special Events y Pasadena Viajes, ambas de la red Gürtel, por más de un millón de euros. Solo para el montaje de la VII Asamblea de la FEMP, celebrada los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1999, fueron 276.000 euros. Se montaron 40 stands y se entregaron 3.000 maletines a los alcaldes participantes. Otros 570.000 euros fueron destinados a la organización de la VIII Asamblea de la FEMP, celebrada en noviembre de 2003. A esta cantidad hay que unir otros 149.000 euros para "trabajos extra".
"Las facturas las emitió un único proveedor" y todo se hizo a dedo, puesto que no consta un
expediente previo de contratación de acuerdo con la ley, según el informe. Pese al volumen de
dinero (a partir de 12.000 euros la ley obliga a sacar este tipo de actos a concurso), "todo indica que la FEMP tramitó esta actividad de forma similar a un contrato menor". Dado su "origen público", la FEMP debió someterse a los principios de "publicidad, concurrencia y
transparencia" que estipula la ley, lo que le habría permitido alcanzar "una mayor eficacia y
economía en la gestión de fondos públicos", destaca el informe.
La Unidad de Auxilio Judicial se detiene también en 222 facturas de viajes que la FEMP pagó a la sociedad de Gürtel Pasadena Viajes entre 2000 y 2003 por importe de 288.000 euros para "estancia y locomoción de personal o colaboradores de la FEMP". La mayoría de las facturas eran por importes menores aunque su suma es "significativa". Por ello, el informe reprocha que no se hubiese planteado "la posibilidad de tramitar un expediente de contratación para la prestación del servicio de Agencia de Viajes", lo que pudo evitar "costes innecesarios".
www.elpais.es 16.12.10
25) BARBERÁ GASTA 90.000 EUROS MÁS EN UN ESTUDIO SIN OBJETIVO CLARO
El Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), asociación financiada por el Ayuntamiento de
Valencia, contrató hace un mes a Idees, SL para que desarrollase trabajos "en el marco del
observatorio de la ciudad". Le pagará 90.021 euros y los objetivos, a la vista del texto del
acuerdo, no quedan demasiado claros. La empresa nació en 2009 y tiene un trabajador y dos
administradores. Uno de ellos es primo de un ex concejal de la alcaldesa, Rita Barberá,
Eduardo Santón, que además dirigió el CEyD.
La presidenta del CEyD es la propia Barberá. El objetivo del observatorio consiste en "precisar las necesidades reales y las preocupaciones de los ciudadanos" para que el Ayuntamiento le dé respuesta. De momento, solo ha aportado dos estudios sobre la ciudad y sus problemas basándose en 800 encuestas realizadas a ciudadanos. Uno se presentó el año pasado y otro en junio del presente. Nada más. Sin embargo, el CEyD, con el nuevo convenio, ya ha inyectado más de 550.000 euros en el observatorio desde 2007.
La concejal socialista Ana Botella mostró el contrato y volvió a censurar la "falta de
transparencia" del CEyD y la escasa información respecto a las tareas que la empresa deberá
realizar. "El contrato es muy genérico", explicó, "no está nada claro que tendrán que hacer, en
qué se empleará el dinero".
Los socialistas presentarán una moción en el pleno para crear un registro de entidades
públicas que recoja las "memorias de gestión, cuentas anuales y auditorias" de sociedades
que, como el CEyD, reciben dinero público. Según los socialistas, el 7% del presupuesto va
cada año a estas entidades.
Por otro lado, Barberá presentó las 32 enmiendas que el Consistorio presenta a los
presupuestos generales del Estado. La alcaldesa explicó que alegan en contra de la
disposición del Gobierno que les impide pedir préstamos el año que viene, debido a la deuda
que arrastra el Ayuntamiento.
Además, desglosó los 905 millones que reclama al Ejecutivo. Barberá pide 80 millones para
soterrar vías de tren o 80 más para cubrir un tramo del canal que entre el Turia y Júcar.
(www.elpais.com, 29/10/10)
26) BARBERÁ PAGÓ AL GRUPO LATERNE POR TRABAJOS QUE NO SE REALIZARON
La entidad municipal Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD) pagó al menos
dos facturas por un valor total de 300.000 euros en septiembre de 2007 al grupo Laterne, que
había organizado actos de la precampaña electoral de ese año a la alcaldesa Rita Barberá, en
uno de los cuales, celebrado por el PP en febrero en el pabellón de El Cabanyal, recurrió a
Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción del caso Gürtel. Las facturas
fueron rectificadas en mayo de 2008 y la entidad, que preside Barberá, acabó pagando a City
Marketing Council, SL, del grupo que presidía Vicente Sáez Tormo, otra factura de 201.846
euros por una serie de trabajos que en su mayor parte no se realizaron, ya que Laterne quebró.
Entre esos trabajos figuraba un infobarómetro a partir de 800 encuestas que acabaría
ejecutando otra empresa en 2009. Así lo revela la documentación de CEyD a la que ha tenido
acceso este diario.
Barberá rechazó dar explicación alguna sobre la aprobación de las cuentas correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009 de la entidad, financiada íntegramente por el Ayuntamiento, sin
convocar a la asamblea, como está previsto en los estatutos. "No tengo nada más que decir",
zanjó la alcaldesa, que criticó las reiteradas reclamaciones de información por parte de los
socialistas.
Laterne fue encargada en 2006 y 2007 de sendos trabajos demoscópicos, en los que buscó la
colaboración de firmas conocidas en el sector de las agencias de publicidad, como BSB, y de
los estudios de mercado, como Empymer. El de 2006, con BSB, encargado por el
Ayuntamiento, vaticinó una nueva victoria de Barberá por mayoría absoluta al año siguiente. El
de 2007, con Empymer, dado a conocer días antes de las elecciones, reflejaba el apoyo
mayoritario al futuro circuito de fórmula 1.

La empresa Empymer es la que ha acabado encargándose del Infobarómetro de CEyD, en su
dos primeras ediciones, de 2009 y 2010.Bajo la denominación de Laterne Council (LC) o
Laterne Product Council (LPC), el grupo que dirigía Sáez Tormo participó en la elaboración de
encuestas para Rita Barberá, antes de hacerse cargo de organizar actos de su precampaña,
como el de febrero de 2007 en el que buscó a Orange Market, sin conseguir el éxito de
asistencia que esperaban los dirigentes del PP. La encuesta de 2006 fue presentada como
"infobarómetro municipal de la ciudad de Valencia" y tenía un fuerte énfasis electoral. La de
2007 fue dada a conocer en algún medio de comunicación como "una encuesta realizada por la empresa Empymer-LPC" y se centraba en aspectos como la acogida de la promesa electoral del futuro gran premio de fórmula 1 en Valencia, la opinión popular sobre la Copa del América o las exigencias al Gobierno sobre la construcción del AVE y los recursos hídricos.
Meses después de las elecciones municipales y autonómicas, la empresa City Marketing
Council, constituida apenas un mes antes, giraba con fecha del 15 de septiembre de 2007
sendas facturas al Centro de Estrategias y Desarrollo, por 200.000 y 100.000 euros,
respectivamente. Correspondían al primer y segundo pago de un proyecto global que preveía
"la puesta en funcionamiento del Observatorio de la Ciudad" y la realización del primer estudio,
el desarrollo del plan de marcas de Valencia, el "inicio del hospitality de la ciudad", "la
realización de todas las gestiones necesarias para la potenciación de alianzas estratégicas
entre operadores locales y nacionales, así como grandes marcas internacionales", y el
"desarrollo de las acciones de comunicación (planificación, redacción y gestión de medios)
encaminadas a comunicar tanto los proyectos como sus resultados".
El 27 de mayo de 2008, sin embargo, City Marketing Council extendía a CEyD dos "facturas
rectificativas", a las que ha tenido acceso este diario, en las que, aparentemente, asumía la
devolución de los 300.000 euros de las anteriores, sin ninguna explicación específica. Ahora
bien, con fecha de ese mismo día, presentaba al cobro a la entidad municipal otra factura de
201.846 euros por los mismos conceptos, aunque esta vez quedaban reducidos a tres los cinco apartados inicialmente previstos y se desarrollaban más los trabajos a realizar. Así, bajo el encabezamiento de "pago a cuenta por los siguientes trabajos realizados en el contrato con
fecha 13 de septiembre de 2007", la factura incluía, para la puesta en funcionamiento del
observatorio de la ciudad, de cara a lo que denominaba "primer estudio", la realización de 800
encuestas, con la definición de la metodología, el diseño del cuestionario, la delimitación de
distritos, la tabulación y el cruce de información, entre otros aspectos. En relación con la
"potenciación de las alianzas estratégicas" especificaba un "primer taller de herramientas de
gerencia pública y política de España" y reflejaba hasta 14 "acciones de comunicación" como
una gestión de artículos de opinión sobre la wifi en Valencia, una estrategia general de
comunicación de CEyD, una guía de estudiantes y otras actividades que definía como
"gabinete de prensa".
El hecho es que el grupo Laterne quebró poco después y Sáez Tormo dejó una larga lista de
deudas con los trabajadores de sus empresas. También quedaron sin realizar la mayor parte
de los trabajos reflejados en las facturas presentadas a la entidad municipal. Especialmente
llamativo es el caso del estudio o infobarómetro, que había de dar algún contenido a la
creación del denominado Observatorio de la Ciudad.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia ha alegado, en respuesta a las preguntas
de la oposición socialista, que otra empresa se hizo cargo de acabar el infobarómetro de la
ciudad. En efecto, hasta 2009 no se presentó el primero de esos estudios, cuyo trabajo de
campo, consistente en 801 encuestas telefónicas, se desarrolló durante el mes de julio de ese
mismo año. El segundo Infobarómetro de la Ciudad de Valencia, que presentó hace poco más
de un mes el primer teniente de alcalde y presidente delegado del CEyD, Alfonso Grau, se
basó en 824 encuestas telefónicas realizadas en abril. La empresa encargada de la ejecución
de esas encuestas ha sido Empyper, dedicada a los estudios y análisis de mercado y de
opinión. Ambos documentos pueden consultarse en la página web del Centro de Estrategias y
Desarrollo.
(www.elpais.com, 23/07/10)

27) DE LA RIVA OPINA QUE SUS COMENTARIOS SOBRE PAJÍN LE DARÁN MÁS VOTOS
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha asegurado que sus declaracionessobre la ministra de Sanidad, Leire Pajín, en las que señalaba que cuando veía sus "morritos" solo pensaba en "una cosa", han tenido "un efecto bumerán" y podrían darle un mayor número de votos en las próximas elecciones municipales. Aunque el primer edil ha reconocido que cometió "un exceso", ha recalcado a continuación que, pese a que su nombre estuvo expuesto a "las iras más furibundas y a punto de ser quemado en la hoguera", no cree que pueda restarle votos en los próximos comicios. No obstante, ha valorado que el efecto podría ser el contrario, ya que la polémica "se sacó de quicio" y ya ha tenido "un efecto bumerán".
León de la Riva se ha mostrado "seguro" del apoyo de su partido, pues ha recordado que
recibió "ánimos para seguir adelante" incluso "en los momentos que más ha estado en
cuestión" su imagen, después de la polémica generada por las declaraciones sobre Pajín.
Tras esas declaraciones, el presidente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid,
Óscar Puente, ha dicho que no cree que De la Riva pierda las elecciones por este motivo, sino
"por un sumatorio", porque son ya 16 años de "agotamiento, soberbia y sentencias perdidas".
www.elpais.es 27.12.10
28) SÁNCHEZ DRAGÓ RECONOCE EN SU ÚLTIMO LIBRO HABERSE ACOSTADO CON
DOS NIÑAS DE 13 AÑOS
Los hechos habrían ocurrido en Tokio en 1967.- El escritor, presentador de un programa
cultural en Telemadrid, intenta rectificar y dice que narró una "anécdota" convertida en
"literatura".- El comité de empresa de la cadena pública pide su destitución
En su último libro Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...
(Planeta), el escritor Fernando Sánchez Dragó asegura haber mantenido relaciones sexuales
con dos "lolitas" de 13 años en Tokio. En la página 164 de la obra, que recoge sus
conversaciones con el dramaturgo Albert Boadella, Sánchez Dragó narra lo ocurrido, que sitúa
en la capital japonesa en 1967.
• "Es una anécdota trivial convertida en literatura"
• El turismo sexual de un ministro sacude a Francia
Cuenta que salió del metro y se topó de frente "con unas lolitas de esas -ahora hay muchasque
visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rimel, tacones, minifalda...". El
escritor, que dirige y presenta en la cadena pública Telemadrid el programa de literatura Las
noches blancas, da más detalles. "Las muy putas se pusieron a turnarse". Y afirma: "Las
delincuentes eran ellas y no yo".
Tras trascender estos detalles, Sánchez Dragó, que se jacta en la obra de que el delito ya ha
prescrito, ha querido rectificar y señala que lo que relata en el libro es "una anécdota trivial y sin
mucha chicha convertida en literatura". "No hubo delito suponiendo que lo fuese, por la sencilla
razón de que no pasó nada de particular", ha dicho a EL PAÍS.
"Era un grupo de chicas y chicos. Nos fuimos a tomar un café al lado de la estación de
Ikebukuro. Hubo risas, chanzas y coqueteos. Luego cada mochuelo y cada mochuela se fue a
su olivo. No creo, además, que tuvieran 13 años, sino algunos más. Era una forma de hablar.
Los jóvenes japoneses tienen un aspecto muy aniñado", asevera.
El escritor ha asegurado que ha contado esa anécdota -"anécdota, insisto", dice- en "infinidad
de entrevistas y algún libro". "¿Por qué se llama ahora al escándalo? ¿Habrá alguna razón
oculta?", se pregunta.

Sin embargo, a pesar de sus últimas declaraciones tratando de salir del paso, en su libro no
deja de dar detalles sexuales de las que llama "lolitas". "No hay nada como la piel tersa, los
pechitos como capullos, el chochito rosáceo", dice. En la página 159, antes de contar el
encuentro en Tokio, el dramaturgo Albert Boadella le cuenta que a él le gustan las mujeres
cincuentonas. "Las mujeres, a partir de los 50, empiezan a tener un atractivo irresistible,
adquieren una solidez erótica pausada pero intensa", apunta Boadella. Pero Dragó le contesta:
"Ese es un punto de disidencia entre nosotros. A mí me gustan las de 15". Y más adelante
sigue: "Llámame viejo, llámame como quieras pero es así. Y conste que, por desgracia, no
hago nada. Pura boquilla. No están los tiempos como para meterse en ese tipo de fregados".
Destitución
El comité de empresa de Telemadrid y CC OO, UGT y CGT han pedido a la dirección de la
cadena pública madrileña la destitución inmediata del presentador de Las noches blancas. "Es
absolutamente inadmisible que un tipo que presume de haber mantenido relaciones sexuales
con niñas de 13 años aparezca en una empresa pública de comunicación", señalan en un
comunicado.
"No es la primera vez que la verborragia desenfrenada de este individuo desprestigia al Ente
Público Radio Televisión Madrid. Baste recordar su afición a hacer propaganda gratuita de
bebidas alcohólicas y de medicamentos no autorizados por las autoridades sanitarias cuando
presentaba el informativo de la noche en Telemadrid. Pero este último caso, en el que se jacta
de haber cometido un delito tan repugnante como la pederastia, supera ya todos los límites",
añaden.
La cadena pública Telemadrid, que emite el programa del que Sánchez Dragó es director y
presentador, ha declinado hacer declaraciones. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en
cuya televisión pública trabaja Sánchez Dragó, tampoco ha querido valorar las afirmaciones del escritor: "Tendrá que contestar Telemadrid, puesto que está contratado allí. Y él tendrá que
responder de sus declaraciones. En cualquier caso, no lo ha dicho en el ámbito de la cadena",
ha asegurado una portavoz.
¿Novela o ensayo?
Dragó insiste en que lo que cuenta en el libro es una anécdota. Pero ¿es el título una novela o
un ensayo? ¿Realidad o ficción? La editorial Planeta califica la obra de conversación entre
Dragó y Boadella y la promociona con un texto de contraportada que anuncia "ideas
rompedoras, iconoclastas, lo más políticamente incorrectas que imaginar se pueda". "Ideas y
vivencias en las que se habla de sexo -nada arredra al locuaz Dragó cuando se suelta-, de
drogas...". La editorial no ha querido salir al paso de la polémica suscitada por el libro. Una
portavoz remitió para cualquier cuestión al propio escritor.
www.elpais.es 27.10.10
29) VALCÁRCEL PONE EN PIE DE GUERRA A SUS FUNCIONARIOS
Miles de empleados protestan por los recortes frente a la casa del presidente de Murcia
Miles de personas entre 4.000 y 7.000, según los sindicatos, y 4.500 según la policía local
participaron este lunes en la concentración que tuvo lugar ante la sede del Gobierno regional
de Murcia el palacio de San Esteban y en la posterior manifestación por la Gran Vía de la
capital en protesta por las medidas de recorte a los empleados murcianos llevadas a cabo por
el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel (PP).
La protesta, convocada por las centrales de la función pública CSIF, Sterm, ANPE, Satse, UGT
y CCOO, arrancó a las 11 de la mañana en el palacio de San Esteban. En las pancartas se leía
Valcárcel, usurero, ¿dónde está el dinero? o En defensa de la educación. Mientras, se repetían
los gritos contra el presidente: "¡Valcárcel, dimisión, por chorizo y por ladrón!, ¡Menos

corrupción y más educación! o ¡Valcárcel, cretino, baja el sueldo a tu sobrino!", en
referencia al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz.
La tensión creció y se produjeron rifirrafes entre los manifestantes que querían entrar en la
sede y los agentes que intentaban frenarlos. Esta vez, no se vio ninguna porra fuera de su
funda, como ocurrió el pasado día 23 a las puertas de la Asamblea regional.
Dos horas después, la protesta se convirtió en una procesión por la Gran Vía hasta la vivienda
de Valcárcel, donde se realizó una multitudinaria sentada. Se lanzaron huevos contra la
fachada y petardos de gran potencia, se exigió manos en alto la dimisión del presidente y se
cantaron consignas como En este piso está nuestro dinero o Queremos un pisito como el de
Ramoncito.
El secretario general de UGT en Murcia, Antonio Jiménez, y su homólogo de CCOO, Daniel
Bueno, plantearon nuevas vías jurídicas para evitar la aplicación de la ley, esgrimieron la
posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad y anunciaron nuevas
movilizaciones para mañana.
Jiménez explicó que la ley "perjudica a 55.000 familias; reduce injustamente salarios a los
empleados públicos y amplía la jornada laboral". Jiménez adelantó que se expulsará a
"entre 2.000 y 3.000 personas". El recorte de subvenciones obligará también a UGT y CCOO a
reducir sus plantillas y eliminar cursos de formación.
www.publico.es 27.12.10
LA MANSIÓN
En el número nueve de la Gran Vía de Murcia, hace unos años, tenía su hermosa sede el
Banco Exterior de España, imagen del nuevo capitalismo franquista. El enorme edificio fue
vendido mediante sorprendentes movimientos de ingeniería financiera –vulgo pelotazo- a una
cooperativa integrada por ilustres personalidades de la vida pública murciana, y algún
particular.
La parte superior fue adquirida por el EXCMO. SR. DON RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO.
Informada la opinión pública murciana del hallazgo arquitectónico, se produjo un movimiento
tímido de cabreo generalizado. El gran prócer había pasado de un humilde pisito de la baja
clase media a un piso de superlujo que compartía con un familiar directo.
Se iniciaron grandes obras, arreglos y decoraciones entre el hazmerreir de los murcianicos de
a pie. Las obras estuvieron paralizadas por algún tiempo debido a ciertas irregularidades que
rápidamente fueron solucionadas vía ayuntamiento de Murcia que regenta Fouché II.
Pues bien, todo ha terminado y el enorme palacio ha sido ocupado por los ilustres
cooperativistas, mientras la planta baja ha sido adquirida por una empresa comercial sueca.
Hasta hace bien poco el excelentísimo señor vivía en el portal vecino, en el número siete. , ya
no. Intuimos que el presidente regional se ha trasladado a su gran mansión, pero hay rumores
de que avergonzado por los comentarios traicioneros, ha vendido su pisito, que el pobre estuvo
pagando mediante hipoteca feroz.
Esa que las cajas y los bancos firman con los murcianos de medio pelo. Nosotros simplemente
levantamos acta y ofrecemos una bella imagen de la fachada del gigantesco edificio de nuestra Gran Vía para que tomen nota los envidiosos, que es lo que nosotros somos.
(www.vegamediapress.com, 11/11/10)

30) VALCÁRCEL RECIBIÓ DEL REY DE LAS BASURAS PUROS COHIBAS, BOTELLAS DE
DON PERIGNON Y VEGA SICILIA
¿Ocurría en Murcia como en Valencia?. Si el presidente Camps fue "obsequiado" con algunos
trajes, el presidente Valcárcel recibió también dádivas por parte del rey de las basuras, Ángel
Fenoll. Así figura entre los más de 270 destinatarios de los regalos navideños que realizaba la
empresa del conocido empresario, imputado en el marco de la operación Brugal.
El máximo mandatario de la Comunidad Autónoma de Murcia recibía una generosa cesta de
600 euros donde no faltaba el whisky gran reserva, los Cohibas y botellas de Don Pérignon y
Vega Sicilia. Todos los años llegaba a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia una lluvia de presentes en forma de baúles -hasta 8 - con regalos, puros habanos y las más convencionales cestas.
El directorio se centra sobre todo en la Comunidad Valenciana y en una larga lista de alcaldes,
concejales (del equipo de gobierno y de la oposición) e incluso técnicos municipales de
poblaciones de la comarca como Torrevieja, Rafal, Daya Nueva, Daya Vieja, Granja Rocamora,
Formentera del Segura, Jacarilla, Redován, Calpe, Rojales, Cox (con todos los miembros del
equipo de gobierno del PP y la oposición socialista), Callosa de Segura, Dolores, Almoradí o
Pilar de la Horadada. Guardias Civiles también eran objetivos de sus atenciones.
También llegaban regalos a los municipios murcianos de Fortuna o Abanilla. En casi todos los
municipios es Colsur, empresa de Fenoll, la que se encarga de la recogida de residuos y
limpieza viaria y el depósito de la basura en el único vertedero de la comarca.
Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Regalos: Cesta valorada en 600 euros, una caja de puros cohibas, dos botellas de Dom
Pérignon y dos botellas de Vega Sicilia.
José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación(PP). Regalos: Un baúl "lleno de alimentos" en
la Navidad de 2008, según recoge el sumario del caso Brugal.
(www.elpais.com, 28/10/10)
31) EL DIRIGENTE DEL PP QUE ESTABA EN POLÍTICA "PARA FORRARSE" SEGUIRÁ
COBRANDO 3.400 EUROS AL MES DE RTVV TRAS SER DESTITUIDO POR ACOSO
SEXUAL
Vicente Sanz, el otrora todopoderoso secretario general de Radiotelevisió Valenciana y ex
dirigente del PP que dijo estar en política "para forrarse", seguirá cobrando del ente público a
pesar de haber sido destituido, previo expediente disciplinario, por una “falta muy grave” a raíz
de la denuncia por acoso sexual interpuesta por tres periodistas del ente. Sanz se embolsará
más de 3.400 euros al mes tras pedir la reincorporación al puesto de técnico del área laboral
que ganó por oposición en 1989, cuando se organizó la plantilla de la televisión pública
valenciana. Tras solicitar la vuelta a un puesto que apenas ha ocupado, el defenestrado se
cogió una baja por depresión, informa el rotativo Levante.
Vicente Sanz apenas ha estado una semana sin puesto después de que José López Jaraba,
director general de RTVV, lo cesara como número dos del ente autonómico.
Reincorporación y baja
El defenestrado ha pedido su reincorporación como técnico del área laboral. Tras obtenerla, lo
segundo que ha hecho ha sido pedir la baja por depresión. Sanz se enfrenta a un proceso
judicial por presunto acoso sexual a dos periodistas de la cadena. Con todo, la nómina del ex
directivo cuesta al ente más de 3.400 euros al mes, 48.000 euros brutos anuales, a RTVV. El
motivo de estos generosos honorarios es que Sanz pertenece a la segunda categoría
profesional mejor pagada de las reguladas por el convenio, sin contar los puestos de alta
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo : Balance 2010 38
dirección. Ello, sumado a los siete trienios que acumula, justifica la cuantía.
Sin indemnización por despido
Tal y como explica Levante, a Sanz no le quedaba más remedio que pedir volver a un puesto
que apenas ejerció pues estuvo en servicios especiales para dedicarse a la política entre 1991
y 1995. El ex directivo ejerció como diputado durante este tiempo, aunque su carrera se vio
truncada por una grabación en la que se le oía decir que estaba en política “para forrarse”. A
pesar de esta declaración de intenciones, Sanz no ha podido forrarse con la indemnización por
despido de la jefatura de RTVV que le hubiese correspondido -120.000 euros por 15 años de
trabajo-. El defenestrado sólo cobraría en caso de ser absuelto del proceso judicial.
(www.elplural.com, 16/06/10)
32) LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA PONEN FIN A LA "VORACIDAD
ECONÓMICA" DE COSPEDAL
Ni la insistencia de Mariano Rajoy para que renunciara a uno de sus dos millonarios sueldos
(167.864,98 del PP, y 69.310,52 euros por el Senado) ni la lógica sugerencia del “gurú de
Génova”, Pedro Arriola, que también le pidió que desistiera de cobrar uno de estos dos
devengos, ni el escándalo surgido a raíz de salir publicado que la secretaria general del PP
ingresaba 254.000 euros (igual que un controlador aéreo) procedentes de fondos públicos,
evitó que María de los Dolores de Cospedal se “agarrara a un cajero ardiendo” y continuara
siendo la político mejor pagada de la historia de la democracia española. Han tenido que ser
las Cortes de Castilla-La Mancha las encargadas de poner fin a la “voracidad económica” de la
lideresa, que en la próxima legislatura solo podrá cobrar una nómina.
María de los Dolores de Cospedal tendrá que renunciar a una de sus dos millonarias nóminas,
gracias a la proposición de ley aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha para que ningún diputado que sea elegido senador autonómico pueda cobrar más de un sueldo, como es el caso de la lideresa de la oposición y presidenta del PP manchego. Eso sí, la modificación de la Ley de Designación de Senadores no entrará en vigor hasta la próxima legislatura, por lo que la “número dos” de Mariano Rajoy seguirá ostentando hasta entonces el merecido título popular de La bien pagá.
Numerito y espectáculo del PP
El Grupo Popular, carente de argumentos sólidos y creíbles sobre los sueldos millonarios de
Cospedal, ha optado por abandonar el pleno de las Cortes castellano-manchegas, no sin antes
proferir graves insultos contra el presidente del Gobierno regional, José María Barreda, al
mismo tiempo que catalogaban la iniciativa parlamentaria de “inútil, cobarde, transgresora,
hipócrita, ilegal, inaceptable..”, asegurando que no participarían de “esta bufonada y aquelarre”
parlamentario, ha sentenciado su portavoz, Leandro Esteban.
“Es inmoral que Cospedal cobre tres sueldos”
Una vez que los diputados del PP han obedecido las órdenes de Cospedal y abandonado el
salón de plenos, el secretario de Organización del PSOE y encargado de defender la postura
del Grupo Socialista, José Manuel Caballero, ha catalogado de “inmoral” que la presidenta de
la derecha regional cobre tres sueldos (como secretaria general de su partido, como senadora,
y como diputada regional, aunque a esta última retribución ha renunciado), que superan los
250.000 euros anuales. Más o menos lo que percibe un controlador aéreo de media.
“Se ha subido la nómina un 30%”
No solo eso, Caballero ha criticado que, en tiempos de crisis, sea la única “irresponsable
política” que ha conseguido mejorar sus ingresos al subirse un 30 por ciento el sueldo que
cobra del PP cuando muchos ciudadanos están ingresando menos dinero a fin de mes. Y eso,

para el socialista, no se puede consentir ni aceptar, porque de ser así serían cómplices de
estos privilegios decimonónicos impropios de épocas democráticas.
Cospedal y su mala memoria
Finalmente, José Manuel Caballero se ha mostrado preocupado por los “continuos olvidos” de
María de los Dolores de Cospedal a la hora de incluir propiedades en su declaración de bienes que está obligada por ley a presentar. Así, recordó que en 2008 no incluyó una indemnización de 27.000 euros procedentes del Senado, hace unas semanas se conoció que es copropietaria de un local comercial en Albacete , y ahora ha omitido que forma parte del consejo de administración de una empresa . “Y lo que es peor es que nos hemos enterado por los medios de comunicación, y no por ella”, señaló Caballero.
www.elplural.com 17.12.10
33) COSPEDAL CORRIGE SU DECLARACIÓN DE BIENES EN LAS CORTES
MANCHEGAS
No hace muchos días, María Dolores de Cospedal presumió de ser la más transparente de
España a la hora de declarar su patrimonio. Hasta que Público reveló que tenía un local
comercial a su nombre y de sus hermanos en Albacete que no había incluido en su declaración
—obligatoria— ante las Cortes de Castilla-La Mancha. Y tuvo que rectificar y volver a
presentarla.
Por eso, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel
Caballero, aprovechó este martes la ocasión para recordar que Cospedal, también presidenta
regional del PP, tiene el "honor" de ser quien más ha tenido que corregir su declaración oficial
de actividades, bienes y renta.
En una rueda de prensa en Toledo, Caballero señaló que "no hay ningún otro caso de
parlamentario, ya sea del PP o del PSOE, que haya tenido que corregir tantas veces su
declaración oficial por haber ocultado propiedades o ingresos".
"Este honor, el de haber tenido que modificar en varias ocasiones la declaración de bienes por
haber ocultado propiedades o ingresos sólo lo tiene Cospedal", dijo el secretario de
Organización de los socialistas castellano-manchegos.
En ese sentido, recordó que hace un año y medio, Cospedal "tuvo que hacer una nueva
declaración porque había ocultado 27.000 euros; y ahora porque ha ocultado un local de su
propiedad".
"Ojalá —deseó— en los próximos meses no tenga que hacer nuevas declaraciones porque
haya ocultado otras cuestiones".
(www.publico.es, 23/11/10)
34) COSPEDAL DOBLÓ SUS INGRESOS TRAS SER 'NÚMERO DOS' DEL PP
Las Cortes de Castilla-La Mancha publicaron las declaraciones patrimoniales de 2009 de
todos sus miembros. Entre ellas, sobresale la de la diputada regional, senadora y secretaria
general del PP, Dolores de Cospedal. Cotejada con sus declaraciones precedentes, muestra
cómo en cuatro años su ascenso en el PP ha corrido paralelo a un incremento salarial y
patrimonial. De ganar 100.000 euros en 2006 y con unos saldos medios bancarios de 42.000
euros, pasó en 2009 a unos ingresos de 240.000 euros y saldos de 500.000 euros. Todo ello,
compraventas inmobiliarias aparte, procede básicamente de su sueldo como secretaria general del PP desde junio de 2008 (167.000 euros anuales).

En 2006 Cospedal declaró ingresar unos 100.000 euros, procedentes de su sueldo como
consejera de Transportes en Madrid (45.621 euros), Senado (15.230 euros), Grupo Popular del Senado (18.029 euros), abogada del Estado (10.710 euros), PP (4.000 euros), conferencias (351 euros) e intereses (52 euros). Ese año vendió su piso de 198 metros cuadrados en Madrid y compró otro al 50% con su actual marido de 265 metros cuadrados. Y declaró tres créditos que totalizaban una deuda de 753.708 euros. Su saldo medio en cuentas en 2006 fue de 42.681 euros. Ese año pagó 30.598 euros al fisco.
En 2007 sus ingresos bajaron a 62.808 euros, singularmente por su cese en la Consejería de
Transportes. En ese ejercicio cobró 50.184 euros como senadora, más 2.500 euros del Grupo
Popular del Senado, otros 2.993 euros como abogada del Estado y una indemnización como
diputada de Castilla-La Mancha de 7.131 euros. Su saldo medio bancario fue de 263.715
euros. Cospedal explica en su declaración que "el incremento del saldo medio en cuentas
bancarias (...) se ve incrementado esencialmente por la venta del piso al que se refería en la
declaración anterior". En 2007 abonó al fisco 22.692 euros. No registra más movimientos
patrimoniales, salvo que declara totalmente vendido su anterior piso. Ese año cancela todas
sus deudas sin incurrir en ningún nuevo crédito.
En 2008 eleva sus ingresos hasta 165.000 euros. Tal aumento procede, básicamente, de que
desde finales de junio de 2008 ya ejerce, y cobra, como secretaria general del PP. Y esto
incrementa en 64.000 euros en ese año sus ingresos, que vuelven a sumar sus habituales
conceptos: Senado (51.331 euros más una indemnización de 26.608 euros), abogada del
Estado (3.054 euros), diputada de Castilla-La Mancha (13.571 euros); intereses (270 euros),
conferencias (1.176 euros) y plan de pensiones (4.364 euros). El saldo medio en cuentas
aumentó y se situó en 417.069 euros. Ese año pagó al fisco 39.529 euros.
En 2009 sus ingresos, al cobrar un ejercicio completo como secretaria general del PP, que
suponen 167.864 euros, suben aún más, hasta sumar 241.836 euros. El resto procede de sus
habituales fuentes de ingresos: su salario e indemnización como senadora (43.771 y 25. 538
euros, respectivamente); sus trienios como abogada del Estado (3.560 euros); y sus intereses
bancarios (398 euros) y conferencias (705 euros). Este año rechaza y deposita ante notario la
indemnización como diputada de Castilla-La Mancha, unos 13.571 euros.
Nunca optó por ser parlamentaria autonómica con dedicación exclusiva. De haber dado ese
paso, teniendo en cuenta las restricciones en materia de incompatibilidades vigente en dicha
comunidad, habría tenido que renunciar a cualquier otro ingreso, tanto público como privado.
Habría cambiado sus 240.000 euros de ingresos por un salario con dedicación exclusiva que
rondaría los 67.000 euros. En 2009 sus saldos medios bancarios se elevaron a 508.822 euros.
Y Hacienda le pegó un mayor mordisco: pagó 82.354 euros.
Cospedal manifestó que esta declaración sobre su patrimonio ha sido conocida porque ella la
ha presentado y ello evidencia su "total transparencia".
Su rival en las elecciones autonómicas de mayo, el actual presidente, el socialista José María
Barreda, ganó el año pasado 96.123 euros, casi tres veces menos.
(www.elpais.com, 26/10/10)
35) DE COSPEDAL ACUSA AL GOBIERNO DE ORGANIZAR UN "ESTADO POLICIAL"
El PP ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique si ha designado a un comisario de su confianza
para que controle las investigaciones policiales en las que estén implicados cargos políticos. A
la espera de esas explicaciones, la secretaria general de los conservadores, María Dolores de
Cospedal, ya ha acusado al Gobierno de organizar un Estado policial. "Utilizar a la policía
judicial y a las instituciones del Estado en beneficio del Gobierno se llama Estado policial", ha
subrayado.
Según ha publicado el diario El Mundo, un comisario de confianza de Rubalcaba, Juan
Antonio González, ha emitido una instrucción a todos los jefes superiores de Policía según la
cual todas las investigaciones que afecten a cargos públicos o personas de relevancia
quedarán sometidas a su control.
Al término de la reunión del comité de dirección del PP, De Cospedal ha confesado que hay
una "grave preocupación" en las filas de su partido por los "intentos del Gobierno de utilizar las
instituciones del Estado en beneficio propio y para perjudicar a la oposición".
Por eso, ha anunciado que llevará estas informaciones a la sesión de control al Congreso. En
concreto, preguntará al titular de Interior por qué requieren "un enfoque especializado" las
investigaciones que afecten a cargos políticos o personas de relevancia. "Hay que saber si la
necesidad de esa especialización en la investigación se debe al interés en filtrar sumarios a los medios de comunicación, marcar los tiempos en las investigaciones o procedimientos judiciales o, en definitiva, el interés en manejar políticamente y desde las altas instituciones del Estado procedimientos judiciales que tienen que ser imparciales". De Cospedal ha señalado que la actuación de la policía judicial "no puede estar dirigida políticamente como, según muchos indicios, lo está siendo en los últimos tiempos".
La secretaria general de los conservadores ha apuntado que la tarea que Rubalcaba ha
encargado a este comisario, que pertenece a la policía pero tiene, ha dicho De Cospedal, una
"gran implicación política", "provocará una utilización muy intensa" de las filtraciones durante la
campaña electoral. La número dos de los conservadores ha aprovechado para recordar las
filtraciones de casos de corrupción que afectan a miembros del PP y ha insistido en que dichas filtraciones son "propias de un Estado policial".
(www.elperiodico.com, 20/09/10)
36) COSPEDAL HABLA EN EL SENADO POR PRIMERA VEZ EN 28 MESES
La senadora por Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP,
hablará el próximo martes desde su escaño por primera vez en esta legislatura. Cospedal hará
una pregunta al Gobierno sobre "la posibilidad de que en el aeropuerto de Ciudad Real se
instale una base militar de EE UU". La última vez que la senadora dijo algo en un pleno del
Senado fue el 10 de octubre de 2007, en otra pregunta oral. En esta legislatura no sólo no ha
hablado, sino que apenas se ha sentado en su escaño.
El nombramiento como senadora de Leire Pajín, la secretaria de Organización del PSOE (el
cargo equivalente al de Cospedal), ha cambiado por completo la situación. En los dos plenos
celebrados en diciembre con presencia de Pajín, Cospedal estuvo clavada en el escaño. Hasta
entonces, se habían producido 128 votaciones en pleno del Senado y la número dos del PP
faltó a 92 de ellas.
Cospedal cobra unos 5.600 euros al mes como senadora.
(www.elpais.com, 05/02/10)
37) EL PSOE EXIGE A LA 'NÚMERO DOS' DEL PP QUE EXPLIQUE "OPERACIONES
DUDOSAS" DE SU ESPOSO
El PSOE pidió , en un comunicado oficial, explicaciones a la secretaria general del Partido
Popular, María Dolores de Cospedal, por las supuestas "operaciones dudosas" realizadas por
su marido, Ignacio López del Hierro, en la Caja de Castilla-La Mancha (CCM). Según la
portavoz socialista en esa comunidad, Esther Padilla, la dirigente popular presionó a la entidad
para incorporar al que entonces era su novio a la Corporación de la CCM tras las elecciones
autonómicas de 2007. En opinión de Padilla, esa maniobra fue muy comentada en el seno del
PP porque López del Hierro venía, como ella, de fuera de la comunidad, lo que explicaban por
su desconfianza hacia los dirigentes regionales de su partido.

Cospedal fue derrotada en los comicios de 2007 por el socialista José María Barreda, que
mantuvo la mayoría absoluta heredada del ahora presidente del Congreso, José Bono. En
menos de un año volverán a enfrentarse en las urnas.
Bono ha sido objeto de una andanada informativa en medios de comunicación afines al PP,
que denuncian desde hace meses presuntas corruptelas cuando estaba al frente del Gobierno
autónomo. Sin embargo, la justicia no ha encontrado indicio alguno de delito. Bono respondió
insinuando que Cospedal y López de Hierro podrían estar detrás de las filtraciones interesadas
de información sobre sus finanzas. La dirigente popular calificó esa respuesta de "ataque
personal" y, tras negarlo, amagó con defenderse en los tribunales.
El PSOE castellano-manchego cree que Cospedal ha utilizado la caja "para beneficiar a sus
más cercanos" o para dañar al Gobierno regional, y por eso le exige que "piense en los
trabajadores y no en sus intereses personales o de partido" de cara a la asamblea que se
celebra ,en Cuenca, en la que se debe respaldar o rechazar su plan de rescate. CCM fue
intervenida por el Banco de España en primavera de 2009 para evitar su quiebra. Su futuro
pasa ahora por la integración con el Grupo Cajastur, que necesita de los votos del PP para ser
aprobada.
El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero,
considera que los populares podrían negarse a respaldar esa operación para achacar el
desastre al Gobierno de Barreda, e incluso para beneficiar a Caja Madrid, presidida por el ex
ministro popular Rodrigo Rato.
(www.elpais.com, 30/06/10)
38) UN INFORME DEL SENADO DESTROZA LA DEFENSA DEL PP A ENRIQUE LÓPEZ
Todos los intentos del PP de mantener la candidatura de Enrique López a magistrado del
Tribunal Constitucional (TC) se han desmoronado.Los letrados del Senado emitieron un
informe de 19 páginas, al que tuvo acceso Público, en el que ratifican que el proceso de
renovación del TC se ha seguido “al margen de interpretaciones políticas y sin lesionar
derechos subjetivos”, sin que se haya producido ninguna "vulneración".
La Secretaría General de la Cámara Alta desmonta uno a uno los argumentos del PP,
contenidos en el recurso presentado la semana pasada contra la decisión que la Mesa del
Senado tomó el 1 de junio, cuando excluyó como aspirantes al TC a López y a Juan Carlos
Campo, propuesto por el PSOE. Los letrados insisten en que “se ha fundamentado
jurídicamente” que López no reúne los 15 años de ejercicio profesional en activo exigidos por el artículo 159. 2 de la Constitución y el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Los casi siete años que López ejerció de vocal-portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de noviembre de 2001 a septiembre de 2008, no pueden computarse, ya que “es evidente” que la función que desempeñan los miembros del CGPJ es gubernativa,
administrativa, y “no es asimilable, en absoluto, a la función jurisdiccional ejercida en exclusiva
por jueces y magistrados”.
El texto se detiene en este punto. Señala que la expresión "en activo" que consigna la ley "es
una referencia unívoca, que no induce a error", y que implica que "el funcionario, o fiscal, o
magistrado ejerce la función propia de su condición en plenitud". Es decir, que fiscaliza o juzga.
Y es una situación totalmente distinta a la de servicios especiales (como cuando un juez es
nombrado vocal del CGPJ), que no es más que una "ficción jurídica" que sirve para contar los
años sólo "a efectos de reserva de la plaza, antigüedad y ascensos". Por si fuera poco, el
letrado mayor del Senado recuerda que ni el TC ni el CGPJ son un "destino de la carrera
judicial". Por tanto, colige el documento, "la Mesa del Senado ha hecho una interpretación
adecuada de la Constitución, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Reglamento
del Senado" a la hora de rechazar la candidatura de López por no cumplir esos 15 años de
ejercicio activo.

Esta vez, la Cámara no utiliza un argumento que aparecía en un informe de 2008: que en 1994
el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del
Estado por no cumplir el requisito de los 15 años.
También se explica por qué el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, sino gubernativo: lo
prescriben así la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y da ejemplos que
evidencian la separación: no se puede invocar la tutela judicial efectiva frente a actos del
CGPJ, y estos a su vez son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, "lo que
permite atribuirles una naturaleza materialmente administrativa, nunca jurisdiccional". Además,
los vocales del Poder Judicial no pueden ser removidos ni promovidos en sus cargos durante
su mandato. Por último, pueden formar parte del CGPJ abogados o juristas, no jueces,
precisamente porque nunca podrían ejercer esa función de impartir justicia.
El PP lamentaba en su recurso la "demora excesiva" en el proceso de renovación del TC, que
se inició (y se paralizó) en el otoño de 2008, lo que invalidaría los pasos dados este año. Los
letrados pisan casi con desprecio los argumentos del PP. "El mero transcurso del tiempo" no
puede anular todo el procedimiento, ni justifica que se deba reiniciar desde cero, como exigían
los conservadores. "No existe ninguna norma que prevea algún supuesto de caducidad de las
candidaturas ni de pérdida en sentido alguno de su vigencia y, por lo tanto, en este sentido, no
existe ninguna norma que ampare la posibilidad de interrumpir o alterar el procedimiento",
subraya el dossier. Por todas esas razones, no es posible consultar a los parlamentos de País
Vasco y Galicia si mantienen a sus aspirantes, por mucho que hayan cambiado las mayorías
políticas en las respectivas elecciones autonómicas de 2009. Un argumento que los letrados ya
reflejaron en otro informe, el del 31 de mayo, cuando se activó el relevo de los magistrados del
TC.
El recurso presentado por el portavoz del PP, Pío García-Escudero, también argüía que el
procedimientode renovación de magistrados es de naturaleza "política", por lo que la Cámara,
igualmente "política", podía disponer cómo ordenar el proceso cuando así lo exigiesen las
circunstancias "políticas". La Secretaría General del Senado rechaza ese argumento: "En un
Estado constitucional de Derecho todos sus órganos están sometidos a la Constitución y a las
leyes", de tal modo que "no hay espacios de ejercicio del poder político que estén exentos de la citada vinculación".
Hay un último razonamiento de los letrados que estruja aún más la impugnación del PP: ponen
en duda que incluso el Grupo Parlamentario Popular esté facultado para presentar un recurso,
porque son los cinco parlamentos que eligieron a López –Madrid, La Rioja, Cantabria,
Extremadura y Castilla y León– los "afectados directamente" por el acuerdo de la Mesa del 1 de junio. Sólo si se entiende "en un sentido muy amplio el concepto de afectación directa podría entenderse legitimado" el PP para interponer un escrito ante el órgano rector del Senado.
Los conservadores, visto el porte del documento redactado por la Secretaría General de la
Cámara Alta, tendrán mucho más complicado defender que el proceso ha sido "arbitrario" y la
exclusión de López, no válida. Ni los grupos parlamentarios ni los juristas les dan ya la razón.
El PP, no obstante, ya anunció qué haría si se rechaza su escrito: acudir en amparo al Tribunal
Constitucional.
(www.publico.es, 30/06/10)
39) PONS: "ZAPATERO ES EL PRESIDENTE ROJO QUE REPRESENTA A LOS NO
CREYENTES"
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, no se contuvo en sus
críticas al presidente del Gobierno en el programa de Telemadrid El círculo a primera hora.
"Nunca ha querido ser el presidente de todos", dijo Pons, para luego añadir: "Ha sido el
presidente rojo frente a los que no eran de izquierda, el presidente de los no creyentes frente a

la Iglesia Católica, de los trabajadores frente a los empresarios, de las minorías o mayorías
frente a otras minorías u otras mayorías".
A su juicio, Zapatero "divide" para obtener "una parte" a la que representar, pero "nunca suma"
y ahora los ciudadanos pagan el resultado de "esa falta de ambición" para representar al
conjunto de la sociedad. Frente al presidente que sólo quiso representar a "una mitad de
España", Pons llamó de manera "urgente" a recuperar los valores de la transición y advirtió de
que instituciones neutrales, como el Tribunal Constitucional o el CIS, han sido "sometidas a una
separación partidista".
Siguiendo por esa línea de la crítica feroz, Pons se fijó en el último Barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) que anunciaba que el PP veía recortada su ventaja sobre el
PSOE a sólo 1,5 puntos, más de la mitad que tenía a principios de año. Según Pons, la
encuesta del CIS ha sido "cocinada" con datos "manipulados, rebozados, fritos y refritos" y
lanzado por el Gobierno en plena "semana negra" para la política económica.
"El CIS está sesgado, han entrevistado a un 14% más de socialistas que el resto de partidos y
cualquier cálculo hecho a partir de ese error en la muestra, es erróneo", dijo. Como ejemplo,
indicó que, según la encuesta, "hay más ciudadanos que ven TVE que el resto de televisiones
sumadas" y afirmó que es "obvio" que ese dato "no es real". "Si tuviéramos que atenernos al
CIS llegaríamos a la conclusión de que los ciudadanos castigan la emisión de publicidad en la
televisión", remachó.
Sin embargo, Pons no fue tan crítico con el CIS cuando esa misma encuesta otorgaba al PP
casi cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE en enero.
Para González Pons, la muestra de los entrevistados "no está bien hecha", por lo que es
"normal" la baja valoración que obtiene el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. No
obstante, precisó que llama la atención que José Luis Rodríguez Zapatero "siga siendo el
presidente —del Gobierno— peor valorado de la historia de la democracia española" teniendo
en cuenta la "muestra tan sesgada hacia el PSOE".
Añadió que desde que se tomaron las muestras se han publicado tres encuestas que
"contradicen" a la del CIS y apuntan una distancia del PP, dijo, "en torno a 5 o 6 puntos".
"El Gobierno sabe muy bien lo que hace cuando lanza una encuesta manipulada, mejor dicho
cocinada como la de ayer, con la intención de que se abra, durante esta semana negra de
nuevo para la política económica de Zapatero, el debate de si el PP puede o no", señaló, para
destacar que el Partido Popular puede afrontar el cambio que se pide en la calle y que "ni el
CIS va a poder evitarlo".
(www.publico.es, 11/05/10)
40) DÍAZ FERRÁN DECLARA ANTE LA POLICÍA POR SUS NEGOCIOS EN BALEARES
Está imputado en el 'caso mar blau', de estafa y cohecho en los puertos
El aún presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán -su sustituto será elegido el
martes-, declaró ayer como imputado ante el grupo de Delincuencia Económica en el complejo
policial de Canillas de Madrid. El empresario tuvo que responder sobre las circunstancias en
las que sus empresas lograron y cedieron concesiones de negocios millonarios de marinas de
lujo en concursos públicos de la Autoridad Portuaria de Baleares. Estas operaciones mueven
millones de euros.
El juez de Palma que lleva el caso mar blau, Antonio Rotger y los fiscales anticorrupción Pedro
Horrach y Miguel A. Subirán, indagan desde 2008 un supuesto escándalo de corrupción
enmarcado en presuntos delitos de estafa, negociaciones prohibidas, alteración de precios en
concursos y subastas y cohecho. La causa la abrió una querella desde un club social de Mahón

que perdió su concesión histórica ante Trapsa yates, de Díaz Ferrán y su socio Gonzalo
Pascual, de Marsans, en fiasco económico.
Díaz Ferrán se hizo con la explotación de muelles y clubes deportivos privados en los tres
grandes puertos públicos de Palma, Mahón e Ibiza. La escasez de amarres, el altísimo nivel de
los barcos y una clientela poderosa generaba grandes rendimientos.
También ha declarado como imputado Juan Verger, ex presidente del ente público portuario
(2003-2007), ex presidente del PP balear y del Consell de Mallorca y consejero de Fomento
con Jaume Matas. Con Verger está encausado el director del puerto de Palma, Angel de
Matías. Ambos son señalados como los muñidores de las concesiones a Díaz Ferrán y sus
afines.
El caso salpica también al presidente del ente portuario, Francesc Triay, ex líder del PSOE
balear que firmó concesiones que iniciaron sus antecesores. A Triay le asiste un abogado del
Estado.
www.elpais.es 18.12.10
41) EL JUEZ DICTA LA QUIEBRA PERSONAL DE DÍAZ FERRÁN
El tribunal declara el concurso obligatorio de acreedores para el ex propietario de Marsans y le
quita la administración de sus bienes
Más problemas para Díaz Ferrán. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha
dictado el concurso necesario de acreedores, antigua suspensión de pagos, del ex propietario
de Viajes Marsans, en quiebra, y presidente saliente de la CEOE. Además, el juez ha decidido
suspender "el ejercicio de las facultades de administración y disposición del deudor sobre su
patrimonio, siendo sustituido por el administrador concursal". En el auto se llega a afirmar que
Díaz Ferrán está en "estado de insolvencia".
Con esta decisión, el juez acepta los argumentos expuestos por Viajes Olympia para recuperar
el dinero que le adeuda Díaz Ferrán, aunque la cadena NH también había presentado una
petición en el mismo sentido. A partir de ahora, los acreedores del antiguo propietario de
Marsans como persona física, no de sus empresas, que también han sido declaradas en
suspensión de pagos, tendrán un mes de plazo para comunicar los créditos impagados por el
aún presidente de la CEOE.
Previamente a la decisión de , el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid dictó el pasado
día 13 el embargo preventivo de los bienes de Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, para
cubrir el déficit patrimonial de 417,3 millones de euros que acumula Viajes Marsans, porque
pueden resultar culpables del concurso de acreedores en que se encuentra el grupo turístico
desde este verano.
Según el auto judicial, el único bien que figura en la causa a nombre de Díaz Ferrán es "una
vivienda unifamiliar sita en la calle Juan Belmonte nº 15, Parque Conde de Orgaz", sobre la que
existe "una hipoteca en garantía de 4.513.925 euros de principal, 812.506,50 euros de
intereses indemnizatorios y 100.000 ¤ para costas y gastos judiciales". Pero el problema es que esa casa está "bajo embargo preventivo a favor de Pullmantur", que reclama al empresario
11,5 millones de deuda entre principal, intereses de demora, gastos y costas.
La deuda que reclama Viajes Olympia Mediteráneo y por la que esta empresa ha instado la
quiebra o concurso de acreedores es de 1.137.840.34 euros.
www.elpais.es 29.11.10

42) GÜEMES VIVE EN LA MISMA URBANIZACIÓN DE LUJO QUE FRANCISCO CORREA,
ALEJANDRO SANZ, Y CRISTIANO RONALDO
Es una de las urbanizaciones más lujosas de toda España. Se sitúa en la localidad madrileña
de Pozuelo de Alarcón, donde la trama Gürtel campaba a sus anchas cuando el ex marido de
Ana Mato, Jesús Sepúlveda, era alcalde. Si alguien desea comprarse una parcela de 3.000 a
10.000 metros cuadrados en "Los Lagos de la Finca" deberá desembolsar entre 5 y 7 millones
de euros. Con estos precios, es lógico que sólo los cantantes más conocidos -como Alejandro
Sanz-, los empresarios más punteros, -como Antonio Catalán-, o los futbolistas que más
camisetas venden -como Raúl, Fernando Torres o Cristiano Ronaldo-, puedan disfrutar de los
encantos de esta urbanización. Todos ellos son vecinos de Juan José Güemes, uno de los
pocos políticos que puede permitirse vivir en el que quizás es el gueto más exclusivo de
España.
Es difícil explicar como Güemes ha conseguido vivir en una urbanización donde las viviendas
tienen piscina cubierta, gimnasio luminoso, sala de cine privado, decenas de habitaciones y
una cocina con más metros cuadrados que el piso de cualquier ciudadano de clase media
español. Y es que Güemes, que hasta el pasado mes de marzo era consejero de la Comunidad de Madrid, ha dedicado la mayor parte de su vida a la política.
La política, “casi toda” su vida profesional
Él mismo lo reconoció el día que, junto a Esperanza Aguirre, presentó su dimisión: “La política
no es una profesión para toda la vida. Llevo 17 años y nunca pensé que pudiera durar tanto,
cumplo 41 el 30 de junio, es casi toda mi vida profesional”. Y es que hasta que en el año 1993
le llamó Rodrigo Rato para trabajar para el Partido Popular, el puesto más importante que
Güemes había desempeñado fue el de becario del Banco Central Hispano en el área de
mercado de capitales.
Menos que sus vecinos
Su cima en la política le llegó de la mano de Esperanza Aguirre. Primero fue consejero de
Empleo y Mujer. Después, dirigió la cartera de Sanidad. Sin embargo, Güemes siempre ha sido mucho más ratista que aguirrista. Con el ex ministro de Economía del Partido Popular, Güemes fue asesor parlamentario del PP en el Congreso, más tarde director adjunto del vicepresidente y, finalmente, secretario general de Turismo. Sin duda, todos ellos son cargos importantes pero poco remunerados si se comparan con las profesiones de los habitantes de La Finca.
Yerno de Fabra
Eso sí, a diferencia de sus vecinos, Güemes, que procede de una familia conservadora y
modesta, puede presumir de esposa. El ex alto cargo de Esperanza Aguirre está casado con
Andrea Fabra, diputada nacional del Partido Popular e hija del polémico y multi-imputado
presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
Vecino de Correa
Que Güemes vive en "La Finca" no trascendió a los medios de comunicación hasta que estalló
el caso Gürtel. El principal cabecilla de la trama corrupta ligada al Partido Popular también vivía
en esta elitista urbanización. Eso sí, parece que Correa poseía una vivienda más grande que el
ex consejero de Aguirre. De hecho, Güemes habita en la parte más modesta de "La Finca".
Aún así, en esta parte, en la que abundan los chalés adosados, es difícil alquilar una vivienda
por menos de 7.000 euros al mes.
“Los ricos la eligen por seguridad”
Este lunes, Joaquín Torres Vázquez, arquitecto y promotor de "La Finca", explicaba que el éxito
de esta urbanización reside, en parte, en que decenas de cámaras te vigilan: cuando cruzas

una de las garitas de entrada, cuando conduces por los viales adornados de lavandas, cuando
pasas por el lago de los patos… “Por un lado, se ha puesto de moda. Tiene un factor
aspiracional, pero, sobre todo, los ricos la eligen por la seguridad. Están obsesionados. Es un
sistema acorazado, aquí puedes dormir con la puerta abierta”, agrega.
Excesos
Sin embargo, Torres se muestra tajante cuando señala, consciente del derroche que le rodea,
que no quiere “pertenecer a este mundo de excesos”. Excesos que se materializan en el
gimnasio –es el segundo más grande de Europa-, en el restaurante Urretxu, en las tiendas
Business Class, o en el Reebok Sport Club que forman parte de la zona de ocio de la
urbanización de Güemes.
(www.elplural.com, 13/04/10)
43) EL JUICIO A FABRA VUELVE A RETRASARSE OTRO AÑO TRAS EL RECURSO DE
LA FISCALÍA
El fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, tras concluir la instrucción del proceso contra Carlos
Fabra, aventuró el pasado otoño que el juicio al presidente del PP y de la Diputación en
Castellón tendría lugar la "próxima primavera". Eso fue antes de la decisión de la sección
segunda de la Audiencia Provincial de Castellón que, de forma sorprendente para las
acusaciones y para el juez instructor de Nules, ha archivado cuatro de los cinco supuestos
delitos fiscales de los que se acusa a Fabra, por considerar que han prescrito. Tanto
Anticorrupción como la UCE, acusación popular en el caso, han anunciado la presentación de
sendos recursos ante el Tribunal Supremo, lo que demorará la causa "entre ocho meses y un
año" según fuentes del caso.
Carlos Fabra sigue acusado de un supuesto delito fiscal cometido en 1999, tráfico de
influencias y un posible cohecho, pero las acusaciones quieren que también responda ante la
Justicia por los cuatro supuestos delitos fiscales cometidos entre 2000 y 2003, cuando habría
ocultado a Hacienda 3,6 millones de euros y defraudado una cuota cercana al millón.
La sección segunda de la Audiencia Provincial considera que estos delitos han prescrito porque han pasado más de cinco años desde la supuesta comisión del último delito sin que nadie hubiera interpuesto una demanda o ampliación de querella para detener el plazo de
prescripción.
Pero las acusaciones recuerdan que la misma sala de la Audiencia Provincial, que ahora
archiva la causa para esos delitos, ordenó en 2006 la investigación de la renta y el patrimonio
de Carlos Fabra entre 2000 y 2003. Una orden que debería ser suficiente para detener la
prescripción. Además, recuerdan, existe una denuncia anterior de la Agencia Tributaria,
correspondiente a la renta de Fabra de 1999, que debió paralizar el plazo prescriptivo según la
UCE.La acusación popular confía en que el Tribunal Supremo admita los recursos contra la
prescripción de los cuatro delitos fiscales. La decisión del Alto Tribunal sobre la admisión a
trámite puede ser "bastante rápida" según fuentes del caso, pero el fallo definitivo que permitirá saber de cuántos delitos se juzga posiblemente a Carlos Fabra tardará mucho más porque el Supremo "tiene sus tiempos", dicen las mismas fuentes.
En cualquier caso, la situación ha supuesto un balón de oxígeno para el Partido Popular en la
provincia de Castellón y también en la Comunidad Valenciana, que temía la celebración del
juicio oral en vísperas de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Tanto por el
peso específico de Carlos Fabra en la dirección provincial del PP, admiten fuentes del partido,
como por las consecuencias para la cúpula regional y el propio Francisco Camps, quien ha
mostrado en diversas ocasiones su apoyo sin fisuras a la figura del líder del PP en la provincia
de Castellón. En el Partido Popular se vivía ayer un moderado optimismo porque si al final tiene lugar el juicio, se celebrará cuando Carlos Fabra haya abandonado la presidencia de la
Diputación y, "tal vez", según las mismas fuentes, la presidencia provincial del partido en
Castellón, por lo que carecería del impacto mediático que tiene en la actualidad.

Connivencia judicial
La decisión de la Audiencia Provincial de Castellón ha provocado las críticas de los grupos de
la oposición y en concreto de la diputada autonómica de Iniciativa Mònica Oltra, quien ha
censurado la "connivencia" entre el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, y Carlos
Fabra. La diputada ha recordado las "estrechas relaciones" entre ambos, como prueba que
"Fabra sufragase a través de la Diputación la edición de un libro de la esposa de Domínguez".
La portavoz de Iniciativa reclama a Domínguez "imparcialidad y objetividad" y se pregunta
"cómo es posible que la Justicia sea tan dura con cualquier ciudadano de a pie" a quien "le
resulta prácticamente imposible librarse por una cuestión formal", y haya actuado "de esta
forma con Fabra".
Por su parte, la vicesecretaria general provincial del PSPV en Castellón, María José Salvador,
invitó ayer a Fabra a "abrir una asesoría fiscal para dar consejos de cómo engañar a
Hacienda", después de que "todo el PP esté presumiendo de la estrategia judicial que le ha
permitido librarse".
www.elpais.es 30.12.10
44) FABRA, ACUSADO DE TRES DELITOS: "ESTOY SATISFECHO Y ALEGRE"
El presidente de Castellón presume porque una parte del fraude fiscal que se le imputaba ha
prescrito
El presidente del PP y de la Diputación en Castellón, Carlos Fabra, se mostró ayer "satisfecho
y alegre" con la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, que
ha dictado el sobreseimiento libre de cuatro de los cinco supuestos delitos fiscales que se le
imputan. Fabra pasó por alto que todavía está acusado de un posible delito fiscal, cohecho y
tráfico de influencias, y aseguró que el "archivo" es "tanto como la absolución". Se jactó de que
no le van a "poder juzgar de nada" en referencia a los cuatro delitos fiscales, obviando que el
fallo judicial será recurrido ante el Supremo por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación
popular.
• El líder provincial dice que ha sufrido "una persecución política y fiscal"
• "La alegría del PP por la prescripción causa estupor", señala la oposición
Fabra compareció ante los medios de comunicación rodeado de diputados del PP,
simpatizantes y asesores de la institución que preside, quienes no dudaron en jalear y aplaudir
a la finalización de alguna de sus respuestas a los periodistas.
A pesar de las acusaciones que todavía recaen sobre él, Fabra intentó trasladar la imagen de
que ya ha sido "absuelto". Afirmó que ha sido "exonerado" de unos supuestos delitos y que
"más de uno" se había "llevado un disgusto". Calificó de "sainete" la investigación de la fiscalía
y apeló al victimismo al aseverar que ha sufrido "una persecución política y fiscal desde hace
siete años por encima de lo que una persona humana puede soportar".
Fabra hizo un alegato de la prescripción como causa legal para su "absolución", subrayando
que "simplemente se ha aplicado la ley" y comparándose con el portavoz socialista en Las
Cortes valenciana, al manifestar que "si la prescripción vale para Ángel Luna también vale para
Fabra".
El presidente provincial se permitió criticar la labor de los distintos jueces de Nules y de
Anticorrupción quienes "no hicieron los deberes como debían haberlos hecho" y "dejaron pasar
el tiempo de prescripción". "Ahora han prescrito, yo qué quieren que les diga", añadió. La
fiscalía, la acusación popular y el juez instructor discrepan con los magistrados de la Audiencia
Provincial respecto a la prescripción. Interpretan que los plazos habían quedado paralizados
desde el momento en que la Agencia Tributaria presentó su denuncia correspondiente a la

declaración de la renta de Fabra de 1999, por lo que no eran necesarias querellas posteriores
sobre los supuestos delitos fiscales detectados entre 2000 y 2003.
Los peritos de Hacienda tuvieron múltiples dificultades para elaborar su informe, clave en la
investigación del fraude, quienes vieron cómo determinadas entidades financieras tardaron
meses o no facilitaron la documentación necesaria.
Fabra se revolvió cuando se le preguntó si, como político, no debía dar explicaciones sobre los
3.6 millones que ingresó sin justificar y sobre la supuesta cuota defraudada cercana al millón
de euros que figura en la investigación de 2000 a 2003. Su única y desabrida respuesta fue
que él da las explicaciones "ante un juez". Pero la realidad es que en su primera
comparecencia ante el juzgado para testificar por delito fiscal se acogió a su derecho a no
declarar, y en la segunda no contestó a las preguntas de las acusaciones.
Fabra dijo que no había "visto por ningún sitio los tres millones" en ingresos que le atribuye el
informe pericial, se mostró convencido de que la Audiencia también ha sobreseído el cohecho y aseguró que demostrará su inocencia en el resto de acusaciones. Reiteró por último que no se presentará a las próximas elecciones.
Las explicaciones ofrecidas por Fabra no son suficientes para la oposición. Ayer, el secretario
general de los socialistas de Castellón, Francesc Colomer, reclamó al dirigente del PP que
explicara "quién le ingresaba tanto dinero y a cambio de qué". "Apelar a la prescripción
constituye un insulto para todos los ciudadanos que pagan sus impuestos", concluyó.
En una línea crítica semejante se pronunció el coordinador local del PSPV en Castellón, Mario
Edo, quien anunció que "uno de los ejes de la campaña electoral será la lucha contra la
impunidad del fabrismo". La diputada autonómica de EUPV, Marina Albiol, afirmó que "la
alegría del PP por la prescripción de cuatro delitos causa estupor a cualquier demócrata".
www.elpais.es 29.12.10
45) EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR REHABILITA A RICARDO COSTA
El grupo parlamentario popular ha rehabilitado a su ex secretario general Ricardo Costa en las
Cortes valencianas. Costa pasa a formar parte de la dirección del grupo parlamentario como
responsable de la coordinación del área económica y defenderá los presupuestos de la
Generalitat en el Parlamento valenciano. Además, abandona el escaño número 98, el último de
la bancada popular, y se sentará en el número 52, justo detrás del actual portavoz del grupo y
consejero Rafael Blasco.
Como estaba previsto, Blasco ha aprovechado la reunión del grupo parlamentario para
rehabilitar la figura del ex secretario general de los populares y ha devuelto protagonismo a
quien hasta octubre del año pasado fue la mano derecha del presidente de la Generalitat,
Francisco Camps. La decisión de la dirección nacional del PP, adoptada el pasado mes de
septiembre, de indultar a Ricardo Costa y levantarle, antes de tiempo, la suspensión de
militancia facilita ahora la rehabilitación de Costa en la recta final de la legislatura.
Costa regresa a la primera línea en el grupo parlamentario justo un año después de que el
vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmara en la celebración del 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana, que "la fiesta en Valencia se acaba". Tras meses de revelaciones en torno a la trama valenciana del caso Gürtel, y de la publicación de
conversaciones grabadas por la policía a Costa y Álvaro Pérez, El Bigotes, la dirección
nacional del PP forzó a Campa a destituir al entonces secretario regional y portavoz
parlamentario. La insinuación de Costa de que continuaba siendo secretario general cuando
Génova ya le daba por relevado desembocó en la suspensión de militancia.
(www.elpais.com, 06/10/10
46) FEIJÓO ENSEÑA SUS COSTURAS
Empequeñeció las siglas del PP en el atrezo de campaña cuando arreciaba lo más duro de la
trama Gürtel, rompió con su imagen de vicepresidente de Fraga llegando a admitir en público
algunos errores del antiguo régimen, pero sobre todo prometió regenerar la vida pública tras el
bipartito que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. Ese era el candidato Alberto Núñez Feijóo,
que se proponía regresar a la Xunta pidiendo perdón, mitin a mitin, "en nombre de la política",
para conjurar los pecados de PSOE y BNG. Prueba de su convicción, cesó de forma fulminante al cabeza de cartel en Ourense, Luis Carrera Pásaro, llamado a convertirse en gurú económico del futuro gobierno, cuando supo que se iba a revelar que había cobrado comisiones no declaradas en paraísos fiscales.
El episodio sucedió a semana y media de las autonómicas de 2009 y Feijóo buscó el espejo de Obama, que por aquellos días también había relevado a quien iba a ser su jefa de control
presupuestario, Nancy Killefer, por no haber declarado el sueldo de su empleada del hogar. "El
presidente de los Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer y yo he hecho lo que tenía que
hacer", sentenció entonces Feijóo.
De esa cita hace año y medio. Además de recuperar el poder en Galicia -o sobre todo por eso el presidente de la Xunta se ha convertido en líder emergente del PP nacional y una de las
voces que más influye en Mariano Rajoy. Tal y como había prometido, la nueva cara amable de
la derecha ha rebajado antes que ningún otro presidente regional los gastos de su
Administración, suprimido cuatro de 12 consejerías y 47 altos cargos con sus correspondientes
chóferes y coches oficiales. No hay rueda de prensa del Gobierno gallego en que "la austeridad de Feijóo" no salga a relucir, mientras la oposición aprovecha para denunciar recortes sociales como el fin de la gratuidad universal de los libros de texto.
De aquel discurso de la regeneración democrática que prometía cortar de raíz cualquier
sombra de duda, antes incluso de que intervenieran los juzgados, no hay noticias. A pesar de
que durante estos 18 meses se han sucedido las imputaciones judiciales de altos cargos del
Gobierno, el presidente evita echar mano ya de la doctrina Obama. Y eso que en su primer año
de legislatura, Feijóo tuvo oportunidad de toparse con su propio caso Killefer. Ana María Díaz
López, directora general de Formación y colocación en la consejería de Trabajo, fue
condenada en sentencia firme por despido improcedente (de una empleada sin contrato y sin
seguro en un domicilio y un restaurante familiar) Feijóo optó por dejarlo correr. Un año después, Díaz sigue en su puesto y a principio de cada mes hace balance de los datos del paro. Igual que el hombre fuerte del Gobierno, Agustín Hernández, que preside el departamento más inversor, la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, aún después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo haya imputado por certificar en falso desde su anterior puesto como director de infraestructuras la Diputación de Pontevedra el final de una obra que apenas había comenzado a una constructora, Sercoysa, en la que él mismo había trabajado como directivo. Hernández, aforado por ser miembro del Gobierno, compareció este viernes ante el tribunal y regresó como si nada a su consejería. Feijóo sigue respaldándolo. Es su hombre para las obras públicas porque, según repite en público y en privado, está seguro de que el consejero "pudo meter la pata, pero nunca la mano".
El jefe territorial de este mismo departamento en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal,
también mantiene su silla después de que este diario revelase hace semanas que en 2001
pagó 156.166 euros a la trama Gürtel (a través de la firma Special Events de Francisco Correa) por un informe para instalar un sistema de información telefónica a ganaderos que en la Xunta nadie encuentra por ningún lado.
En este primer año de Gobierno del PP, se ha desvelado además que el delegado de la misma consejería, responsable del urbanismo en Pontevedra, Evaristo Juncal, tiene un chalé ilegal por el que en 24 años no ha pagado el IBI en el Ayuntamiento donde es concejal. Juncal había saltado ya a los titulares cuando se supo de sus negocios con testaferros de narcos. El
presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana, también se ha dado de bruces con el juzgado. La fiscalía le atribuye haber autorizado en tiempos de Fraga una piscifactoría por "intereses económicos ajenos". El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, que se ha visto involucrado en un fraude de ayudas de la Unión Europea, sigue representando a todas las consejerías del Gobierno gallego en aquella provincia. No hay
noticia de que ni Feijóo ni el PP vayan a aplicar el rigor del código ético que rige en los
estatutos del partido.
El compromiso de "acabar con el caciquismo en un solo día" que el nuevo PP gallego, y sobre
todo su líder, abanderaron también es papel mojado. En Ourense, donde el sempiterno barón,
José Luis Baltar provincial, ha cedido los trastos del partido a su hijo, José Manuel, se repiten
los enchufes para acceder a la Diputación. Familiares e hijos de los compromisarios que
permitieron a Baltar, tras treinta años de mandato, sucederse a sí mismo, han copado las
nuevas plazas de funcionario en la Diputación de Ourense. Y mientras, la oposición no deja de
repetirse qué debe pasar para que Feijóo cese por fin a alguien en la Xunta o el partido.
(www.elpais.com, 05/07/10)
47) LOS CASOS QUE EL PRESIDENTE NO QUIERE VER
- Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, imputado por el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia por certificar obras en falso.
- Ana María Díaz, directora de Formación y Colocación en la consejería de Trabajo, condenada
por despido improcedente.
- El jefe territorial de Medio Ambiente en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, pagó 156.000
euros a Gürtel por un informe que no aparece. Su homólogo en Pontevedra, Evaristo Juncal,
delegado de urbanismo, tiene un chalé ilegal.
- El presidente de Puertos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, denunciado por el fiscal
que ve prevaricación en el permiso de una piscifactoría.
- El superdelegado en Pontevedra, Rogelio Martínez, imputado por fraude documental.
(www.elpais.com, 05/07/10)
48) LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD
La mitad de las adjudicaciones de las consellerías en 2010 se efectúan a dedo
Se suceden los gobiernos, se multiplican las promesas pero, a la hora de la verdad, ninguno
renuncia al ventajoso sistema de la adjudicación directa. Sólo en los 11 primeros meses de
2010, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha repartido más de 151 millones de euros en 733
procedimientos negociados sin publicidad. Eso supone que más de la mitad de las
adjudicaciones del Gobierno gallego han sorteado la publicación en el Diario Oficial de Galicia
(DOG), por un importe que supera al 8% del total destinado a contratos de obras y servicios.
Deportes distribuyó en un solo día dos millones de euros entre 56 clubes
La ley de contratos del sector público establece el procedimiento negociado como una
modalidad que debe estar justificada por razones "técnicas", "artísticas" o "de urgencia", y que
no deben superar los 60.000 euros salvo excepciones. Con este sistema, la Administración
debe consultar con un mínimo de tres candidatos, de los que resultará un adjudicatario elegido
por la mesa de contratación. Eso dice la ley, pero otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la
realidad, ya que tanto el Gobierno de Feijóo como el bipartito o antes el de Fraga exprimen al
máximo un sistema que ni propicia la competencia entre licitadores ni promueve la
concurrencia en condiciones de igualdad.
Los 733 contratos negociados sin publicidad firmados entre enero y noviembre de 2010, ambos incluidos, figuran en la propia plataforma de contratación de la Xunta en Internet, que funciona desde 2008 y se puede consultar en la web de la Xunta. La cantidad total asciende a
150.847.542 euros. Su número total supera en 73 (un 11%) al de contrataciones de obras y
servicios de la Xunta que se publicaron en el DOG en el mismo período, por una cantidad total
de 1.667 millones de euros. En esa cifra entran grandes contrataciones como el hospital de
Vigo, que supera los 300 millones.
Aunque todas las consellerías recurren a este sistema, la de Medio Rural es la que más
destaca. También ha empleado muy recientemente el mismo método la Fundación Deporte
Galego, que el pasado 2 de diciembre repartió de una tacada 1,9 millones de euros entre 56
clubes mediante una orden firmada por el presidente de la comisión ejecutiva, el director
general de Deportes, José Ramón Lete. El informe del Consello de Contas de 2006 destapó un fraude en las ayudas a federaciones y clubes deportivos, y atribuía a Lete "graves deficiencias" en su gestión de Deportes durante el mandato de Manuel Fraga.
En este caso, ninguno de los clubes seleccionados supera el límite legal de 60.000 euros sin
IVA que la ley establece para los contratos a dedo, listón que se han saltado en abundantes
ocasiones otros departamentos del Gobierno gallego acogiéndose a las excepciones que
establece la ley. Es lo que hizo la Presidencia de la Xunta para contratar "sistemas de
alimentación ininterrumpida para los nodos de la red corporativa de la Xunta" (254.310 euros);
Educación, para "las actividades Abrapalabra e ola, ola, la!" (206.800 euros), y Medio Rural,
para los servicios de "difusión y divulgación de información agroganadera y forestal" en Lugo y
Ourense (125.000 euros cada contrato).
www.elpais.es 06.12.10
49) RAJOY PLANTEA CREAR REFORMATORIOS PARA NIÑOS DE ENTRE 12 Y 14 AÑOS
Partidario de reformar de la Ley del Menor de forma "contundente", el presidente del Partido
Popular, Mariano Rajoy, ha abogado por internar en centros públicos a niños entre 12 y 14
años que delincan. El objetivo de esta medida sería prevenir casos como el de El Rafita -uno
de los implicados en la muerte de Sandra Palo, detenido en seis ocasiones desque que es
mayor de edad- que considera "inaceptables" y que transmiten a la gente una sensación de
"caos" y de que el Estado "no funciona".
Rajoy ha señalado en una entrevista en Telecinco que "siempre es mejor prevenir que curar",
pero que una vez que se producen hechos delictivos, con su propuesta los niños de 12 a 14
años serían internados en un centro público "para que se rehabiliten y para que cambien la
orientación que llevaba su vida", puesto que "una vez que la prevención no ha funcionado, hay
que curar".
El PP, según ha subrayado Rajoy, se muestra a favor de que "si los menores han cometido
delitos graves, cuando tengan 18 años, vayan a la cárcel". En cuanto a los "delitos brutales" ha
insistido en la idea lanzada últimamente de la prisión permanente revisable . "La hay en otros
muchos países de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional español ha dicho que se ajusta
a la Constitución", ha dicho. Además, ha asegurado que estainiciativa "se debatirá en las
Cortes en los próximos meses". Para Rajoy, una persona que comete delitos como el asesinato de niñas "sólo puede salir a la calle si a juicio de las autoridades penitenciarios o médicas es una persona que ya está en sus cabales y no va a seguir igual".
Por otra parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha
asegurado que los especialistas consideran que la Ley del Menor funciona, y que "cualquier
reforma debe plantearse desde el sosiego" y "no desde el dolor de las víctimas o a golpe de
telediario". Bravo, que durante los últimos tres días ha asistido a unas jornadas de menores en
Andalucía, ha asegurado que la conclusión de los profesionales que "día a día están aplicando
la ley" es "positiva" y que no se corresponde con la imagen "ineficaz" que se muestra a la
sociedad desde los medios de comunicación.

(www.elpais.com, 04/03/10)
50) RAJOY y EL CASO MATAS: "LE DESEAMOS LO MEJOR Y, SI PUEDE, QUE
DEMUESTRE SU INOCENCIA"
A Mariano Rajoy le comunicaron ayer al mediodía en La Laguna, Tenerife, que su antiguo
amigo y compañero de Gobierno Jaume Matas había pedido la baja temporal en el PP.
"Nosotros la vamos a aceptar, como es natural", dijo el presidente del partido.
"Le deseamos lo mejor al señor Matas y que se defienda y... En fin, si puede, que demuestre
su inocencia", dijo después. Ese "si puede" dio lugar a todo tipo de especulaciones sobre la
confianza del presidente del PP en el futuro de Matas, que se enfrenta a una petición de fianza
de tres millones de euros e imputaciones de delitos que suman décadas de cárcel. En su
comparecencia de prensa, Rajoy no parece imprimir maldad alguna a sus palabras, aunque sí
desinterés. Rajoy quiso añadir inmediatamente después de esta frase: "El PP será implacable
en la lucha contra la corrupción".
La frase contrasta con su defensa a ultranza de imputados por graves delitos relacionados con
la corrupción, como el ex tesorero Luis Bárcenas, a quien el partido le paga el abogado, y que
mantiene su escaño y su despacho en Génova.
(www.elpais.com, 30/03/10)
51) RAJOY INSISTE EN ATACAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA IDENTIFICÁNDOLA CON LA
GRIEGA
Poco importa que organismos económicos internacionales como la OCDE o el FMI
desmintieran a quienes trataban de comparar España con Grecia. Mariano Rajoy parece
empeñado en transmitir esa imagen, a pesar de los nefastos efectos que ello podría tener para
el país en los mercados internacionales. El líder del PP ha proclamado desde el Congreso que
la economía española "recauda como la griega, gasta como la griega y ha llegado a un déficit
público muy similar". Luego ha añadido que la situación no es "equiparable" porque mientras la
UE "se puede plantear" el rescate de Grecia "sería inimaginable" hacerlo en el caso de España "en los mismos términos".
Aprovechando el debate monográfico en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre del
último Consejo de la Unión Europea, celebrado en Bruselas los días 25 y 26 de marzo en el
que se acordaron los mecanismos de ayuda de emergencia a la economía griega, el líder del
PP ha lanzado duros ataques contra la política económica del Gobierno.
Rajoy ha criticado la subida del IVA –aprobada para sanear las cuentas públicas- y la falta de
reformas estructurales, denunciando que en el Paco de Zurbano se desaprovechó la
"oportunidad excelente" para afrontar "sin dilación" una contención del gasto público, según ha
recogido EFE. "No le extrañe que en Europa no se tome en serio ni sus medidas ni sus
intenciones", sentenció, no sin antes advertir a Zapatero de que " le queda muy poco tiempo
para evitar problemas mayores". En cualquier caso, Rajoy ha expresado el apoyo del PP a la
operación de rescate griego para defender el euro.
Previamente, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que las medidas
adoptadas para ayudar a Grecia podían servir para devolver definitivamente la calma a los
mercados financieros, y valoró la gestión que realiza en el caso griego la presidencia española
en la UE

No es la primera vez que Rajoy insiste en los paralelismos entre la situación de España y de
Grecia, incluso la FAES del PP lleva meses tratando de desprestigiar la imagen del país en los
mercados internacionales. Y todo ello a pesar de que organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han avalado la solvencia financiera del
Gobierno español y subrayaron las diferencias con los problemas de la economía del país
heleno. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) constató la credibilidad de las cuentas
públicas españolas.
(www.elplural.com, 21/04/109
52) EL AJUSTE DE RAJOY SE QUEDA EN 111 MILLONES
"Estoy dispuesto a hablar con usted de sus propuestas para la reducción del déficit, pero
debería usted hacer antes otras cosas y se las voy a decir". Fue el momento del debate de en
el que el líder del PP, Mariano Rajoy, defendió su alternativa al ajuste del gasto planteado por
el presidente del Gobierno.
Básicamente, su planteamiento es la eliminación de varios ministerios, que desaparecerían sin
más (la vicepresidencia de Política Territorial, el Ministerio de Vivienda y el de Igualdad) o que
se integrarían en otros (los de Cultura y Sanidad, que se juntarían, respectivamente, con
Educación y con Trabajo), y una revisión en profundidad de las subvenciones públicas. En este
punto, su propuesta concreta fue la reducción de las ayudas que reciben del Presupuesto del
Estado los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales empresariales.
¿En qué se quedaría el ajuste alternativo expuesto por el líder conservador? En poco más de
110,9 millones de euros; esto es, el 0,06% del gasto no financiero del Estado de este año.
Por un lado, esta cantidad incluye no la reducción, sino la eliminación completa de las
subvenciones a partidos, sindicatos y patronales. Son unos 107,8 millones, frente a los 103.024 millones del capítulo presupuestario de transferencias corrientes. Aquí se recogen, entre otras partidas, las subvenciones; pero el grueso de este capítulo son el dinero de la financiación autonómica, la aportación al presupuesto de la Unión Europea, el de-sempleo, los
complementos para las pensiones mínimas de la Seguridad Social o aportaciones diversas a
organismos públicos.
El PP, en su alternativa, propone revisar todas las partidas de subvenciones y eliminar las que
no estén debidamente justificadas. Tal revisión, según los expertos consultados, afectaría
especialmente a las transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro, donde se
localizarían lo que se entiende por subvenciones. Es una partida de 2.950 millones, donde,
entre otras cosas, están las becas, las ayudas a los inmigrantes, las prestaciones para
ancianos y enfermos incapacitados, el pago del turno de oficio, las subvenciones al transporte
con Canarias y Baleares y, también, el dinero para partidos, sindicatos y patronales.
Los expertos apuntan que tampoco hay mucho que rascar con la eliminación de algunos
departamentos ministeriales. El ahorro que se puede lograr se centra en los altos cargos, pues
el resto de los funcionarios seguiría empleado y los programas de gasto los asumirían otros
ministerios. En el caso de los cinco departamentos que Rajoy propuso eliminar, la partida de
altos cargos suma apenas 3,1 millones, el 0,01% del total del capítulo de gasto de personal del
Presupuesto vigente.
En su intervención en el debate, el líder del PP anunció que votaría en contra del ajuste
presentado por el Gobierno, fundamentalmente por la congelación de las pensiones, si bien
abogó por una mayor austeridad en el gasto público. El presidente del Gobierno y el portavoz
del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, utilizaron el mismo argumento: aunque el PP
proclama austeridad, todas las propuestas que ha presentado en el Parlamento suponen más
déficit.
(www.publico.es, 13/05/10)

53) RAJOY RECONOCE QUE VOTÓ CONTRA EL RECORTE PARA HERIR A ZAPATERO
Se puede decir más alto, pero no más claro: “El PP no contribuirá con su voto, señor Zapatero,
a que usted siga ahí”. Con esa inequívoca declaración de intenciones, Mariano Rajoy verbalizó
en el Congreso lo que ya casi todos sabían. El rechazo del PP al plan de ajuste –perjudicial
para su imagen de partido de gobierno, tanto en España como en el resto de Europa– tiene
como principal objetivo seguir torpedeando al jefe del Ejecutivo. O lo que es lo mismo, dar un
paso más hacia la convocatoria de unas elecciones anticipadas que lleven a los conservadores a la Moncloa por la vía rápida.
Rajoy decidió responder personalmente desde la tribuna la intervención de la vicepresidenta
Elena Salgado, en espera de una réplica de Zapatero que no llegó. El popular cargó cual
general de húsares contra el líder socialista. “Este plan es insuficiente, injusto e improvisado.
Se quiere imponer y lo presenta una persona en la que no creemos y que es un lastre para la
economía española”, sentenció.
Pese a que respondía a la intervención de Salgado, el dirigente conservador no se dirigió en
ningún momento a la ministra y siguió mordiendo a su presa, el presidente del Gobierno: “Este
decreto no merece nuestro apoyo ni el señor Zapatero está en condiciones de pedirlo. Hoy, no
solo asistimos a la quiebra de sus propios planteamientos: este decreto es el fracaso de toda
su política”. Tras el Pleno y en conversación informal con periodistas, Rajoy admitió su enfado
porque Zapatero no había recogido el guante y no había entrado al cara a cara en el debate. Y
es que el líder del PP ansiaba un turno de réplica extra que le hubiera permitido, además,
recalcar al portavoz de CiU que ambos persiguen el mismo objetivo –que Zapatero dimita–
pero con la diferencia que al líder de UDC le interesa que lo haga después de las elecciones
catalanas. También quería ahondar Rajoy en su reproche al Ejecutivo por no haber sido capaz
de encontrar “un hueco en la agenda” para abordar con él un camino alternativo para reducir el
déficit, sin congelar las pensiones y reducir el salario de los funcionarios. “Estas medidas se
han tomado a la ligera y cargan sobre las capas más indefensas de la sociedad”, apostilló.
En este contexto, el dirigente conservador hurgó en la herida que más duele a los socialistas y
dijo que han ido a por los pensionistas porque no tienen “ninguna capacidad de defensa”.
“España, lo que necesita es un plan integral de actuaciones que, además de reducir el gasto,
busque liberalizar mercados y consolidar el sistema financiero”, afirmó.
Finalmente, Rajoy quiso hacer un guiño a la Unión Europea para amortiguar los efectos
colaterales de su rechazo a un plan ordenado desde Bruselas: subrayó que es cierto que
Europa “ha obligado” a España a recortar el gasto público, pero sin indicar “dónde había que
meter la tijera”. A su entender, la elección de las partidas y de los colectivos afectados era
responsabilidad exclusiva de Zapatero, lo que le llevó a concluir que los recortes sociales se
podían haber evitado sin contradecir las consignas enviadas desde la UE. “Reducir el déficit, sí, pero no así. La peculiar manera de hacer las cosas de su Gobierno es el principal motivo de
desconfianza sobre la economía española”, concluyó el líder de la oposición.
(www.elperiodico.com, 28/05/10)
54) RAJOY INSISTE EN QUE ZAPATERO TRAICIONÓ A LOS MUERTOS DE ETA
El PP se dio un auto homenaje. Nostálgico, para algunos de sus dirigentes. Reivindicativo,
según otros. José María Aznar reunió a sus tres ministros de Interior (Jaime Mayor Oreja, Ángel
Acebes y Mariano Rajoy) en la presentación de España, camino de libertad, un libro escrito por
el diputado Ignacio Cosidó y Óscar Elía, de FAES, en el que repasan la política antiterrorista de los gobiernos conservadores. Todos ellos aprovecharon para exigir a José Luis Rodríguez
Zapatero que no vuelva a negociar con ETA y no permita que el entramado político de la banda
terrorista regrese a las instituciones en las elecciones de 2011.
Durante su intervención, Rajoy insistió en que con los terroristas "ni se negocia, ni se dialoga".
"Al chantaje del terror no se cede. Por razones morales, democráticas y porque negociar con

ETA es mantener viva su esperanza", proclamó. A su advertencia se sumaron las críticas. La
principal, echarle en cara a Zapatero que tratara de negociar con ETA durante la legislatura
pasada. "Quiero pensar que no se va a repetir nunca y, si se repitiera, actuaré como entonces",
adelantó. Se refería a su actuación en el debate sobre el estado de la nación de 2005, donde
Rajoy acusó al jefe del Ejecutivo socialista de "traicionar a los muertos". Sus palabras
generaron mucha polémica y hasta en sus filas las consideraron "excesivas".
Lejos de olvidarlas, Rajoy las recuperó y se ratificó en ellas. Eso sí, sin pronunciarlas de
nuevo: "Que no me vea obligado a decirle a ningún presidente lo que le dije. Yo garantizo que a
mí nunca me lo podrá decir nadie", comentó en medio de los aplausos del público.
Ahora que se habla de que Batasuna podría emplazar a la banda terrorista a abandonar las
armas y decretar una nueva tregua para el verano, el líder del PP quiso marcar terreno: " Ni
ETA ni sus franquicias se pueden presentar nunca a ninguna elección democrática y ETA es un
todo, no es sólo un pistolero. Y hay que luchar contra el todo utilizando todos los instrumentos
que nos da la ley y nada fuera de ella", dijo alertando de que los comicios serán "un test
definitivo".
Rajoy señaló que "los errores siempre se pagan" y, de paso, cargó contra la situación
económica. Aznar había hecho un paralelismo similar. El presidente de la FAES también alertó
sobre "el juego temerario de los que quieren experimentar con nuevas operaciones de
distracción". A su juicio, es "de los que alimentan falsas expectativas que no son más que un
plato recalentado de la cocina de ETA, aderezado por sus apoyos políticos y presentado por
supuestos mediadores internacionales para hacerlo más atractivo a las voluntades erráticas y a los cálculos oportunistas".
En el PP creen que el fin de ETA podría estar cerca y que el Gobierno podría rentabilizarlo
electoralmente. Por eso, el autor, Ignacio Cosidó, quiso diferenciar a su formación de las
demás resaltando que "jamás negoció con ETA" cuando gobernó. "No hubo loiolas, ni de
juanas, ni faisanes", resaltó. Olvidaba que el propio Aznar reconoció hace meses que autorizó
contactos con ETA, tras el alto el fuego de 1998, y que confirmó que en junio de 1999 hubo una
reunión a la que mandó a Javier Zarzalejos, Ricardo Martí Fluxá y Pedro Arriola.
Por su parte, Acebes pidió que no se le reconozca a Batasuna "una naturaleza y vocación
distintas de las de ETA", porque ese era "el paso previo a su reconocimiento como actor
político legitimado para concurrir a unas elecciones". "Es decir, el mayor balón de oxígeno que
podría recibir", destacó. Fue la única persona que recordó a la ex presidenta del PP vasco
María San Gil.
También habló Mayor. El portavoz del Partido Popular en Europa aseguró que la crisis, la
debilidad institucional y el Estatut catalán "acrecientan las esperanzas" de ETA. Y mantuvo que
el Ejecutivo está preparando "una segunda parte más sofisticada" de la negociación política.
(www.publico.es, 15/06/10)
55) EL PP APOYA LOS RECORTES EN IRLANDA Y PORTUGAL PERO NIEGA EL AVAL A
ZAPATERO
El PP apoya el rescate de la Unión Europea a Irlanda, y por tanto el gran recorte de gastos y
subida de impuestos que implica. Y ve con buenos ojos que el PSD, su socio en Portugal,
apoye desde la oposición los Presupuestos del Gobierno socialista que implica recortes de
pensiones y sueldos de funcionarios y subidas de impuestos, IVA incluido. Pero en España, los
populares rechazan los recortes del Gobierno, similares a los planteados en esos países.
Esta aparente contradicción la resolvió ayer Dolores de Cospedal, la secretaria general, con
dos ideas. Primero, el problema de España es específico, y se llama José Luis Rodríguez
Zapatero y la falta de confianza que genera. Y segundo, cada país es un mundo.

"Nosotros apoyamos el rescate porque lo ha aprobado la UE. Pero en Irlanda el problema lo
tiene el propio sistema financiero irlandés y, afortunadamente, parece que España se
encuentra ahí en una situación más clara. El problema de España es la falta de confianza en el
Gobierno. Cada situación es distinta y diversa y, por lo tanto, no son extrapolables", remató
Cospedal.
Al contrario de lo que sucedió con el rescate de Grecia, el PP está siendo muy cauteloso y
evita comparar a España con Irlanda. "España no es Grecia pero Grecia está como está por
políticas como las de España", dijo Mariano Rajoy en mayo. Ahora, a la vista de que Irlanda ha
llevado a cabo precisamente lo que propone el PP, que la ponía como ejemplo -recortes de
impuestos y privatizaciones- el tono es otro. La cúpula del PP se reunió ayer en la habitual
sesión de maitines y decidió apostar por la prudencia y la responsabilidad, según fuentes de la
dirección. Rajoy y su equipo están preocupados, y quieren evitar contribuir al descrédito. "Hay
que dejar claro que España no es Irlanda", decidieron en maitines.
Sin embargo, no todos los dirigentes del PP mantienen esa cautela. José Manuel Soria, líder
del PP canario, escribió ayer en su blog: "Hay otra cuestión que en estas horas circula por los
pasillos europeos. ¿Será España la siguiente candidata?"
A la misma hora en que el PP se reunía, en la sede federal del PSOE también se hablaba de
Irlanda. La ejecutiva federal analizó la época en la que el PP ponía a este país como ejemplo
de buen hacer, con políticas liberales para salir de la crisis. El presidente José Luis Rodríguez
Zapatero trató de convencer a los suyos, con todas las comparaciones posibles, no solo de que la situación de Irlanda no es en absoluto equiparable con la de España, sino que, además, no se iba a producir el temido contagio. Resaltó que el sistema financiero español no atraviesa por los problemas del irlandés. Además, aunque la presión sobre la deuda española es fuerte, su diferencial con la alemana cerró ayer en 208 puntos, mientras la irlandesa se quedó en 544
pese al rescate.
Ahora bien, la preocupación en el PSOE existe, como reconocen miembros de la ejecutiva. "Le
pedimos al PP, que en estos momentos de dificultad, en Europa, y en España, evite hacer
declaraciones y tener actitudes que perjudiquen a nuestro país; le pedimos un poco de
patriotismo", exhortó el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias.
(www.elpais.com, 23/11/10)
56) PP VUELVE A AGITAR EL FANTASMA DE HUNGRÍA PARA ATACAR A ZAPATERO
El PP insiste en la estrategia de comparar la situación económica de España con la de Grecia y Hungría. El sábado lo hizo su presidente, Mariano Rajoy, y ayer la secretaria general, Dolores
de Cospedal, agitó de nuevo el fantasma de un colapso económico a la húngara en Coma-ruga
(Tarragona). "El viernes las autoridades de Hungría decían que el Gobierno anterior había
mentido acerca de la situación económica en el país", dijo Cospedal. "Pero ¿qué pasó? Que en cuanto hay una crisis de confianza en cualquier aspecto de la economía europea o de un país que pertenezca a Europa, inmediatamente donde más repercute es en la economía española.
Hemos pasado del milagro español a ser un país intervenido".
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, contestó a la dirigente popular en un acto
celebrado en Banalup-Casas Viejas (Cádiz). "El PP no se da cuenta de que estamos jugando
con la imagen de España", dijo. "Cuando lo que está en juego es la imagen del país como serio y solvente, que lo es, ¿ayuda en algo que el PP ande diciendo lo que dice? No. Y no es que el PP esté haciendo daño al Gobierno. Está haciendo daño a España". "No es divertido", añadió, "porque las cosas no están para bromas".
(www.elpais.com, 07/06/10)

57) RAJOY VA A LA COLA DEL PARO PARA HACERSE UNA FOTO
Primero blandió unos tomates en un mitin para valorar la resolución del caso Haidar y sus
supuestas consecuencias para los agricultores. Luego se vistió de cocinero en un comedor
social para felicitar el año de la crisis a quienes menos motivos tienen para celebrarlo. Mariano
Rajoy se apuntó a la cola del paro para hacerse una foto y prometer un despido barato desde
las páginas del diario El Mundo.
Su gusto por la localización de exteriores para ambientar su mensaje político llevó al presidente
del PP a servirse de una oficina del Inem cerrada para hacer gestión ficción y prometer que
"cuando gobierne bajará el paro". Este anuncio encabeza una entrevista ambientada en la calle
que recoge la inusual imagen de un líder político dejándose fotografiar frente a la veintena de
personas que esperan a que abra la oficina del paro. En el making of de la entrevista, que El
Mundo colgó en su web, Rajoy despide un entrecortado diálogo con uno de los parados que
esperan su turno con un circunstancial "mucho ánimo" y un gesto que cualquier técnico en
comunicación no verbal calificaría de distante.
Con esa puesta en escena, Rajoy apunta en la entrevista su fórmula para recuperar la
economía y el empleo: "Soy partidario de un nuevo contrato que contemple una menor
indemnización por despido". La receta del PP contra la crisis se completa con su disposición a
"congelar el sueldo de los funcionarios". Es urgente una reforma laboral", advierte el líder
conservador sin concretar detalles porque "no me corresponde como líder de la oposición",
aunque apunta maneras de corte ultraliberal: "Terminar con el monopolio del Inem" y flexibilizar
la negociación colectiva.
Analizando la coyuntura económica frente a una cola del paro, Rajoy achaca a Zapatero una
"demagogia barata" por desmarcarse de las propuestas del PP aduciendo "problemas
ideológicos". Su repaso de cuatro páginas al día a día político busca ambientación en otros dos escenarios, el Congreso, donde se muestra confiando en que aumente la ventaja que
conceden al PP las encuestas, y la fachada de la sede de su partido, lugar en el que la
corrupción ligada a las siglas conservadoras se convierte en protagonista: "Maldita la gracia
que me ha hecho" el caso Gürtel, reconoce Rajoy.
"¿Pondría la mano en el fuego porque el PP no se ha financiado a través de esa trama?",
pregunta El Mundo. "En lo que yo conozco, sí", responde Rajoy. "¿Tampoco a nivel regional?",
replica el entrevistador. "Yo creo que no, pero claro, yo no sé lo que puede hacer un
Ayuntamiento en un sitio o en otro. Eso es muy complicado, pero yo creo que no", se limita a
sortear el líder del PP que admite tener "algunos defectos muy chungos", aunque apunta uno
publicable: "Mi mayor defecto no es, desde luego, mi falta de autoridad", apunta sin que nadie
previamente le haya preguntado por ella.
58) EL CÓDIGO ÉTICO DE RAJOY SE QUEDA EN PAPEL MOJADO
El 21 de diciembre de 2009, el Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobaba a bombo y platillo
su denominado código de buenas prácticas. Lo hizo con el objetivo de "establecer con
precisión unas pautas de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos,
responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización", según
recoge el primero de sus párrafos. Una forma de transmitir a la opinión pública que el partido
no estaba dispuesto a tolerar más escándalos de corrupción como el caso Gürtel o el Palma
Arena. Pero que no acaba de arrancar.
Ahora, a punto de cumplirse cinco meses desde que el comité ejecutivo nacional del partido
diera luz verde a este nuevo código ético, que sustituía al aprobado por José María Aznar en
1993, su puesta en práctica está estancada. En la formación presidida por Mariano Rajoy
justifican que el engranaje no será perfecto hasta que no se celebren nuevas elecciones, dado
que algunas de las medidas por las que apuestan estos mandamientos éticos, como la
realización de concursos públicos para los actos o la de la firma de la carta de compromisos
por parte de los cargos públicos, tienen un vínculo más directo con los procesos electorales.

Pero lo cierto es que en ninguna de las 12 páginas de este documento se circunscribe la
aplicación de su articulado a un momento determinado. El incumplimiento más reciente de
este código de buenas prácticas se está produciendo desde que el pasado miércoles el
Tribunal Supremo decidiera reabrir la causa de los trajes contra el presidente valenciano,
Francisco Camps.
Destacados dirigentes conservadores han empezado ya a restar importancia al hecho de que
Camps esté imputado por cohecho, ya que presuntamente aceptó que los cabecillas de la
trama Gürtel le regalasen trajes por valor de más de 12.000 euros. Y Rajoy mantiene
inquebrantable su apoyo. Todo pese a que Camps pone en entredicho el punto del articulado
que recoge "la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no
correspondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". En su día, cuando el
PP anunció este código, Ana Mato, vicesecretaria de Organización, insistió en que el texto "va
más allá de los requisitos que marca la ley".
Según admiten en la dirección nacional del partido y en diferentes direcciones regionales, la
parte más avanzada, en lo que a su aplicación se refiere, es la de la carta de compromisos, el
documento que contiene "obligaciones de carácter ético y deontológico" para los integrantes de las filas conservadoras. A día de hoy, ya descansan en el número 13 de la madrileña calle de Génova, sede nacional del partido, las cartas de compromisos de los cargos orgánicos. Las de los cargos electos no han sido exigidas hasta la fecha. Y tampoco se prevé. Será a partir de las próximas citas electorales cuando el PP demande a sus candidatos que rellenen este formulario en el que figura, entre otros aspectos, una declaración de bienes y actividades, la prohibición de aceptar regalos o el compromiso de comunicar a la dirección del partido la
apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional.
El formato de este documento que los cargos del PP deben remitir firmado a la sede nacional
es el mismo para todos y recoge, según las fuentes consultadas, "cosas obvias, de sentido
común para la gente que se dedica a la política". "No aporta ninguna novedad a lo que se venía
haciendo anteriormente. Pero el partido se vio obligado a recurrir a esta fórmula para vender un lavado de cara ante las presiones mediáticas y políticas en plena ebullición del caso Gürtel",
explica un dirigente regional.
El incumplimiento de las normas y observaciones incluidas en esa carta lleva, según el
documento, "la imposición de las sanciones previstas en los estatutos y en el reglamento del
régimen disciplinario". Hasta la fecha, el partido no ha hecho pública ninguna sanción a sus
cargos en base a la no observancia de los principios de este nuevo código ético. Tampoco hay
rastro de ese documento en la página web del partido, una de las promesas con las que nació.
Otro de los puntos fuertes del nuevo código ético es el referido al procedimiento de
contratación, gestado en un momento en el que la forma en la que las empresas de la trama
Gürtel habían conseguido organizar actos de partido en Madrid y en la Comunidad Valenciana
estaba bajo sospecha.
Tanto en la sede nacional del PP como en diferentes direcciones regionales aseguran que
"algunos" de los actos celebrados en los últimos meses se han adjudicado mediante concursos, pero no precisan cuáles. Y recalcan que, cada vez con mayor frecuencia, el partido está dejando de recurrira empresas externas para realizar este tipo de eventos.
De hecho, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró el día de la presentación de este código que para la convención del partido que había tenido semanas antes en Barcelona no se había recurrido a ninguna firma ajena a la formación. Pero no se han dado más detalles. Además de concretar las instrucciones internas de contratación, los
conservadores tienen como tarea pendiente la constitución de las denominadas mesas de
contratación del Partido Popular en los distintos ámbitos territoriales. Son estas las que deben
velar para que estos procesos cumplan el código de buenas prácticas. También se echa en
falta en la web del partido el apartado denominado Perfil del contratante, en el que deberían
figurar las instrucciones a la hora de contratar publicidad, viajes y actos.

Fuentes de la formación consultadas por Público explicaron que próximamente se producirá un
impulso en estos cumplimientos, una vez que José Manuel Romay Beccaría tomó ya el pasado
lunes de manera oficial las riendas de la tesorería del partido en sustitución de Luis Bárcenas,
imputado en el caso Gürtel.
Al ex ministro también le ha correspondido la función de ejercer de auditor de prácticas internas velando por el cumplimiento de este código ético. Asimismo, está previsto que elija un nuevo gerente de su confianza en sustitución de Cristóbal Páez, algo que en Génova consideran que contribuirá también a avanzar en el cumplimiento de estas normas internas. En menos de un año, el partido se ha comprometido a hacer pública una auditoría externa.
El código de buenas prácticas que el PP aprobó hace casi cinco meses es la herencia del
denominado código ético presentado por el ex presidente José María Aznar el 24 de abril de
2003, a raíz de los escándalos de corrupción que salpicaban a la Administración de Felipe
González. En el citado documento de 1993 figuraba que "más allá de las normas jurídicas,
subyace en toda democracia un compromiso ético entre gobernantes y gobernados" que exige
a los políticos "especial dedicación a las tareas públicas que se le han encomendado en
defensa de los intereses públicos". Además, establecía la "expulsión inmediata del partido"
para quienes utilizasen "el propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo
público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros".
(www.publico.es, 1705/10)
59) CAMPS RECIBIÓ TRAJES "CON OPACIDAD Y DE FORMA REPETIDA", SEGÚN EL
SUPREMO
La sentencia del Tribunal Supremo que ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de
Valencia que prosiga las investigaciones sobre los regalos de la trama corrupta Gürtel al
presidente Francisco Camps y otros altos cargos de la Generalitat valenciana apunta a que los
trajes y demás prendas de vestir se entregaron "de forma repetida" y "con aparente opacidad",
y sin que hasta el momento haya otra justificación que la función pública de los implicados.
La sentencia del Supremo deja para el desguace la argumentación del tribunal presidido por
Juan Luis de la Rúa, el magistrado "más que amigo" de Camps, según éste, y que suscribió el
juez del mismo tribunal José Luis Ceres. Por el contrario, la Sala de lo Penal ha estimado el
primer motivo de casación de la fiscalía, lo que es suficiente para no estudiar los demás.
En síntesis, y de acuerdo con la tesis del fiscal, el Supremo ha estimado que la interpretación
de De la Rúa dejaría "vacío de contenido" y "prácticamente haría desaparecer" el delito de
cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal.
La sentencia opone serias objeciones al auto de De la Rúa, que no aceptó que hubiese
relación de causalidad entre los trajes regalados y la función pública desempeñada por los
imputados. Para que se diese esa relación de causalidad era preciso "un acto del funcionario"
en atención a la dádiva admitida.
El recurso de la Fiscalía del Supremo entendía, por el contrario, que en el delito de cohecho
impropio no es necesario un "acto" del funcionario que recibe el regalo, porque lo que pretende
el que regala es "poner en nómina" al beneficiario, colocándole en una situación de absoluto
agradecimiento a su benefactor, de tal forma que cuando se le pida un acto a favor del
donante, no tenga posibilidades físicas o morales de negarse.
La sentencia del Supremo explica que el delito de cohecho impropio exige una "conexión
causal" entre la entrega de la dádiva o regalo y la "función" pública de la autoridad o
funcionario. Por tanto, debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo
ofrecido y aceptado sea "la condición de funcionario" de la persona cohechada. Es decir, que
"sólo por la especial condición de poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dádiva objeto del delito".

El Tribunal Supremo considera "cuestión distinta" la cuantía, proporcionalidad o dimensión de
la dádiva o regalo y su adecuación a los usos sociales, que es un criterio "que debe servir para
recoger desproporciones evidentes".
Esta doctrina es aplicable al presidente Francisco Camps, al ex vicepresidente del Consell de
la Generalidad, Víctor Campos Guinot, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo,
Rafael Betoret, teniendo en cuenta sus respectivas funciones.
El alto tribunal deja al instructor de la causa, el juez José Flors, la decisión sobre la inculpación
del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. Según la sentencia, el
sobreseimiento provisional -no el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones respecto de Costa- no sería en principio "descartable", pero teniendo en cuenta el estado del proceso, debe devolverse este al instructor, "que aún podría practicar nuevas diligencias". Por tanto, la
imputación de Costa será cuestión sobre la que tendrá que pronunciarse ahora el juez
instructor José Flors.
Al examinar las cuestiones planteadas con carácter previo por la defensa, el Supremo señala
que en la causa contra Camps ha recaído una imputación judicial "equivalente al
procesamiento". Según el alto tribunal, el TSJ de Valencia hace suyos los hechos fácticos
delimitados en el auto del juez Flors, y asume igualmente el conjunto de personas sobre las
que debería girar la imputación.
(www.elpais.com, 19/05/10)
60) CAMPS Y SU GOBIERNO AFRONTAN HASTA SIETE DELITOS POR SU RELACIÓN
CON LA TRAMA GÜRTEL
No se trata exclusivamente de un delito de cohecho impropio por haber aceptado regalos de
trajes de un contratista de la administración valenciana. La rama valenciana del caso Gürtel, la
más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de
los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino
de ser juzgado. Por la puerta que abrió la reciente sentencia del Supremo que volvió a imputar
a Camps, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, ha decidido enviar el grueso de la causa valenciana al Tribunal Superior de
esta comunidad autónoma. En esa causa figuran indicios de hasta siete delitos vinculados a la
corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y
tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe
de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda
de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral).
El juez recoge en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que
Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en
lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de
autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos). Otros delitos que se apuntan en el
auto son los de falsedad en documento mercantil, cometida supuestamente para pagar de
forma irregular facturas del PP; y blanqueo de capitales. La decisión de Pedreira de inhibirse en favor del Tribunal valenciano, que ya estableció en febrero pasado que los informes policiales sobre financiación ilegal del PP había que investigarlos aunque rechazó hacerlo por una cuestión de competencias en ese momento procesal, se produce a instancias de la fiscalía, que justifica la necesidad de tomar esta decisión ahora para "evitar la prescripción de los delitos electorales". Anticorrupción se basa en los informes de la Brigada Policial contra el Blanqueo de 31 de julio de 2009 y los de las unidades de auxilio judicial de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria, de 13 de abril y 6 de mayo de este año. Según esos informes, hay dos grandes bloques de supuestos delitos que, de acuerdo con la fiscalía y el juez, aconsejan "su acumulación" al procedimiento que instruye el juez valenciano José Flors por "la conexidad" con los investigados en esa causa, consistentes en el "regalo de prendas de vestir a funcionarios públicos".

Por una parte, Pedreira apunta los delitos de tráfico de influencias en la contratación de la
empresa Orange Market con la Generalitat valenciana. El Gobierno de Camps adjudicó al
menos 85 contratos entre 2004 y 2009 a la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez,
en su mayor parte de forma irregular, por un total de 7,2 millones de euros. "Por ello", señala el
ministerio público, "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420", lo que implicaría que no sería objeto de juicio con jurado y la
condena pasaría de una multa a la inhabilitación para ejercer cargo público.
Por otra parte, están los supuestos delitos electorales, que implican a media docena de
empresarios que habrían financiado irregularmente al PP valenciano a través de Orange
Market y que, también de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, podrían determinar "una
diferente valoración jurídica" de los regalos percibidos por Ricardo Costa. Según la Agencia
Tributaria, el PP valenciano ocultó a Hacienda 2,5 millones en la campaña autonómica y local
de 2007. Costa, que fue forzado a dimitir de su cargo de secretario general para convertirse en
la única víctima política hasta el momento del caso Gürtel en el PP valenciano, ve esfumarse
así las posibilidades de quedar apartado del procedimiento por cohecho pasivo impropio en el
que está envuelto junto a Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex jefe de gabinete
de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.
En relación con la supuesta financiación ilegal, el auto señala a Luis Bárcenas, ex tesorero
nacional del PP, y Cristina Ibáñez, administradora del PP valenciano en 2007, como
responsables. Y afirma que con ellos habrían cooperado el propio Costa, el vicepresidente de
la Generalitat, Vicente Rambla, el diputado y vicesecretario del PP valenciano David Serra, y la
ex tesorera y diputada autonómica Yolanda García. Y también dos personajes aún sin
identificar, conocidos como El Cantante y El Príncipe, que efectuaron los pagos por cuenta del
PP.
(www.elpais.com, 27/05/10)
61) UNA JUEZA CONSERVADORA RELEVARÁ A DE LA RÚA
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplió ayer con su principal función logrando el
nombramiento de seis presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJM). Entre ellos, el
de Pilar de la Oliva, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, en
sustitución de Juan Luis de la Rúa al frente del TSJ de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El desatasco de los nombramientos que todavía no se ha solucionado para la plaza vacante
por jubilación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha sido posible gracias a dos factores.
El primero, la necesidad de realizarlos para evitar el desgaste que suponía para la institución
su incapacidad de alcanzar un consenso suficiente para renovar los cargos judiciales que
requieren una mayoría de 13 votos.
El otro ha sido fundamental para los nombramientos, aunque también lo fue para posponerlos.
Consiste en las divisiones que se han producido en los bloques tradicionales del Consejo entre
vocales progresistas y conservadores.
Para relevar al juez al que el president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, llamó
"más que amigo", ha sido necesario designar también presidente del TSJ andaluz a Lorenzo
del Río. El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz fue portavoz de la asociación
Francisco de Vitoria, el mismo cargo que ocupó en Jueces para la Democracia el flamante
titular del TSJ de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno.
Precisamente, el nombramiento de este último dividió durante meses a los vocales progresistas
del CGPJ. Un sector consideraba prioritario que se nombrara un magistrado de talante
progresista en el TSJ valenciano, que tiene en sus manos una parte del caso Gürtel, mientras
que otro, capitaneado por Margarita Robles, prefería renunciar a esta plaza, a cambio de
sustituir a Maria Eugènia Alegret, de la APM, en Catalunya. Y eso que muchos coinciden en su
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo : Balance 2010 63
buen hacer durante su primer mandato y es habitual renovar estos cargos en esas
circunstancias.
Para que hubiera nombramientos, el otro sector progresista optó por ceder Valencia, siempre y
cuando también se eligiera al presidente del TSJ andaluz y no fuera un conservador, como
querían los vocales propuestos por el PP.
Pero el férreo bloque que tradicionalmente han mantenido los magistrados conservadores ayer
se rompió. Y dos vocales, Concepción Espejel y Claro José Fernández, se alinearon con los
progresistas. Así también se reeligió a Vicente Manuel Rouco en Castilla-La Mancha, a Antonio Juan Castro en Canarias y a José Luis Concepción en Castilla y León.
(www.publico.es, 29/10/10)
62) EL PP CIERRA EL CAMINO DE CASCOS HACIA LA PRESIDENCIA DE ASTURIAS
El comité electoral elige a Isabel Pérez-Espinosa candidata al Principado
Los adversarios de Francisco Álvarez-Cascos en el PP asturiano se han salido con la suya,
dado que la dirección nacional le ha cerrado el camino a que pudiera ser el candidato a la
presidencia del Principado en las elecciones de mayo. El Comité Electoral Nacional, presidido
por Miguel Arias Cañete, diputado y ex ministro con José María Aznar, al igual que Cascos,
decidió ayer nombrar como candidata a Isabel Pérez-Espinosa, después de debatir los pros y
los contras de consentir que el ex ministro fuera el candidato.
 La ausencia de consenso sobre el ex ministro es la causa de la decisión
La ausencia de consenso en torno al ex ministro en Asturias y, por tanto, el temor a que la
división se hiciera aún más profunda, es la causa fundamental de que Génova haya optado por
la concejal del ayuntamiento de Oviedo, Isabel Pérez-Espinosa. No obstante, si hubiera más
seguridades, aparte de lo que indican las encuestas, de que con Álvarez-Cascos el PP
obtendría mayoría absoluta, Mariano Rajoy hubiera apoyado esa candidatura, "a pesar de que
en el Congreso de Valencia no le apoyó sino que era claro partidario de Esperanza Aguirre",
indican fuentes de la dirección del PP. Aguirre ha expresado continuamente su apoyo a la
candidatura de Cascos, considerándolo "un valor seguro" y un claro ganador.
Las últimas declaraciones a favor de Cascos se produjeron a primera hora de la tarde de ayer,
cuando estaba reunido el comité electoral para tomar una decisión. La portavoz del PP de
Madrid, Lucía Figar, señaló que "decir que Cascos es el mejor candidato posible es decir algo
evidente a ojos de todo el mundo, sobre todo de los asturianos". La presidenta de la
Comunidad de Madrid aseguró el pasado 28 de diciembre que no solo ella, sino también otros
presidentes, en concreto de Galicia y La Rioja, apoyaban a Cascos. Y estas afirmaciones
tuvieron réplica inmediata en el PP de Asturias cuyo vicesecretario de comunicación, Joaquín
Fernández, pidió a Aguirre que "se metiera en sus asuntos". Además, reprochó a la presidenta
madrileña sus juicios que, dijo, están "dañando las posibilidades electorales del PP de
Asturias".
Lo cierto es que al margen de las opiniones de presidentes autonómicos del PP, en la dirección nacional se ha tenido en cuenta la división interna en Asturias y las dudas sobre el resultado para no apoyar a Cascos. Los partidarios del ex ministro han batallado duramente con la petición insistente de que se celebrara un congreso extraordinario. Su pretensión era que todos los militantes pudieran votar al candidato. La dirección nacional lo rechazó. Junto a la candidata asturiana, el comité electoral eligió a otros tres nuevos candidatos: José Ramón Bauza, para Baleares; José Antonio Monago, para Extremadura, y Santiago Cervera, para Navarra.
www.elpais.es 31.12.10

63) UNA EMPRESA DE CASCOS FACTURÓ A LA 'TRAMA GÜRTEL'
Los documentos de Hacienda incorporados al sumario demuestran que Tecnas,
propiedad del ex ministro y de su esposa, facturó 69.600 euros en 2008 a Creative Team,
una sociedad ligada a la red
El ex vicepresidente y ex ministro conservador de Fomento Francisco Álvarez Cascos facturó
69.600 euros en 2008 a la empresa Creative Team SL, investigada en el caso Gürtel y
presuntamente ligada a Guillermo Ortega, ex alcalde del PP en Majadahonda (Madrid).
Cascos, aspirante a candidato del PP en Asturias, facturó esos 69.600 euros a través de
Tecnas SL, sociedad presidida por él mismo y que controla accionarialmente junto con su
esposa, María Porto. Su objeto social comprende desde la elaboración de proyectos
urbanísticos a la emisión de informes sin campo determinado.
El ex ministro se niega a desvelar qué servicios prestó a Creative Team
Durante su mandato como ministro de Fomento (2000-2004), tres empresas de la red corrupta
obtuvieron 2,2 millones de euros en contratos de Aena. En febrero de 2009, el supuesto jefe de
la trama, Francisco Correa, declaró ante el juez Baltasar Garzón. Y dijo esto: "Paco Cascos,
con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de Aena".
En una breve conversación telefónica con este diario, el ex ministro rehusó ayer de manera
tajante desvelar qué clase de servicios prestó Tecnas SL a Creative Team SL, compañía
dedicada a la tenencia de activos, aunque su actividad real continúa bajo investigación. Al
frente de Creative Team estuvieron, sucesivamente y como presuntos testaferros, los
abogados Luis de Miguel Pérez y Santiago Lago Bornstein, ambos imputados en la causa. En
el último año, el juez Pedreira ha ordenado rastrear los posibles contratos otorgados a
Creative Team, así como las cuentas a su nombre.
Durante la charla telefónica, Cascos adujo que no tiene nada que explicar sobre "relaciones
privadas" entre empresas. Lamentó los "intentos" por vincularlo con la red corrupta y negó de
nuevo cualquier conexión con ella. Enfatizó que Tecnas es una empresa "honorable". Y
remachó que su compañía "no figura en el sumario".
El ex titular de Fomento lamenta el "intento" de vincularlo al caso
El listado de Hacienda
Pero la relación comercial de Tecnas con Creative Team está acreditada precisamente por el
sumario, cuyo secreto levantó el juez Antonio Pedreira el pasado día 3. Su denominación
social, la cantidad facturada y su CIF, el carnet de identidad de las sociedades, figuran en el
listado remitido por Hacienda al juez instructor sobre las operaciones con terceros efectuadas
por Creative Team en 2008. Ese listado muestra que Creative Team declaró ese año compras
(es decir, pagos) a siete proveedores. Al menos dos de los siete, Castellana 168 SL y Soluci
SA, tienen o han tenido como administrador a Luis de Miguel Pérez, según los datos de los
registros mercantiles.
Los 69.600 euros cobrados a Creative Team situaron a Tecnas SL en el segundo puesto de la
relación de proveedores de Creative Team en cuanto a volumen de facturación. Y supusieron
el 9% de los ingresos anuales de Tecnas en 2008 (764.855 euros), ejercicio en el que obtuvo
un beneficio neto de 41.748 euros. Las otras empresas comandadas por Cascos registraron
pérdidas.
"Paco Cascos me dio la cuenta de Aena", declaró Correa ante el juez
El nombre de Cascos, que nunca ha estado imputado, ha ido saltando a la palestra
periódicamente desde el inicio del caso Gürtel. Una frase pronunciada por el supuesto jefe de

la trama, Francisco Correa, colocó al ex ministro en el ojo del huracán apenas iniciada la
instrucción: "Yo le he llevado a Bárcenas [ex tesorero del PP] más de 1.000 millones por
adjudicaciones de obras de la época de Cascos". Correa no sabía que el ex edil del PP José
Luis Peñas, luego denunciante del caso, estaba grabando aquella conversación. Y su
contenido acabó trascendiendo. Durante su declaración judicial, Correa alegó que sus
palabras se habían "malinterpretado". Y que lo que en realidad quería decir es que, al
ofertar a la baja sus servicios, le había ahorrado al PP 1.000 millones de las antiguas pesetas.
Seis millones de euros.
El ex vicepresidente y ex número dos del PP ya había negado cualquier ligazón con Correa y
su grupo cuando, tras el estallido del caso, trascendió que AENA, la empresa gestora de los
aeropuertos estatales, había otorgado numerosas adjudicaciones a Special Events, TCM y
Pasadena Viajes, tres de firmas de la trama.
Meses más tarde, el Gobierno cifró la cuantía exacta en una respuesta parlamentaria: las tres
sociedades cobraron de Aena 2,2 millones de euros entre 2000 y 2003. De ese monto, 1,2
millones se correspondían con expedientes de adjudicación. El resto, con contratos menores.
Instrucciones del alcalde
Por lo que concierne a Creative Team, los documentos incautados a la trama constatan que
Luis de Miguel pedía instrucciones al entonces alcalde del PP en Majadahonda, el imputado
Guillermo Ortega. Uno de esos documentos es una carta dirigida a Ortega y fechada el 27 de
enero de 2004. "Adjunto le remito la declaración de IVA de la sociedad Sundry Advices SL y
Creative Team SL para su presentación en Hacienda (...)", comienza la misiva. "Estoy a su
disposición para cuantas aclaraciones estime pertinentes", dice en su segundo y último
párrafo.
Este diario preguntó ayer al abogado de Ortega si su cliente ha reconocido ser propietario de
Creative Team. No ha admitido nada, dijo el letrado, quien subrayó que la instrucción está
"prácticamente parada". Pero los datos recabados a instancias del juez indican una
estrechísima relación de Ortega con Creative Team y con otra sociedad, Sundry Advices.
Lo que dijo Correa
El comienzo del ascenso
En su declaración ante el juez Pedreira, Francisco Correa señaló a Cascos y a Luis Bárcenas,
ex tesorero del PP, como los artífices de su ascenso en el PP. Según Correa, que no dio
fechas exactas pero citó como marco temporal el bienio 1993-1994, fue entonces cuando
empezó "a trabajar regularmente en la organización de mítines para el Partido Popular".
El secretario general
Cascos llevaba ocupando la secretaría general del PP desde 1989. Era el número dos de José
Aznar. Pero, según Correa, la decisión de a quién contratar "no la tomaba siquiera el secretario general". Había, contó el presunto jefe de la red, "un grupo de personas". Y ese grupo, sostiene Correa, estaba integrado por Cascos, Jesús Sepúlveda, en aquellas fechas secretario electoral y luego alcalde de Pozuelo (Madrid) y Javier Arenas, que niega esa versión.
www.publico.es 21.12.10
64) EL EX POLÍTICO CASCOS ESTÁ AL FRENTE DE OCHO EMPRESAS
EL SUPREMO INVESTIGARÁ A UN DIPUTADO DEL PP POR UN DELITO CONTRA LA
SEGURIDAD VIAL

Arsenio Pacheco Atienza, diputado del PP, será investigado por el Tribunal Supremo por un
presunto delito contra la seguridad del tráfico. Después de un accidente de tráfico este político
dio positivo en una prueba de alcoholemia que le hizo la Policía Local de Murcia.
En un auto, la Sala de lo Penal del Supremo acepta la competencia para investigar esta
causa y designa instructor de este procedimiento al magistrado Andrés Martínez Arrieta.
Según explica el auto, notificado , los hechos pueden en principio ser constitutivos, tal y como
informa el fiscal, de un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del Código Penal, que
prevé penas de prisión de 3 a 6 meses o multa y trabajos en beneficio de la comunidad.
Pacheco, diputado del PP por Murcia, dio una tasa de alcohol del 0,58 el 4 de junio pasado
tras sufrir un accidente con daños materiales en la rotonda "La ninfa del agua" de Murcia.
www.efe.es 16.11.10
65) URIARTE DECLARA EN EL SUPREMO POR CONDUCIR EBRIO
El diputado conservador y líder de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, declaró ayer ante la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por dar positivo en un control de alcoholemia tras verse
involucrado el pasado 19 de febrero en un accidente de tráfico en Madrid.
El suceso tuvo lugar en la madrugada de ese día cuando el coche que Uriarte conducía chocó
contra otro turismo en la calle Serrano de la capital. No se registraron daños en ninguno de los
dos vehículos, pero una patrulla de la Policía Municipal que pasaba por la zona hizo un control
de alcoholemia al diputado del PP, que dobló la tasa legal permitida.
Un juzgado de instrucción de Madrid abrió entonces una investigación para esclarecer el
siniestro y determinar la responsabilidad de Uriarte en lo ocurrido. El juez del caso, Pedro
López, tomó entonces declaración a los policías que realizaron el control de alcoholemia al
líder de Nuevas Generaciones, así como al otro conductor implicado en el accidente.
Pero, como Uriarte es diputado del Congreso y, por lo tanto, mantiene la condición de aforado,
es el Supremo y no un juzgado ordinario el que le ha tenido que tomar declaración. Si
finalmente el alto tribunal decide celebrar un juicio contra él, la Cámara Baja deberá permitir la
vista concediendo el oportuno suplicatorio.
En el momento de los hechos, el diputado conservador, de 29 años, atribuyó lo ocurrido a un
"error humano". Pero su despiste tuvo consecuencias inmediatas en su trayectoria política.
Uriarte era hasta esa fecha vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, pero, una
vez que se conoció la noticia de su imputación, él mismo decidió abandonar dicha comisión.
Los socialistas exigieron entonces al líder de Nuevas Generaciones que dejara también su
escaño en el Congreso, pero él no consideró esa opción.
(www.publico.es, 14/12/10)
66) JESÚS NEIRA, CITADO POR DAR POSITIVO EN UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA
"Superó ampliamente" el límite permitido tras ser detenido "haciendo eses" con el
vehículo
El profesor Jesús Neira ha dado positivo en una prueba de alcoholemia. Según señala
Informativos Telecinco, Neira sobrepasó "ampliamente" el límite de alcohol en sangre, por lo
que deberá comparecer en los juzgados.
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo : Balance 2010 67
Según indica la web del medio, una patrulla de la Guardia Civil le dio el alto al vehículo en la M-
40 ya que se encontraba "haciendo eses".
Neira cobró notoriedad pública a raíz de la la agresión que sufrió en agosto de 2008 a manos
de Antonio Puerta en la entrada de un hotel de Majadahonda. Una ataque que recibió por
defender a la pareja de Puerta de una agresión.
Luces y sombras
Una vez recuperado del golpe que le mantuvo en coma y ocho meses en el hospital , Neira ha
seguido copando titulares a golpe de polémicas declaraciones.
En una de sus últimas intervenciones consideró la posibilidad de obtener el permiso de armas.
"Es una libertad a la que cualquier ciudadano tiene derecho. No vendrá usted a decirme qué
derechos tengo", recriminó a una reportera.
Neira también ha aprovechado el altavoz mediático para culpar al PSOE de cometer
"barbaridades y asesinatos" en su historia. Por su parte, las principales asociaciones de
defensa de las mujeres en España pusieron el grito en el cielo contra el presidente del Consejo
Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género por ostentar un cargo "sin estar
sensibilizado con el problema de la violencia de género".
http://www.publico.es/espana/334773/neira/jesus/profesor/puerta/acohol 02.09.10
67) DIMITE UN EDIL DE ASTURIAS QUE NO AUXILIÓ A UN ATROPELLADO
El edil del PP en Peñamellera Baja (Asturias; 1.500 habitantes) Victoriano Vidal dimitió ayer
tras ser acusado de un delito de omisión de socorro a un ciclista atropellado el 24 de julio en
una carretera cántabra. Vidal viajaba junto a un vecino de Panes (Asturias), identificado como
M. A. S. R. B., de 55 años, cuando el todoterreno que este conducía arrolló a las siete de la
tarde a un ciclista avulense de 20 años, Víctor Jiménez, en la carretera CA-182 a la altura del
collado de Carmona. El conductor no se detuvo. La víctima, que acababa de participar en una
carrera en Cabuérniga (Cantabria), murió. La Guardia Civil detuvo el lunes al conductor en su
domicilio. Con él viajaba, además de Vidal, otro vecino de Peñamellera Baja identificado como
M. P. G., de 51 años, también arrestado. Los investigadores sospechaban que un todoterreno
verde era el culpable. Tras rastrear los más de 40 en esa zona, dieron con el del detenido, que
presentaba huellas de impactos.
www.elpais.es 06.08.10
68) EL PRESIDENTE DEL PP EN GIRONA PIERDE TODOS LOS PUNTOS DEL CARNÉ DE
CONDUCIR
Poco después de que el líder de su partido, Mariano Rajoy, mandara un videomensaje desde el
coche sin el cinturón de seguridad puesto; se ha conocido que Enric Millo, presidente del PP y
diputado en el Parlamento catalán, ha perdido todos los puntos del carné de conducir. Millo ha
cometido diversas infracciones de tráfico, relacionadas sobre todo con el exceso de velocidad.
El Diari de Girona informa de que la Dirección General de Tráfico (DGT) no logró localizar a
Millo, a pesar de la condición de cargo público que ostenta el infractor. Por este motivo, se le
comunicó que su saldo de puntos se ha agotado a través del Boletín Oficial de la Provincia
(BOP).
www.elplural.com 02.08.10
69) A 200 POR HORA EN EL COCHE OFICIAL
La legislación en materia de Tráfico no vale para el consejero de Presidencia del Gobierno
conservador de La Rioja, Emilio del Río. Al menos eso es lo que denunció ayer el PSOE de esa comunidad autónoma.
Según el relato de los socialistas, Del Río exigió al conductor de un coche oficial saltarse los
límites para llegar a Zaragoza antes de que partiera su tren. Tras la negativa del conductor, Del
Río le habría quitado las llaves del Audi A6 y se habría puesto a conducir a más de 200
kilómetros por hora.
"Era materialmente imposible que se pudieran recorrer estos kilómetros en ese tiempo con las
limitaciones de velocidad que marca la ley", recoge un comunicado de los socialistas, que
critica la doble moral del Gobierno regional al pedir prudencia en la carretera y, al mismo
tiempo, saltarse las normas y conducir peligrosamente.
En el escrito, apuntan que "el Gobierno de Sanz hace aguas, sus consejeros no tienen ética,
han tomado a La Rioja por su cortijo y se creen que todo les está permitido, creyendo que nada
tiene consecuencias y que nadie osará reprobar sus conductas". Los socialistas añaden que el
asunto se ha convertido "en la comidilla de cientos de funcionarios escandalizados por la
irresponsabilidad del consejero de Presidencia".
(www.publico.es, 18/12/09)
70) MIRÓ ENCARGA AL DESPACHO DONDE TRABAJA SU CUÑADO OBRAS EN UNA
IGLESIA DEL ALCOI
La Fundación La Luz de las Imágenes, cuyo patronato preside la titular de Cultura, Trinidad
Miro, ha encargado los trabajos de restauración de una iglesia en Alcoi al despacho de
arquitectos donde trabaja un cuñado de la consellera. En concreto, el hermano del marido de la
consellera, Juan Manuel Montalva, figura como arquitecto técnico de un proyecto valorado en
más de 800.000 euros, que recientemente ha sido adjudicado a la empresa Cleop. Según la
documentación hecha pública por la propia Fundación Luz de las Imágenes, la dirección
facultativa de la intervención en la Iglesia Parroquial de Santa Maria de Alcoi recayó en el
arquitecto alcoyano Victor García Terol, mientras que Montalva aparece como arquitecto
técnico a cargo de la coordinación de Seguridad y Salud.
El expediente de contratación de la intervención en la citada parroquia arrancó el pasado mes
de enero de 2010, aunque el concurso mediante el procedimiento abierto y la tramitación
ordinaria se publicó en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana el pasado 3 de marzo. La
resolución por la que se acuerda la adjudicación a la empresa Cleop está fechada el pasado 11 de marzo y lleva la firma de la propia consellera de Cultura y Deporte, Trinidad Miró, en calidad de presidenta efectiva del patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana La Luz de las Imágenes. El proyecto salió a licitación por 1.186.264 euros y fue adjudicado finalmente por 807.308 euros. Según la documentación que figura en la propia web de la Fundación La Luz de las Imágenes, los honorarios de los técnicos quedaron establecidos de la siguiente manera. El proyecto del arquitecto se valoró en 46.520 euros y el Estudio de Seguridad y Salud, en 2.218 euros. La minuta por la dirección del arquitecto asciende a 19.937 euros; mientras que la del arquitecto técnico -la que corresponde al cuñado de la consellera- supera los 25.000 euros. Los trabajos se iniciaron en marzo y tienen un plazo de ejecución de seis meses.
Fuentes de la Fundación la Luz de las Imágenes confirmaron que la entidad encargó
directamente al despacho del arquitecto alcoyano Victor García Terol las obras en la iglesia de
Santa Maria de Alcoi y admitieron que este bufete, de reconocido prestigio en la ciudad, trabaja habitualmente con el cuñado de Miró. Sin embargo, el hecho de que Montalva esté en el
equipo de García Terol es "circunstancial y ajeno" al encargo, según las fuentes citadas que
aseguraron que la contratación se ha ajustado a la legalidad. Además, desde la Fundación se
apuntó que todo el proceso se ha hecho con transparencia ya que hace más de un año, en

marzo de 2009, la consellera dio una rueda de prensa en Alcoi, su ciudad natal, en la que
informó de los los proyectos de restauración previstos en varios recintos religiosos del
municipio, así como de los integrantes del equipo técnico encargado de los mismos. "No ha
habido ocultación", dijeron. Además, la Fundación defendió el hecho de que los encargos se
hagan a arquitectos locales, por su conocimiento de los edificios patrimoniales.
Su marido, asesor de Rus
Miró ya estuvo en el centro de la polémica cuando en julio de 2009 trascendió que la
Diputación de Valencia había contratado como asesor a su marido, Francisco Javier Montalva.
Alfonso Rus lo fichó com personal eventual con categoría salarial de nivel 1.
(www.levante-emv.com, 02/07/10)
71) PARIENTES Y CARGOS DEL PP COPAN OTRA OPOSICIÓN DE BALTAR
Los destacados militantes del PP e hijos de éstos que se presentaron a las últimas oposiciones de la Diputación de Ourense ya tienen plaza fija en la institución que preside José Luis Baltar.
Los exámenes realizados por la diputada en Cortes Ana Belén Vázquez Blanco; por la hija del
alcalde de Celanova, Marta Mouriño, y por, Esteban Fernández Álvarez, hijo del ex concejal
ourensano y ex presidente de los hosteleros gallegos, Ovidio Fernández Ojea, no han
encontrado rival que les hiciera sombra.
Todos los opositores vinculados al PP obtuvieron la mejor puntuación en las distintas pruebas
que se realizaron en la Diputación y a las que el letrado de la institución y ex alcalde de
Nogueira de Ramuín -fichado en su día del PSdeG por Baltar- José Eugenio Galindo, prohibió,
en su función de secretario de las oposiciones, la entrada a un periodista de este diario al
comienzo del examen. Ello, aun cuando la ley deja claro que las pruebas son de acceso
público y Baltar reitera que "puede asistir quien quiera".
Ana Belén Vázquez Blanco no tendrá que repetir la oposición de inspectora nacional de policía
que ganó en su día pero que no llegó a ocupar, ya que dio prioridad al escaño en el Congreso
que tenía en la legislatura pasada. En las últimas elecciones la ex alcaldesa de Bande -
traspasó el bastón de mando a su marido- aspiraba a renovar escaño en el Congreso. La
suerte le llegó sólo de rebote. Baltar la situó en un difícil tercer puesto en la lista ourensana y
no consiguió el acta hasta que el número dos de la lista, Jesús Vázquez, fue designado
conselleiro por Feijóo. Vázquez Blanco prefirió preparar las oposiciones a la Diputación de
Ourense que repetir las de policía.
La suerte le pintaba de cara esta vez. Desde los primeros exámenes obtuvo las mejores
calificaciones, seguida de cerca por el hijo del ex concejal Fernández Ojea. Llegaron los dos
solos a la última prueba y consiguieron ambos las dos plazas, de técnico superior en desarrollo
local y recursos europeos.
La hija de Antonio Mouriño, alcalde de Celanova, tampoco encontró opositor que amenazara su plaza de técnico superior en administración financiera y tributaria. Marta Mouriño tenía un
oponente duro -un desconocido que no milita en el PP-, pero en la última prueba ella se impuso
con una nota de 6 frente al 4 de su adversario.
El tribunal que los examinó, como el que puntúa el resto de las pruebas, estaba integrado por
personal de la institución vinculado al PP. A estos tres se suma el aprobado del ingeniero
técnico vinculado a Rogelio Martínez y que está imputado, como éste, en el juicio por presunto
fraude en el cobro de subvenciones europeas.
Baltar aseguró el mes pasado, cuando comenzaban las críticas a este proceso, que si él fuera
miembro del tribunal pondría una "querella criminal" contra la oposición -PSdeG y Bloque- que
denuncia irregularidades a modo de "cortina de humo" ante "problemas graves" como la
supuesta trama agraria destapada por el PP. Pese a las acusaciones, Baltar aseguró que nadie conseguiría el objetivo de sacarlo "de sus casillas". El presidente del ente provincial insiste en que las oposiciones de la Diputación "se hacen escrupulosamente".
(www.elpais.com, 07/07/10)
72) BLASCO VIAJÓ OFICIALMENTE A LA ESPAÑOLA COINCIDIENDO CON LA
EXPOSICIÓN DE SU HIJO
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, realizó un viaje oficial a Haití, con el
fin de firmar un convenio con el Gobierno haitiano para la construcción de un hospital en el país
devastado por el terremoto, en los días previos a la exposición de su hijo, Rablaci (acrónimo de
Rafael Blasco Ciscar), en la primera edición de la Trienal Internacional del Caribe que se
celebró en la misma isla de La Española pero en el país limítrofe de la República Dominicana,
concretamente en Santo Domingo. En la trienal participó su esposa, la directora del Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, como "panelista invitada". Para llegar a la
capital haitiana, Puerto Príncipe, Blasco hizo escala en Santo Domingo, a 262 kilómetros. A
pesar de la coincidencia en La Española y la proximidad de las fechas, Blasco desvinculó ayer
tajantemente el desplazamiento institucional del evento cultural y que se aprovechara la
agenda oficial para asistir a la muestra de su hijo.
El también portavoz del PP en las Corts aseguró que ni viajó a Santo Domingo con su esposa e hijo, ni coincidió con ellos en la exposición. Según refirió, tras su estancia en el país haitiano,
partió de Puerto Príncipe el 31 de agosto a las 17.30 horas, con escala obligada en Santo
Domingo. Su llegada a Valencia, siempre según su explicación, se produjo el 2 de septiembre a las 9.30. Con todo, tanto la nota de prensa que remitió entonces la conselleria como la foto del acto en Haití figuraban con fecha 1 de septiembre. El acto de inauguración de la trienal de
Santo Domingo fue el día 1 a las 19 horas y la exposición de su hijo, el día 2.
El dirigente popular asistió al acto de Teulada del día 27 de agosto, que terminó de madrugada, por lo que, como muy pronto, saldría el 28. La escala en Santo Domingo quizá le dio algún día de margen hasta desplazarse a Puerto Príncipe pero, en todo caso, la agenda en Haití fue muy apretada. Según la nota que envió la conselleria el día 1 de los corrientes, Blasco, quien en su periplo por el país caribeño estuvo acompañado por el embajador de España, Juan Fernández, visitó las zonas afectadas por el seísmo. También protagonizó, junto con el ministro de Salud, Alex Larson, el acto de firma del convenio por el que la Generalitat financiará con 3,8 millones el hospital. Blasco, con todo, no aclaró si en alguno de esos dos días de estancia de paso en Santo Domingo llegó a coincidir con su familia.
En lo que sí fue contundente fue en rechazar que la agenda oficial estuviera marcada por el
evento cultural. Según aseguró, el desplazamiento a Haití no pudo realizarse hasta que no se
contó con el plácet de la embajada, dada la situación del país haitiano. El permiso para acudir a Haití, recalcó, le llegó 24 horas antes, con un margen de tres días. "Mi agenda oficial está
perfectamente planificada y responde a criterios que no tienen nada que ver con estas
cuestiones", aseveró.
Con Blasco fuera de Haití, el día 2 Ciscar formó parte de una mesa de debate sobre las
bienales. Ese mismo día, por la tarde, dentro de los "proyectos especiales" del certamen,
Rablaci expuso sus Metáforas del hombre contemporáneo en la explanada del Museo de Arte
Moderno de Santo Domingo, sede de la trienal. Ciscar ha negado cualquier mediación en la
muestra de su hijo y asegura que fue elegido por el comité de selección. Rablaci, estudiante de
Bellas Artes, estuvo en 2009 en la Bienal de Arte de La Habana (donde el IVAM contó con una
instalación de Julio Quaresma) y ha expuesto también en Tomar (Portugal); o en la embajada
de España en Tokio. Participó también en la colectiva 100% Valencianos.
(www.levante-emv.com, 15/09/10)

73) NEPOTISMO FUNCIONARIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
El consistorio adjudica siete proyectos a familiares de empleadas municipales
El nepotismo trasciende a los políticos y alcanza a los funcionarios. Al menos en el
Ayuntamiento de Santa Pola, donde los dos maridos y un hermano de tres funcionarias con
altos niveles de responsabilidad recibieron el encargo de desarrollar hasta siete proyectos del
plan Confianza (programa de inversiones locales financiado por la Generalitat) Otro proyecto
será redactado por la arquitecta municipal.
Los maridos de dos funcionarias y el hermano de otra harán los trabajos
En total, el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha adjudicado la
redacción de siete de los 18 proyectos que recoge el plan para Santa Pola a profesionales
privados directamente relacionados con tres empleadas municipales. Los honorarios por estos
trabajos, incluida la dirección de obra, ascienden a 156.000 euros.
Otros cuatro proyectos del programa serán desarrollados por dos arquitectos con contrato de
obra y servicio en vigor con la corporación. Éstos percibirán unos honorarios extras de 68.000
euros.
Los familiares de las funcionarias que se han beneficiado con las adjudicaciones son los
siguientes: el arquitecto David Aniorte, hermano de Mercedes Aniorte, ingeniero de obras
públicas y funcionaria responsable del departamento municipal de obras; el ingeniero industrial
Javier Hurtado, marido de Sonia Fluxá, funcionaria interina responsable del área municipal de
Medio Ambiente y Planificación, y el arquitecto Antonio V. Ortega, marido de María José
Mogica, arquitecto municipal encargada de la coordinación del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) del municipio.
David Aniorte redactará tres proyectos: La remodelación de la avenida Blasco Ibáñez, y otros
dos relacionados con la mejora de aceras en distintas calles de la ciudad por un total de 60.000 euros. A Javier Hurtado se le han adjudicado tres proyectos relacionados con el departamento de Medio Ambiente, el área que precisamente dirige su mujer Sonia Fluxá. Por su trabajo percibirá 40.000 euros. El arquitecto Antonio Ortega será el redactor del proyecto de
remodelación de la planta baja del Ayuntamiento. Sus honorarios ascienden a 16.000 euros.
Todos estos hechos serán trasladados a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, según informa
el periódico digital Elchedigital.es
Además de estos siete proyectos, la arquitecta municipal y esposa de Ortega, María José
Mogica, es la responsable del proyecto de unas pistas de atletismo y mejoras en el
polideportivo Gran Alacant por un importe de 570.000 euros.
El plan Confianza en Santa Pola asciende a 6,5 millones de euros. El plan Zapatero supuso
una inversión de 5 millones para el desarrollo de 20 proyectos. Todos ellos fueron redactados
íntegramente por los técnicos municipales.
El Ayuntamiento también ha adjudicado al arquitecto técnico Juan Antonio Rodríguez el
proyecto de infraestructura y equipamiento de los colegios de la localidad, por un valor de
15.000 euros. Jorge García, arquitecto, redactará tres proyectos, entre ellos una gran nueva
gran zona verde que le reportarán unos ingresos de 53.200 euros. Ambos trabajan con contrato
de obras para el consistorio.
"Se trata de dar trabajo, el lazo familiar es circunstancial"
"Se trata de dar trabajo, el lazo familiar es circunstancial". Así de tajante se mostró ayer el
alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, del PP, al defender las adjudicaciones de los
contratos para redactar proyectos del plan Confianza que han recaído en familiares de tres

funcionarias de alto nivel. En la misma línea se expresó Loreto Serrano, concejal de
Infraestructuras y responsable del programa de inversiones del Consell en el municipio.
Serrano esgrimió la "elevada" carga de trabajo de los técnicos municipales para justificar estas adjudicaciones a profesionales externos a la corporación.
El primer edil Miguel Zaragoza señaló que el objetivo de su equipo de gobierno, tanto con las
obras del plan Zapatero como las previstas en el programa homónimo del Consell, es
"potenciar al máximo" la creación de empleo en el municipio, y con trato preferente a los
parados autóctonos. "Así se lo hemos comunicado a todas las empresas adjudicatarias. Y,
además, hemos tenido en cuenta no adjudicar todos los contratos a una misma firma", añadió.
"En el caso de los contratos para la redacción de los proyectos del plan Confianza nos hemos
limitado a atender a todos los profesionales que se han interesado, teniendo en cuenta los
casos más necesitados. Por tanto, el tema familiar es circunstancial", subrayó el regidor. El
alcalde resaltó, además, la legalidad de las adjudicaciones: "Se han hecho con transparencia y
con todos los informes de los técnicos municipales a favor".
La concejal Serrano abundó en la tesis del alcalde. "Hemos atendido a todos los que han
venido a ofrecerse y, además, les hemos advertido de que las adjudicaciones están pendientes
de ser ratificadas por el Consell", explicó. "Todos tienen derecho a trabajar. ¿O es que por ser
familiar de un funcionario se pierde ese derecho?", añadió.
La edil confirmó que con motivó del plan Zapatero, todos los proyectos fueron redactados por
los técnicos municipales. "Entonces había menos trabajo, pero ahora el departamento está
desbordado. Los técnicos están prácticamente absorbidos con los trabajos relacionados con el control e inspección de las obras del plan Zapatero", argumentó.
Serrano tampoco vio ilegalidad alguna en el hecho de que otros cuatro proyectos hayan sido
adjudicados a dos arquitectos vinculados laboralmente con el Ayuntamiento, "su contrato es de
obra y servicios", puntualizó.
www.elpais.es 06.01.10
74) UN JUICIO POR AMAÑO DE OPOSICIONES ACORRALA A LA CÚPULA DEL PP DE
LEÓN
Por el banquillo del juzgado de instrucción número 1 de León ya han desfilado para declarar
como imputados la presidenta de la diputación de León y del PP provincial, Isabel Carrasco, su
mano derecha en la diputación, el vicepresidente Juan Martínez Majo, el diputado de Personal,
Raúl Valcárce, el jefe de Recursos Humanos, Ángel Lescún, y el ex gerente del PP, José
Antonio Maté. El juicio trata de esclarecer la presunta filtración de un examen a unas
oposiciones de auxiliar administrativo que habrían sido facilitadas a una lista de agraciados.
Una testigo ha declarado cómo le dieron instrucciones de llamar a una lista de personas para
que acudieran a la sede del PP en la capital leonesa en los días previos a que se celebrara la
oposición, donde se reunían a solas y por separado con el ex gerente del partido, alertando de
que Carrasco "lo sabía todo". Esas personas fueron aprobadas posteriormente con notas
sobresalientes, y cuando otros aspirantes presentaron un recurso, la diputación se lo denegó. A pesar de que la cúpula de la diputación leonesa y del PP provincial ha tenido que declarar por este caso, los medios regionales están pasando de puntillas por él, con la excepción de un
digital, El Soplon, que es el que está sacando a la luz todas estas informaciones.
Una de las testigos claves del caso oposiciones detalló ante el juez cómo el ex gerente del PP,
José Antonio Maté, le proporcionó una lista manuscrita de personas a las que tenía que llamar
y convocar en el Edificio Europa –la sede del partido- poco antes de que se celebrara una
oposición para auxiliar administrativo. Advirtió asimismo de que la presidenta de la diputación y del PP “lo sabía todo”, y es que “no se hacía nada en la sede del Edificio Europa sin que
Carrasco lo supiese”.
Los convocados en la sede del PP coincidían con los aprobados
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo : Balance 2010 73
En su declaración, la testigo explicó que aquellas personas fueron convocadas en días y horas
diferentes a la sede del PP, donde permanecían en despachos unos 45 minutos después de
que Maté, mano derecha de Carrasco en la gestión del partido, entrara con una carpeta. Más
tarde comprobó como la lista de aprobados a las pruebas coincidía en su práctica totalidad con las personas que habían sido convocadas a la sede. Por su parte, Maté reconoció ante el juez que la lista había sido manuscrita por él, pero negó que tuviera relación con los exámenes y aseguró que eran personas a las que se había llamado para preparar el Congreso del PP de
León.
“Las oposiciones en la Diputación son favores que se pagan”
Otro de los testigos, el portavoz del PSOE en la Diputación, Matías Llorente, denunció ante el
tribunal que “las oposiciones en la Diputación son favores que se pagan”, así como que
Carrasco “conoce a todos los aprobados y a todos los familiares de éstos” y que los tribunales
de los oposiciones los nombra ella “y todos son destacados militantes del PP”. Alertó asimismo de que no es la primera vez y existen precedentes como en el caso de la estación de San Isidro donde todos los que consiguieron un puesto estaban vinculados al PP.
La presidenta y los dirigentes de personal niegan implicación
El juicio ya ha obligado a la propia Carrasco, quien esta semana acudió a los juzgados
escondiéndose de los medios. Tanto ella como el diputado de Personal, Raúl Valcarce, y el jefe
de Recursos Humanos, Ángel Lescún, negaron conocer los pormenores de la convocatoria
pública y atribuyeron la responsabilidad a sus subordinados. Incluso señalaron como
encargada de todo el proceso a la jefa de servicio y “número dos” de Lescún, Isabel González,
una persona vinculada al PSOE. Carrasco sólo admitió conocer a una de las personas que
aprobó la oposición, la mujer del diputado regional y alcalde popular de Lillo, Pedro Vicente,
quien sacó un 10 en las pruebas.
El vicepresidente rechazó el recurso en lugar de Carrasco
El intento de pasarse la patata caliente afecta a miembros del propio PP. Cuando un grupo de
personas recurrió la oposición ante la diputación, su vicepresidente Martínez Majo fue instado a
firmar su rechazo en lugar de Carrasco, que en esos momentos estaba de viaje en Argentina,
alegando que se acababa el plazo y que si seguía adelante el recurso podía tener graves
consecuencias para la institución. Valcarce, que está además imputado por otra causa
relacionada con la inmigración ilegal y del que ya informó El Plural, negó ante el juez haber
instado a Martínez Majo a firmar en lugar de Carrasco.
El criterio de los diarios de León
A pesar de que la cúpula de la diputación leonesa y del PP provincial ha tenido que declarar
por este caso, los medios regionales están pasando de puntillas por él, con la excepción del
citado elsoplon.net, que es el que está sacando a la luz todas estas informaciones. Los diarios
más poderosos de la provincia, El Diario de León y La Crónica de León, están controlados
respectivamente por los constructores Ulibarri (Begar) y Martínez Núñez (Teconsa), empresas
involucradas en la Gürtel.
Irónico editorial
El propio digital que está siguiendo el escándalo ironiza sobre la línea editorial de sus colegas
respecto a un caso que salpica al poder provincial: “Para un medio de comunicación muy de
aquí es mucho más importante el robo de juguetes en el parque infantil de Villarodrigo que una
testigo diga, en primera persona y ante un juez, que se favoreció a los familiares de unos
cargos políticos en la sede oficial de un partido. Bueno, y de la testigo ni mu. Como si no
existiera. Para otros, que arrean según les van los acuerdos publicitarios y los intereses del
patrón, el asunto no es ni de portada. Pecata menuda. Total, todos los días declaran cargos
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo : Balance 2010 74
públicos en un juzgado acusados de al menos seis delitos… es, sin embargo, mucho más
importante, un reportaje sobre lo a gustito y calentito que se está con las mantas que se hacen
en el Val de San Lorenzo. Sí señor, a eso se le llama criterio periodístico”.
www.elplural.com 24.04.10
75) LA POLICÍA DETIENE AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE Y AL
EMPRESARIO ENRIQUE ORTIZ
La amplia operación contra la corrupción que lleva a cabo la policía judicial en Alicante se
salda, de momento, con cinco detenidos: el presidente de la Diputación de Alicante, José
Joaquín Ripoll; el conocido empresario Enrique Ortiz, y tres concejales de Orihuela.
Los agentes han registrado a primera hora el domicilio particular de Ripoll, del PP, por la
investigación judicial que intenta esclarecer una trama de corrupción en la Vega Baja vinculada
con la contrata de basuras de esa comarca, en el sur de Alicante. Finalmente, el presidente
provincial ha sido detenido. Además de la vivienda de Ripoll, los agentes registran la
Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela y los domicilios particulares de dos
importantes empresarios alicantinos, Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, que ha sido localizado en
Pamplona y también ha quedado detenido. Los agentes, además, han arrestado, de momento,
al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias
municipales, y a otros dos ediles del consistorio cuya identidad no ha trascendido.
La investigación de esta supuesta trama de corrupción comenzó en 2006 cuando el empresario Ángel Fenoll denunció un supuesto soborno por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela. El industrial entregó las pruebas (una grabación en DVD) a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones.
De resultas de esta denuncia, el propio empresario fue detenido en 2007 y acusado de
cohecho y extorsión y la policía se incautó de decenas de grabaciones donde se observaban
supuestos sobornos realizados en casa del industrial. Fenoll quedó en libertad unas semanas
después tras pagar una fianza.
Con el material incautado, el juez abrió una nueva investigación para determinar si el
empresario había colaborado en la financiación de las campañas electorales de algún partido
político. En estas nuevas pesquisas, el juez se interesó también por la adjudicación de una
planta de basuras en la comarca de La Vega Baja. El concurso para construir esta planta de
tratamiento de residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, se paralizó tras la detención del empresario Ángel Fenoll y otros responsables de su empresa.
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, decidió el año pasado retomar
el proyecto de la planta de basuras y adjudicó la obra al empresario Enrique Ortiz, que también
aparece en las investigaciones del caso Gürtel por su supuesta vinculación a la financiación
irregular del PP. La investigación judicial ha estado bajo secreto de sumario desde junio de
2007.
Ripoll lidera en Alicante el antiguo sector zaplanista del PP, enfrentado a Camps, y ha sido muy
crítico con el actual presidente autonómico y su actuación ante el caso Gürtel. De hecho no ha
asistido a ninguna de los actos en los que el líder valenciano ha intentado lavarse la cara ante
los casos de corrupción que lo salpican.
(www.elpais.com, 06/07/10)
76) LA AUDIENCIA VE INDICIOS DE QUE EL IVEX PAGÓ EL CONTRATO B DE J.
IGLESIAS CON FACTURAS FALSAS
El auto que reabre el caso apunta una posible "malversación de dinero público" en los recitales
de Orlando y México

Los pagos millonarios del Consell de Zaplana a tres empresas radicadas en paraísos fiscales
por supuestos gastos de organización de los recitales que Julio Iglesias ofreció por cuenta del
IVEX no respondían a servicios realmente prestados sino que presuntamente eran la fórmula
pactada bajo mano para que el artista cobrara la diferencia entre el contrato oficial (375
millones de pesetas) y el "B", que elevaba los emolumentos a 990 libres de impuestos.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia apunta, en un auto demoledor en el
que levanta el archivo del caso decretado por el juez instructor, que muchas de esas facturas
millonarias libradas especialmente por las firmas International Concerts y Midway International
por los conciertos de Orlando y México "parece ser que no encuentran su respaldo en servicios
realmente prestados, sino que han surgido con la finalidad de amparar o dar cobertura a los
pagos a los que el IVEX se hubo obligado en la Carta de Intenciones IVEX-Julio Iglesias de la
Cueva". La Carta de Intenciones es el nombre con el que se designó el contrato "B", que fue
escondido a la opinión pública y a la Sindicatura de Comptes y firmado justo después del
oficial.
La resolución, en la que se ordena al juez Presencia Rubio que reabra la investigación y cite a
declarar a Julio Iglesias y a su representante Luis Fernando Esteban, entre otros, ve claros
indicios de que en la ejecución del contrato se pudo haber cometido un delito de falsedad
documental en la facturación de al menos esos dos recitales (celebrados en marzo de 1998 y
abril de 1999) como medio para cometer otro delito de "malversación de caudales públicos".
Este último, con independencia de cómo se lucró el cantante y si alguien cobró comisiones.
Porque, según jurisprudencia citada en los razonamientos jurídicos del auto, "el delito de
malversación (É) es un tipo penal que no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo
caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a estos". Se precisa
que la entidad perjudicada sea, obviamente, pública. Y el IVEX lo es sin ninguna duda para la
Audiencia Provincial, una condición que viene dada por "su objeto social" y la "procedencia de
gran parte de los fondos para su funcionamiento".
El auto reactiva la causa iniciada hace cinco años y medio con una querella interpuesta por los
letrados del PSPV, José Luis Vera y Virgilio Latorre, después de que Levante-EMV había
revelado el contrato "B", cheques, transferencias a cuentas como la de UBS en Nassau y
docenas de documentos y facturas hinchadas (las del evento de Orlando) o enteramente
falsas, caso de México, los dos puntos que constituyen el epicentro del escándalo.
En el caso de Orlando, IVEX-Valencia emitió un cheque de 325.000 dólares por los supuestos
gastos de organización de aquel concierto. "No parece que la orden de pago tuviere respaldo
en servicios prestados con ocasión del evento de Julio Iglesias en Orlando", advierte el auto. El
entonces delegado en Miami, José Marquina, denunció, en una entrevista en este diario y
después ratificó ante el juez, que desde las oficinas de la Plaza de América de Valencia le
ordenaron hinchar los gastos (que realmente ascendieron a 210.000 dólares) para justificar el
cheque de 325.000, con la intención de justificar la salida de dinero de la caja del instituto. El
efecto bancario se emitió a favor de Strategies and Solutions, la empresa de Marquina, quien
no se quedó ni un centavo y endosó el efecto de cobro a favor de International Concerts para
que el dinero acabara, como casi siempre, en el Caribe.
El entonces responsable de delegaciones, Faustino Salcedo, estaba al corriente de todo, según Marquina, y le presionó hasta preguntándole cuándo vencía su contrato con el IVEX. De hecho, no renovaron a Marquina y, paradojas de la vida, fue precisamente Salcedo quien fue a
sustituirlo en las oficinas de Brickell Avenue en Miami.
Si los pagos por la misión comercial a la feria Coverings de Orlando están en tela de juicio, los
de México, por gastos de organización del recital ofrecido en el Auditorio Nacional el 10 de abril de 1999, parecen un invento desde el primer dólar. "Se duda de la autenticidad de las facturas en cuestión, así como también de las que pretenden amparar los pagos a la misma entidad".
En el auto se cita expresamente una relación de cinco facturas por un total de 520.875 dólares.
Es una parte de los 1,8 millones de dólares que costó aquel sarao al Consell sólo por gastos de organización y sin contar la parte proporcional de repercusión del caché de Julio Iglesias, que cobró al principio de la gira.

El delegado ni se enteró
Debería haber salido a coste cero porque el delegado del instituto en el país azteca, Vicente
Sendra, acordó con una empresa local (Rac Producciones) cederle gratis al artista a cambio de que esa firma asumiera todos los gastos de montaje con la condición de que cediera al IVEX las entradas que necesitara para su campaña comercial entre el empresariado y los políticos locales. Sendra se enteró por este diario que desde Valencia se hicieron pagos a una empresa Irlandesa, Midway International, que no hizo nada y de cuya existencia no tenía ni idea, según relató al juez.
Sobre el particular, la Audiencia es contundente: "Los pagos efectuados por el IVEX a Midway
International por el evento de México (É) no han quedado debidamente justificados, no
pareciendo que fuere adecuado que debiere satisfacer los mismos si, como se ha dicho, se
hicieron efectivos por Rac Producciones". Recoge otras cuatro facturas por 300.000 dólares
cuya autenticidad considera más que sospechosa.
www.levante-emv.com Domingo 01 de agosto de 2010
77) EL JUEZ DA UN IMPULSO AL 'CASO TERRA MÍTICA' Y RECUPERA EL DELITO
FISCAL
El caso Terra Mítica vuelve a tomar impulso. Se lo acaba de dar el juez que investiga el
supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros cometido por una veintena de empresas a
cuenta de las obras de construcción del parque temático Terra Mítica, uno de los sueños del ex
presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. El magistrado juez Francisco de Asís Silla
decidió el pasado enero dar por nulas todas las actuaciones practicadas desde que se presentó la denuncia en 2006 sobre el delito fiscal. Eso supuso un auténtico varapalo: colocó la causa al borde del archivo. La Fiscalía, el abogado del Estado y la representación de los socialistas recurrieron esa decisión. La respuesta llega ahora: aquella decisión queda invalidada y se continúa investigando el delito central de una trama que, a través de facturas falsas, estafó supuestamente a la hacienda pública 4,4 millones de euros.
El magistrado ha resuelto, al menos de momento, un debate que recorre la causa en todos sus
pasos. La Agencia Tributaria presentó una denuncia a la Fiscalía de Valencia en 2005, al borde de la prescripción de los delitos que estaba investigando, y que se refiere a los ejercicios 2000 y 2001. Cuando esa denuncia se presentó, los imputados no tuvieron oportunidad de alegar directamente ante Hacienda. Tuvieron, claro está, la oportunidad de dar todo tipo de explicaciones ante el juez.
La Ley General Tributaria, en el artículo 180.1 recogía entonces, en una confusa redacción, la
necesidad de que, antes de cerrar un expediente para dar paso a una denuncia, se dé una
última oportunidad a los implicados para que puedan, en su caso, explicar las irregularidades
detectadas. Ese trámite no se hizo. No era una novedad. Ejemplos, hay. Y sentencias en
distintos órdenes que avalan que no se cercena derecho alguno por no cumplirse ese trámite.
Pero los imputados (ahora 24, aunque llegaron a ser 32) persiguieron la nulidad hasta que la
consiguieron de parte de la Audiencia de Valencia, que obligó a Hacienda a dar ese trámite. La Agencia Tributaria lo hizo, pero no para todos. Y volvió a iniciarse el contencioso. En esa
ocasión, darles la razón era admitir la prescripción. Y el magistrado del Juzgado de Instrucción
número 3 así lo hizo. Pero las argumentaciones de los recursos le han hecho recapacitar y
considerar que, en efecto, no se vulneró nada y el delito se debe investigar.Estafa,
malversación, blanqueo de capitales y delito fiscal. Ese es el catálogo de delitos que ahora
investiga el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia. El
magistrado entiende, después de atender las explicaciones de los recurrentes, que la
Audiencia de Valencia no tiene una única interpretación. La Audiencia fue la que empezó el lío
de los afectados por el expediente de la Agencia Tributaria, antes de que se presentara una
denuncia. El juez considera no solo que han sido varias y diferentes las respuestas dadas, sino
que desde que se reabriera el caso en 2006, la Audiencia ha tenido que responder a recursos
varios y no ha considerado que el delito haya sido nulo. El magistrado juez estima uno de los

recursos que normalmente tienen escaso recorrido: el de reforma, que supone el juez cambie
su propia posición.
Entre los más afectados por la recuperación del delito fiscal están el empresario Vicente
Conesa y su familia. Conesa, amigo de Zaplana, está acusado de defraudar 2,7 millones de
euros de los 4,4 que se supone que la trama hurtó a Hacienda. El empresario ya fue
investigado en los noventa por supuestas irregularidades en la adjudicación de distintos
trabajos por parte del Ayuntamiento de Benidorm cuando el alcalde era Zaplana.
Vivo el delito fiscal, está igualmente viva la información incorporada a la causa de las
liquidaciones de IVA y de impuesto de sociedades. Y lo está el trajín de las facturas que la
trama orquestó en distintos niveles para, supuestamente, cobrar trabajos no realizados o elevar
al alza los que sí se hicieron. En principio, todo ello, con la complicidad de Terra Mítica, que de
momento está como imputada, aunque la representación del parque aspire a ser damnificada y poder así reclamar el dinero que presumiblemente le quitaron.
Han quedado pues en papel mojado, al menos en este trámite, los recursos que plantearon un
error por parte de la Agencia Tributaria. Esos recursos defendían ante el juez que no se ajustó
a derecho la denuncia, porque la denuncia había sido trasladada a la Fiscalía sin dar la
oportunidad de alegar sobre las irregularidades que detectó.
El juez ha vuelto a la que fue su teoría, hasta que sorprendente el pasado enero tomó una
decisión opuesta. Es decir, el magistrado considera que eso no era en modo alguno una
vulneración de un derecho porque cada uno de los imputados ha tenido y tiene aún la
posibilidad de explicarse y aportar la documentación que consideraran oportuna a lo largo de la instrucción.
El magistrado deja claro que la decisión que ahora corrige no obedeció a "seguidismo" de otros tribunales. Lo deja especialmente claro en referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la vía contencioso-administrativa, que consideró nulo el procedimiento.
Cierto es que esa sentencia es contraria a otras dictadas por la misma sala. En cualquier caso, el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia aclara que estima los recursos porque considera que incorporan argumentos que él no contempló en su decisión de nulidad ahora corregida.
Los tiempos en la causa de Terra Mítica
- Denuncia. La Agencia Tributaria denunció en junio de 2005 la trama y la fiscalía lo hizo al
juzgado a finales de ese año.
- Primer archivo. La Audiencia anula en febrero de 2006 porque el trámite de Hacienda no dio
voz a los denunciados.
- Vuelta al juzgado. El caso se reabre en mayo de 2006. Ya ha prescrito uno de los delitos, el
de falsedad documental.
- Intervención del TSJ. En marzo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estima el
recurso de varios imputados porque a ellos, Hacienda no les dio la oportunidad de alegar.
- Segunto archivo.. Los denunciados que ganaron en el TSJ acuden al juzgado para que
cumpla esa decisión. El juez, en enero, archiva el delito fiscal y da por nulo el trámite de
denuncia de la Agencia Tributaria. Pero con fecha 1 de septiembre notifica la supervivencia de
ese delito en la causa.
(www.elpais.com, 03/09/10)

78) EL CONSEJO VALENCIANO DE CÁMARAS FICHA A CARTAGENA COMO ASESOR
DEL PRESIDENTE
Compitió con otras dos firmas por un contrato de cuatro años por un importe global de 70.000
euros
El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana ha contratado como asesor
de su presidente, José Vicente Morata, al ex conseller de Obras Públicas con el PP, Luis
Fernando Cartagena. Según explicó ayer a este diario el propio Morata, quien accedió al cargo a finales de junio, pocos días después de ser elegido como sucesor de Arturo Virosque en la presidencia de la Cámara de Valencia, él mismo informó al comité ejecutivo del consejo de que se iba a hacer un concurso para encontrar un asesor en temas de estrategia que estaría directamente vinculado al máximo responsable de la institución. Según Morata, se presentaron tres firmas y finalmente resultó adjudicataria del contrato por cuatro años y un importe global de 70.000 euros la de Cartagena.
El presidente cameral explicó que desde un primer momento tenía claro que el consejo
precisaba un asesor externo "que hubiera tenido responsabilidades de alta dirección, con
conocimiento de la sociedad valenciana y conexiones con Madrid que ayudara a poner en
marcha algo tan fundamental como es una estrategia de futuro en la institución". Y esa persona
fue finalmente Cartagena, "un gran profesional a quien conozco desde 1999".
Y es que el también ex alcalde de Orihuela, condenado a cuatro años de prisión -que empezó a
cumplir en julio de 2008, aunque ahora ya está en libertad-, por apropiarse de 49.000 euros del
superávit de gestión del hospital municipal San Juan de Dios, gestionado por las Hermanas
Carmelitas, fue secretario general de Umivale, la mutua valenciana que preside Morata.
Asimismo, la esposa del ex conseller, Ana Encabo, es en la actualidad la secretaria general de
la Cámara de Valencia, cargo al que llegó en la etapa final de la presidencia de Virosque, tras
dejar las varias responsabilidades que ejerció en la Generalitat, entre otras la de directora
general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef).
www.levante-emv.com 16.11.10
79) DIEZ FIRMAS VINCULADAS A CARGOS DEL PP FACTURARON 5,5 MILLONES A
EMARSA
Rita Barberá, que tenía la mayoría en Emarsa, no tiene "nada" que decir
El dinero de la depuradora de Pinedo no sirvió solo para pagar bolsos de lujo, viajes de fin de
año y vacaciones estivales. La investigación interna ha permitido constatar que Emarsa -la
empresa pública controlada por el PP que gestionó la depuradora de Pinedo hasta el pasado
verano- pagó hasta 5,5 millones de euros a una decena de empresas relacionadas con cargos
populares entre los años 2004 y 2010. Estas cantidades figuran en la contabilidad de Emarsa.
Según el portavoz socialista, Ramon Marí, los pagos no especifican los trabajos realizados o se sustentan en contratos y adjudicaciones irregulares.
Crespo dice que si el PSPV mantiene las denuncias tendrá problemas judiciales
El ente metropolitano del agua (Emshi), que preside el popular Enrique Crespo, que también
presidía Emarsa, insistió ayer en que pondrá a disposición judicial todas las facturas y los
informes de la antigua gestora de la depuradora de Pinedo y reclamó a los socialistas que
aguarden a que concluya la investigación antes de "difamar" al PP. El ente metropolitano,
presionado por la decisión de los socialistas de denunciar ante la fiscalía las graves
irregularidades halladas en la depuradora, presentó el pasado 3 de noviembre una querella por
estafa continuada, malversación de caudales públicos y delito societario contra el gerente de la
depuradora, Esteban Cuesta -que preside una agrupación del PP en Valencia- y el director
financiero, Enrique Arnal, ex concejal de Moncada.La documentación de la depuradora de

Pinedo consultada por los socialistas indica que unos familiares del alcalde de Moncada y
vicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina, y su primer teniente de
alcalde, Luis Botella, figuran entre los proveedores de Emarsa.
Gea Manuel, SL, facturó desde el año 2004 algo más de 1,66 millones de euros por trabajos de electricidad para la depuradora de Pinedo sin que conste expediente de contratación, según el socialista Ramon Marí. La mayor facturación, 360.000 euros, se realizó en el año 2006, aunque trabajaron ininterrumpidamente para Emarsa desde 2004. La facturación del primer teniente de alcalde de Moncada, también del PP, se inició un año después y se prolongó hasta este año.
En total, cobró casi 115.000 euros por trabajos que no se han especificado.
Los socialistas insistieron ayer en que otras dos personas de confianza del presidente de
Emarsa y alcalde de Manises, Enrique Crespo, también fueron contratadas por la depuradora:
una periodista, que desde 2006 hasta 2010 cobró como autónoma 88.000 euros -unos 24.000
euros anuales-, y una abogada de familia, que en el mismo periodo facturó 65.000 euros.
Ambas habían sido asesoras de Crespo en el Ayuntamiento.
Además de estas facturaciones hay que añadir las de Hispavas, SL, firma del concejal del PP
de Albuixech José Alcácer y de su mujer, que facturaron en el citado periodo un total de tres
millones de euros por el traslado de lodos, sin que los socialistas tengan constancia de que
existiese un expediente de contratación.
Las facturaciones vinculadas a personas próximas a cargos del PP la completan el Instituto de
Empresas del Mediterráneo, relacionado con el ex concejal popular de Valencia Juan Carlos
Gimeno, que facturó 304.000 euros desde 2005 por trabajos sin especificar, y las de las
empresas de familiares de Enrique Arnal, el director financiero de la depuradora de Pinedo
ahora denunciado.
Entre las firmas próximas a Arnal que facturaron a la depuradora de Pinedo está el grupo Mas -
empresa de su mujer que facturó 113.000 euros en 2008 y 2009-, Arrima -empresa de un
hermano que entre 2004 y 2009 facturó 190.000 euros- y Técnicas de Gestión y Comunicación
-también de un hermano y que facturó más de 15.000 euros- por servicios de formación,
azafatas y comunicación.
"El PP debe tomar medidas y depurar responsabilidades. Los que mandaban en Emarsa
estaban vinculados al PP, los que firmaron el pago de facturas estaban vinculados al PP y los
que cobraron más de 5,5 millones de euros estaban vinculados al PP", afirmó ayer el socialista
Ramon Marí, que añadió: "Los vecinos de Valencia y de los otros 51 municipios [a los que
presta servicio la depuradora de Pinedo] no tienen por qué pagar lo que hayan hecho los
ladrones, voten o no al PP".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que disponía de la mayoría de los votos (45%) en la
empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo, se negó ayer a hablar del tema. "A mí me
preocupa cualquier caso de una mala gestión, pero está en los jueces todo, no tengo nada que
añadir". "Es un tema del que no voy a hablar, no tengo nada que añadir", sentenció.
Enrique Crespo criticó a los socialistas por "difamar gratuitamente a expensas como se está de una investigación judicial". El presidente de Emarsa amenazó al socialista Ramon Marí con que tendrá "serios problemas judiciales si no demuestra toda la sarta de mentiras, tramas,
corruptelas e infundios que va lanzando contra el PP". Crespo no desmintió, sin embargo, los
datos facilitados por los socialistas respecto a los contratos a empresas cercanas al PP.
El alcalde de Manises argumentó que el PSPV sabe que el ente metropolitano tiene en marcha
una ampliación de la querella presentada en el juzgado número 15 de valencia contra el
gerente y director financiero de la depuradora.
Facturas polémicas

- Moncada. Gea Manuel, SL, firma de familiares del alcalde de Moncada, Juan José Medina,
facturó desde 2004 1,66 millones de euros por trabajos eléctricos. Del primer teniente de
alcalde de Moncada también constan facturas por importe de 115.000 euros por trabajos no
especificados.
- Albuixech. Hispavas, SL, firma del edil popular José Alcácer y su mujer, presentaron facturas
por importe de tres millones entre 2004 y 2010 por el traslado de lodos.
- Valencia. La firma vinculada al ex edil del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno facturó
305.000 euros desde el año 2005.
- Manises. Dos personas de confianza del alcalde fueron contratadas a partir de 2006 y
facturaron en conjunto 153.000 euros
www.elpais.es 03.12.10
80) RUS JUSTIFICA LA CENSURA Y ANUNCIA QUE VETARÁ A QUIENES OPINEN
CONTRA EL PP
Los 20 días de silencio del alto mando de la Diputación de Valencia sobre la castración de la
muestra de fotoperiodismo en el MuVIM estallaron ayer en el pleno como una carcasa que
rompió en una palmera de acusaciones para defenderse de las críticas que les han llovido
hasta desde la BBC. El presidente, Alfonso Rus, y su vicepresidente Juan José Medina
negaron la condición de verdugo y se proclamaron víctimas de un sinfín de espíritus malignos
por enemigos del PP -según ellos- que fueron exorcizados con sendos discursos que
encendieron el debate. Atacaron a la Unió de Periodistes Valencians, al columnista de Levante-EMV Alfons Cervera, al propio diario, al colectivo "Ja en tenim prou", que en 2007 pidió el voto contra el PP, a concejales socialistas de Alaquàs y Quart por denunciar Gürtel en las puertas de un acto de Camps, a Ferraz, a los que se manifestaron ante las sedes del PP en la jornada de reflexión del 14-M de 2004 y al dimitido director, Román de la Calle.
Rus no sólo defendió la censura sino que lamentó que no fuera previa ("la obligación de Enguix
era haber visto la exposición antes de la copita inaugural", dijo) y, con toda naturalidad,
confesó: "No entendería que a un ayuntamiento le hicieran una exposición en contra y dijera:
ponedla". Acabó su alegato lanzando una advertencia que rozó la amenaza: "A la Unió de
Periodistes le digo, después de ver los escritos contra el PP, que he tomado nota". El día
anterior, en una entrevista en Popular Televisión anunció: "Miraré quien haya firmado un
manifiesto contra el PP". Y será vetado, por ejemplo, para sustituir a De la Calle en el MuVIM,
"aunque sea el mejor catedrático". "Mientras yo sea presidente", subrayó.
Medina y Rus achacaron toda la responsabilidad de la decisión censora al diputado de Cultura,
Salvador Enguix, que ayer no estuvo en el pleno porque se sometía a una intervención
quirúrgica. El presidente "no" autorizó la decisión, dijo Medina por escrito al PSPV. "Había fotos que no me parecían bien. A Enguix tampoco y yo le dije, tú mandas", fue la explicación de Rus sobre los hechos. Pero el vicepresidente dejó claro que todo el grupo "respalda políticamente" a Enguix.
La retirada de fotos se produjo porque "herían sensibilidades", según Medina. ¿La de quién? La suya. "Cuando observas que las fotos seleccionadas lo han sido con la presunta intención de tachar a unos de buenos y a otros de malos", dijo. Rus, quien el día anterior dijo que le ponía
"cachondo" la polémica, afirmó que la muestra era una "apología del caso Gürtel" -"que la
hagan en su casa", espetó-y que había fotos en la exposición "que no me parecían bien"
mientras "echamos de menos otras". Medina enseñó una a una las instantáneas que habrían
salvado la muestra de la hoguera: colas del INEM, la de la madre de Leire Pajín celebrando la
moción de censura de Benidorm, la plaza de toros llena aclamando a Rajoy y De la Vega
compungida por la derrota de las europeas.
La Unió de Periodistes no eligió esos retratos porque es una entidad "que está en un extremo y
debería ser un poco más abierta y centrada", acusó Medina. Para bordar el argumento,
sentenció que varios "miembros" de esta asociación firmaron el manifiesto de Ja en tenim prou
crítico con el PP. "La mayoría de esos señores", remató Rus.
Los 17 votos que ayer tenía el PP tumbó las mociones del PSPV y EU (11 votos cada una),
que pedían reponer la muestra y recuperar a Román de la Calle.
(www.levante-emv.com, 25/03/10
81) NUEVO REVÉS JUDICIAL PARA BARBERÁ EN EL CABANYAL
Rita Barberá, ha vuelto a cosechar una negativa de los jueces a su pretensión de ejecutar el
plan de El Cabanyal pese a la orden de paralización del Ministerio de Cultura. La Audiencia
Nacional rechazó en abril la petición municipal de dejar en suspenso la orden ministerial -que
impide demoliciones y obliga a revisar el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 450 edificios-, pero el gobierno local insistió y presentó un recurso de súplica que también ha sido desestimado.
En este segundo intento, el Ayuntamiento plantea a los magistrados de la sección séptima de
lo Contencioso-Administrativo que al menos retiren la orden de paralización cautelar sobre las
zonas del plan que no están incluidas en el conjunto protegido, e insisten en que no habrá
perjuicios al patrimonio histórico, como alegan el Gobierno, Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos. Los magistrados, en el auto notificado ayer, rechazan esa posibilidad, entre otros motivos, porque implicaría "en cierto modo la estimación anticipada del recurso" contra la orden del ministerio.
La Audiencia Nacional mantiene su decisión de abril de dejar en vigor la orden de suspensión
del plan, en la que destacó que era "evidente que, en otro caso, podrían producirse perjuicios
irreparables" al patrimonio de El Cabanyal. De hecho, el Ayuntamiento aprovechó en abril la
aprobación por el Consell de una ley autonómica en apoyo del proyecto para derribar varios
inmuebles en El Cabanyal antes de que el Tribunal Constitucional admitiera un recurso del
Gobierno y paralizara las actuaciones. Barberá puede recurrir en casación la denegación de su
segundo recurso ante la Audiencia Nacional.
www.elpais.es 05.06.10
82) UN TRIBUNAL REABRE EL 'CASO ESPÍAS' TRAS EL RECURSO DE UN EX JEFE
POLICIAL
La Sección XVI de la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias del caso del
espionaje político en la Comunidad de Madrid, perpetrado por agentes a sueldo del Gobierno
regional de Esperanza Aguirre, para que se acumule e investigue la denuncia presentada por el ex jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Giménez, por hechos similares que
supuestamente habrían cometido contra él los mismos implicados en los seguimientos al
vicealcalde Manuel Cobo y al ex vicepresidente autonómico Alfredo Prada, ambos adversarios
de la presidenta autonómica dentro del PP.
Poco después del estallido del caso espías, Giménez denunció que él también pudo ser objeto
de seguimientos, pero la juez instructora, Carmen Valcarce, desgajó su denuncia de la causa
principal y terminó archivando tanto una como otra. La causa principal es la relacionada con los
supuestos seguimientos sufridos por Cobo y Prada por parte de ex policías y ex guardias
civiles adscritos como empleados y asesores a la Consejería de Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, que dirige Francisco Granados. El tribunal considera que la decisión de Valcarce de abrir una pieza separada al margen de las diligencias centrales de la trama del
espionaje ha podido originar "inseguridad jurídica" a Giménez. Y entiende que no debió
desgajarse de la causa principal su denuncia. Por eso le ordena que acumule su escrito a la
citada pieza principal y, hecho eso, que tome la decisión que crea oportuna, pero "en el marco

de las diligencias previas registradas con el número 1891/2009". Es decir, la referida, según la
Audiencia, al "llamado espionaje político en la Comunidad de Madrid".
La juez tendrá dos opciones tras reabrir la causa principal: investigar la denuncia de Giménez o
no hacer nada y archivarla nuevamente, aunque en este último caso el tribunal le pide que le
dé una explicación "judicial razonada". El ex jefe policial de Coslada ha pedido a Valcarce, para no causarle indefensión, que tome declaración a los ex policías implicados y al consejero
Granados.
Valcarce archivó el caso espías, pendiente en este momento de un recurso del PSOE ante la
Audiencia de Madrid, en julio pasado. La Audiencia aún no se ha pronunciado sobre el archivo
de la causa principal; esto es, los seguimientos a Cobo y Prada, acreditados en las diligencias
con informes policiales basados en los posicionamientos de los móviles de los imputados, que
coinciden con los partes que hicieron los espías sobre la ubicación real de los investigados, y
del informe pericial encargado por la juez que acreditaba que uno de los empleados de la
Consejería de Interior era el autor de las notas manuscritas en los partes. Como apelante del
archivo de la causa, solo figura el PSOE, pese a ser del PP las víctimas, Cobo y Prada. Ambos
fueron forzados por Mariano Rajoy a retirar los recursos que presentaron tras el archivo del
asunto para evitar dañar la imagen del partido.
Lo que en puridad ha ordenado ahora la Sección XVI de la Audiencia de Madrid es que no se
desgajen de ese procedimiento principal (pendiente del recurso del PSOE) las supuestas
investigaciones hechas por ex policías a las órdenes de Granados al ex jefe policial de
Coslada.
Giménez denunció que él también había sido objeto de seguimientos, basándose en
declaraciones hechas a este periódico por Marcos Peña. Este ex inspector de policía, fichado
por Granados, manifestó que hizo trabajos de inteligencia para la elaboración de informes
sobre escándalos en Ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos y Coslada. Y citó entre
sus investigaciones la supuesta trama que condujo a la detención de Giménez en la llamada
Operación Bloque. Giménez ha mantenido que su detención fue fruto "de una novela sin base
redactada por la policía".
Valcarce archivó la causa central del espionaje sin haber tomado declaración a la ex esposa de principal imputado, Sergio Gamón, jefe de los agentes que efectuaron supuestamente los
seguimientos. La esposa de Gamón afirmó a EL PAÍS que este le había hablado sobre
investigaciones encargadas por el vicepresidente primero del Gobierno de Aguirre, Ignacio
González. Valcarce archivó el caso por entender que no estaba acreditado el delito de
malversación de caudales públicos que investigaba (utilizar a empleados pagados con dinero
público para fines distintos de su cometido) y que, en todo caso, "sería imposible determinar la
cuantía que se habría destinado indebidamente...".
(www.elpais.com, 25/10/10)
83) CASO GUATEQUE: IMPUTADO UN EX ALTO CARGO POR FAVORECER UN LOCAL DE LÓPEZ VIEJO
El juez del 'caso Guateque' reactiva la investigación y cita al ex director de Evaluación
Ambiental del Ayuntamiento
El juez de Madrid Santiago Torres reactivó ayer el caso Guateque (la trama de tráfico ilegal de
licencias municipales para locales públicos de Madrid) y citó como imputado a otro ex alto
cargo del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de Ramón Sánchez López de Luzuriaga, director
general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ayuntamiento entre el 14 de marzo y el 6 de
junio de 2006. Tendrá que comparecer ante el juez el próximo 4 de junio.
Ramón Sánchez tendrá que declarar ante el juez Torres el 4 de junio

La llamada Operación Guateque, que ya tiene casi un centenar de imputados, estalló el 14 de
noviembre de 2007 con la detención en Madrid de 16 personas; entre ellos, funcionarios de la
Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias juntas municipales. También
hay implicados varios concejales de distrito.
En un auto hecho público ayer, el juez Torres imputa a Sánchez López de Luzuriaga un
supuesto delito de tráfico de influencias. Le atribuye "haber otorgado prioridad a la concesión
de un informe favorable en materia medioambiental en favor del restaurante La Hacienda
Argentina, situado en la calle de Ibiza, 41". Según Torres, este restaurante era "propiedad de
Teresa Gabarra Ballsels y de la sociedad patrimonial que tal señora mantiene con su marido, el
señor Alberto López Viejo, a través de la compañía La Pampa Hostelera, SL".
Del auto se deduce que Gabarra y López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno de
Esperanza Aguirre, dispusieron de un trato de favor para conseguir la licencia medioambiental
que el Ayuntamiento otorgó en 2006 al lujoso restaurante que tiene dos plantas, un aforo para
100 personas y que está situado junto al parque del Retiro. López Viejo es diputado en la
Asamblea de Madrid desde 2003 y uno de los principales implicados en el caso Gürtel. El juez
Pedreira le atribuye haber recibido supuestos sobornos millonarios de la trama corrupta que
dirigía Francisco Correa. Tras verse implicado, dimitió como consejero de Aguirre y, junto a
otros dos diputados también implicados fue forzado a dejar el grupo del PP en la Asamblea de
Madrid. Los tres forman permanecen como diputados no adscritos, aunque votan siempre igual
que el PP.Detrás de la imputación en el caso Guateque del ex alto cargo del Ayuntamiento de
Madrid Ramón Sánchez López de Luzuriaga se hallan las grabaciones telefónicas que el juez
Torres realizó a los principales implicados de la trama durante los meses previos al inicio de las primeras 16 detenciones. En concreto, hay una conversación entre un funcionario del
Ayuntamiento madrileño y Victoriano Ceballos (jefe de División en la Concejalía de Medio
Ambiente de Madrid y uno de los principales conseguidores de licencias para particulares a
cambio de comisiones). En esa grabación, según fuentes de las partes, Ceballos deja entrever
un supuesto chanchullo sobre el restaurante de la esposa de López Viejo. El juez pidió la
documentación sobre este local al Consistorio y ahora ha decidido citar al entonces
responsable de Calidad y Evaluación Ambiental.
Asimismo, el instructor del caso Guateque ha decidido citar, también para el próximo día 4 de
junio e igualmente en calidad de imputado, a Óscar Acero Fernández. El magistrado no detalla
el cargo de Acero en el Ayuntamiento, si bien señala que lo va a interrogar en relación con una
licencia otorgada "por la Gerencia Municipal de Urbanismo a un edificio situado en la calle de
Trafalgar, número 17".
Hacía meses que el juez Torres no citaba a nuevos implicados. En la última época, el
magistrado ha seguido recabando decenas de expedientes sobre los que hay sospechas de
que pudieron resultar beneficiados con licencias tramitadas por miembros de la trama
Guateque. El juez también indaga en la actualidad decenas de denuncias anónimas sobre
locales públicos que supuestamente fueron beneficiados por algunos miembros de la trama a
cambio de dinero.
Las nuevas citaciones de implicados se producen después de que la Audiencia de Madrid
rechazase la intención del juez Torres de que el caso Guateque fuera enjuiciado por un jurado
popular. De entre la maraña de delitos descubiertos, Torres entendió que prevalecía el de
cohecho, que es una de las infracciones que el Código Penal deja en manos de un jurado
popular para su enjuicimiento. El juez sostuvo que el delito de cohecho prevalecía sobre los
delitos urbanísticos y los de falsedad documental hallados en la investigación.
Sin embargo, la Audiencia de Madrid no lo ha visto así al estimar un recurso de la fiscalía
contrario al criterio del juez. La fiscalía alega que se trata de una causa extraordinariamente
compleja y que la proliferación de imputados e imputaciones hace prácticamente imposible la
vinculación de todos esos delitos con las infracciones penales asignadas al jurado popular.

La Audiencia Provincial de Madrid se ha unido finalmente al criterio de la fiscalía y ha ordenado
al juez que continúe el proceso penal pero por el cauce del procedimiento abreviado, sin
jurado.
www.elpais.es 29.05.10
84) MONTES PIDE UN CAREO ENTRE TESTIGOS DEL 'CASO LAMELA'
Si dos testigos de un mismo hecho se contradicen, es probable que alguno esté mintiendo. Y
qué mejor manera de comprobarlo que ponerlos frente a frente y preguntar de nuevo. Las
contradicciones de varios testigos del caso Lamela han llevado a las abogadas de Luis Montes y de la asociación Derecho a Morir Dignamente a pedir al juzgado instructor un careo entre ellos.
Si la juez lo acepta, de un lado estará Isidro Álvarez, secretario del comité que el ex consejero
Manuel Lamela nombró para investigar las supuestas sedaciones irregulares en el hospital
Severo Ochoa de Leganés. Álvarez, jefe de Evaluación Sanitaria de la Consejería de Sanidad,
declaró en junio de 2009 que unos inspectores médicos habían ayudado a leer las historias
clínicas que el comité estaba analizando. Dio sus nombres: Mariano Villanueva, Francisco
Ramos y Ana Martínez. Los tres declararon el pasado 10 de diciembre lo contrario.Un careo
entre ellos y Álvarez, que además es su jefe, servirá para aclarar si hubo asesoramiento,
esperan las acusaciones. Las abogadas de Montes y la asociación cuentan desde el lunes con
más información. La Consejería de Sanidad por fin ha remitido al juzgado el expediente con las
actas de las reuniones que mantuvo el comité. Unas actas que parecen dar la razón a Isidoro
Álvarez. En una de ellas, del 20 de abril de 2005, se lee: "Se inicia el trabajo de campo de toma de datos de las historias clínicas, trabajo en el que [...] colaboran los médicos inspectores
siguientes:" Tras los dos puntos aparecen los nombres de los tres testigos que dijeron no haber colaborado con el comité.
En otra acta, del día anterior, 19 de abril, la comisión de expertos pide a la Dirección General
de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección "la colaboración de inspectores médicos y
subinspectores para la toma de datos de las historias clínicas para su posterior enjuiciamiento
por los miembros de la comisión".
El comité de expertos nombrado por Lamela fue el que, en mayo de 2005, emitió un informe en
el que concluyó que entre septiembre de 2003 y marzo de 2005 hubo 73 sedaciones
irregulares en las urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, de las que Montes era
coordinador. Esas acusaciones quedaron en nada. En enero de 2008 la Audiencia Provincial
archivó el caso, ordenó restituir el nombre de Luis Montes y retirar cualquier alusión a mala
práctica médica. Después, en abril de 2009, Montes y su segundo en el hospital, Miguel Ángel
López Varas, se querellaron por denuncia falsa y falsedad documental contra Lamela y los seis
médicos que formaron parte de la comisión.
www.elpais.es 29.12.10
85) EL JUEZ IMPUTA A LA EX ALCALDESA DE PINTO, DEL PP, POR
IRREGULARIDADES
Miriam Rabaneda, ex alcaldesa popular de Pinto, y su hermana Tamara, ex concejal de
Hacienda de la localidad, han sido imputadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Parla.
En el auto se advierte de que en el año en que el PP gobernó Pinto (2007-2008) los técnicos
municipales redactaron varios informes contra pagos autorizados por la alcaldesa y su
hermana, y presentaron reparos a la legalidad de ciertas operaciones por falta de liquidez del
Ayuntamiento o por no respetar el orden y la preferencia de pagos.
La alcaldesa y la concejal hicieron oídos sordos a las recomendaciones del tesorero e
interventor municipal cuando alertaron sobre la dudosa legalidad de muchas operaciones de
caja. Los fundamentos jurídicos del auto fijan que el comportamiento de las hermanas

Rabaneda "pudo entrañar un uso abusivo de sus competencias, al intentar imponer su voluntad
por encima de cualquier otra consideración en un ejercicio despótico de sus atribuciones".
Muchos pagos se hicieron en vísperas de la moción de censura del 22 de diciembre que
desalojó al PP del poder. El saldo del Ayuntamiento pasó de ser de 13.613.503 euros el 2 de
diciembre a 2.581.401 tan sólo 20 días después. El auto resalta la "contumacia con que la que
las denunciadas, el 19 de diciembre, ordenaron efectuar los pagos de gastos" y destaca que se actuó "obviando la necesidad de los funcionarios de efectuar el obligado arqueo ante el
anunciado relevo del gobierno municipal".
Miriam Rabaneda negó ayer todos los cargos: "Mi gestión estuvo siempre pensada en interés
de los vecinos. En el tiempo que dirigimos el Ayuntamiento recibimos a cientos de proveedores y personas con deudas y lo que queríamos era sólo pagarles. Todo lo que se hiciera en ese sentido estuvo bien. Y trabajamos dentro de la legalidad".
El auto interpreta como un indicio de corrupción que de la aceleración de pagos previa a la
moción de censura se beneficiara más de una empresa que "mantiene vínculos incluso
políticos con los denunciados".El 18 de enero, el juez imputa a Miriam y Tamara Rabaneda por
"las órdenes de pago efectuadas contraviniendo el procedimiento a que obligaban los reparos
de legalidad" emitidos por los interventores. El juez descarta la acusación de malversación
hecha por el nuevo alcalde; las diligencias contra los siete integrantes del gabinete popular de
Pinto también quedan archivadas.
Cuando el 22 de diciembre de 2008 el PSM desalojó mediante moción de censura al PP de la
alcaldía de Pinto, el nuevo alcalde socialista, Juan José Martín Nieto, declaró que el cambio
pretendía sacar al municipio del "desgobierno" en que lo habían sumido la "soberbia y
prepotencia" de Miriam Rabaneda.
Populares y socialistas han intercambiado durante dos años acusaciones de desangrar las
arcas municipales y han solicitado mutuamente al Tribunal de Cuentas la revisión de sus
cuentas de Gobierno. A la vez, Martín Nieto presentó una demanda contra toda la corporación
del PP, que es la que ha llevado a la imputación de la alcaldesa Rabaneda y su concejal de
Hacienda.
Ante la exuberancia crematística de las Rabaneda, los informes de la Intervención Municipal
alertaban sobre la posibilidad de que el dinero se agotara y no se pudieran pagar las nóminas a empleados municipales. La ex alcaldesa sostiene que los salarios estaban asegurados.
Según la denuncia del actual equipo de Gobierno, el tesorero y el interventor del Ayuntamiento
alertaron sobre irregularidades como el otorgamiento de subvenciones sin justificar; encargos a la empresa municipal de limpieza Aserpinto que podían no ajustarse a la legalidad; o
fraccionamientos de pagos con la intención de eludir el límite fijado por la ley para contratos sin
concurso público. En total, 264 informes desfavorables fueron avalados por el interventor
municipal. Todo eso antes del 9 de diciembre de 2008, porque en los días previos a la moción
de censura se multiplicaron los pagos a proveedores y los informes negativos.
"Yo dije que hasta el día antes de la moción iba a continuar trabajando", se defiende la ex
alcaldesa. Ante la pregunta de si eso equivalía a acelerar pagos a proveedores, responde que
no: "Ésa no era nuestra prioridad. Se siguió trabajando con normalidad". El auto de imputación
revela que, en los días antes de dejar el poder, Rabaneda continuó tomando decisiones
determinantes.
Una de ellas le costó a las arcas municipales cinco millones de euros que el Ayuntamiento
había ingresado por un convenio urbanístico. Dos días después de presentarse públicamente
la moción de censura, Rabaneda devolvió a los promotores los cinco millones que habían
pagado como primer plazo del acuerdo.
(www.elpais.com, 03/02/10)

86) LA POLICÍA DETIENE AL AGRESOR DE TERTSCH Y CONCLUYE QUE NO HUBO
MÓVIL POLÍTICO
La Policía ha detenido al presunto agresor del periodista Hermann Tertsch, ocurrida el pasado
7 de diciembre en un bar de copas en el centro de Madrid. Se trata del propietario de un pub
del barrio de Salamanca. Los agentes concluyen que la agresión se produjo a "consecuencia
de una discusión propia de altas horas de la madrugada y ajena por completo a móviles
políticos". ¿Pedirán ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid y el propio Tertsch
disculpas por apelar a la ideología del presentador como responsables de la paliza?
• La Policía cree que Tertsch se peleó con un “chulo”
• Las primeras pesquisas de La Sexta apuntan a que “la agresión” a Tertsch fue una
“vulgar pelea...
• "Su actitud crítica con el Gobierno no puede justificar una agresión física o moral"
• Tertsch: “Me pueden volver a atacar y eso sí que puede tener algo que ver con las
gracietas...
• Alfonso Rojo, que responsabiliza ahora a Wyoming de la patada a Tertsch, es un
habitual instigador...
• "Va a pagar caro sus gracias, que ponen en peligro a toda mi familia y a mí"
• El Mundo a Tertsch: “Te rogamos que dejes de explotar la paliza en beneficio mediático
propio”...
Las circunstancias que rodearon la agresión hacían difícil creer que la ideología del periodista
estuviera detrás de lo ocurrido. De hecho, algunos medios como Interviú ya se habían hecho
eco de que los investigadores creían que se trataba de una pelea de bar. De ello dio cuenta El
Plural el pasado 22 de diciembre. Ahora es el nada sospechoso de izquierdista La Razón,
quien lo recoge.
Conocido de los ambientes nocturnos
El presunto agresor es un hombre muy conocido en los ambientes nocturnos de Madrid. Se
trata de Ramón Narváez Gandarias, que fue arrestado en el establecimiento que regenta en la
madrileña calle Lagasca. Tiene antecedentes policiales por lesiones y atentado contra la
autoridad. Según explica el diario Público, negó al ser detenido los hechos y dijo que no había
estado la noche del 7 de diciembre en la calle Almirante, donde se produjo la agresión. Sin
embargo, los testigos consultados por la Policía lo identificaron y aseguraron que iba
acompañado de dos mujeres.
Persecución a Wyoming
El caso Tertsch provocó toda una andanada de la derecha mediática y política, con Esperanza
Aguirre a la cabeza, que culpó al presentador de La Sexta, El Gran Wyoming, de ser el autor
intelectual de la agresión.
www.elplural.com 08.01.10
86BIS) AGUIRRE PAGÓ DOS MILLONES POR OTRA CAMPAÑA FANTASMA
El Imade adjudicó el contrato el mismo día que el de Made in Madrid a la proveedora de la
trama Gürtel
El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó en 2006 otra campaña de publicidad de la que no
hay constancia que se haya realizado a pesar de que, según los expertos, es probablemente la
más suculenta de la historia de la Comunidad de Madrid: dos millones de euros sólo en
creatividad para "transmitir la importancia de las pymes y los autónomos".

El concurso fue paralelo y gemelo al de la publicidad fantasma de la campaña Made in Madrid,
que proporcionó otros 1,25 millones de euros a MQM, proveedora de la trama Gürtel. Ambos
fueron convocados en pleno verano por el procedimiento de urgencia por el Instituto Madrileño
de Desarrollo (Imade), adscrito a Economía y Hacienda, y adjudicados el mismo día: 11 de
octubre de 2006. En marzo de 2007, justo antes de que se convocaran las elecciones, ambos
contratos fueron modificados en beneficio de la empresa. Y ninguna campaña dejó nunca
rastro de su existencia.
Las propuestas que ganaron contratos distintos el mismo día son casi clónicas
Las similitudes son tan extraordinarias que incluso las respectivas propuestas que ganaron el
mismo día en el Imade contratos distintos comparten muchos fragmentos clónicos, letra por
letra. Parecen directamente fruto de una operación de cortar y pegar (ver página siguiente). La
empresa que ganó el concurso de dos millones de euros es Over Marketing y Comunicación. El ayar que para una región como Madrid, un concurso de creatividad publicitaria como este, que no incluye inserción en los medios, rara vez supera los 300.000 euros. El plan de creatividad suele suponer en torno al 10% del coste de una campaña, con lo que el impacto de El motor de nuestro desarrollo, con un plan de creatividad de dos millones, debería haber sido espectacular en la Comunidad de Madrid.
Una amplia campaña sin rastro
Alertada por la cuantía del contrato, la diputada socialista Livia Castillo solicitó el expediente,
en el que consta el plan de Over Marketing que resultó ganador. Además de las propuestas
tradicionales como el material para anuncios en televisión, prensa o radio, incluía una batería
de acciones en plena calle, que entre autobuses, azafatas y puntos móviles costaba 330.000
euros; la celebración de un congreso para pymes y autónomos presupuestado en 87.000
euros,un ciclo de cine centrado en pymes y autónomos 240.000 euros, un ciclo de teatro
140.000 euros y la edición de una revista personalizada para la campaña El motor de nuestro
desarrollo 55.000 euros.
Todo tenía que desarrollarse entre noviembre de 2006 y noviembre de 2007 las elecciones
estaban exactamente en medio: en mayo, pero en el sector al que supuestamente se dirigía no
existe constancia. Este periódico ha rastreado pistas de la campaña en varias organizaciones
de pymes y autónomos como Upta y Cepyme y no existe rastro de ninguno de estos actos.
Nada.
Nadie en el sector al que iban dirigidas las campañas
Una portavoz del Imade declaró a Público: "La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid fiscalizó la actuación de Imade y su grupo de empresas en el ejercicio 2006, fecha en la que se adjudicó dicho contrato. En este sentido, la Cámara de Cuentas fiscalizó toda la contratación del Instituto durante el referido ejercicio, sin hacer mención alguna a este expediente de contratación en su Informe de Fiscalización definitivo. Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda supervisa la ejecución de todos los contratos que firma y no realiza ningún pago de facturas que no adjunten los comprobantes pertinentes".
Y agregó: "La campaña se llevó a cabo entre noviembre de 2006 y noviembre 2007 y se
organizaron numerosos actos a lo largo de la Comunidad de Madrid, jornadas sectoriales,
foros, etcétera. Asimismo se puso en marcha un sistema de atención telefónico a autónomos".
El servicio de atención telefónico sí existió, pero sin vinculación con la campaña El motor de
nuestro desarrollo, sino dentro del Plan de Autónomos. En el presupuesto de Over Marketing
había una partida para un call-center de 18.000 euros (el 0,9% del total del contrato). Y el 26 de
marzo de 2007, una semana antes de que se convocaran las elecciones, el Imade y la
empresa firmaron una ampliación que le reportó 47.000 euros adicionales para un call-center
que, según consta en la documentación firmada, gestionaba en realidad el 012.

En dicho documento no consta ninguna referencia sobre el destino de los dos millones
adjudicados. Ni mención a El motor de nuestro desarrollo.
Concursos por la vía de urgencia
10,3 valor de los contratos en millones de euros
En el verano antes de las elecciones autonómicas de 2007, el Instituto Madrileño de Desarrollo
(Imade) sacó a concurso contratos relacionados con campañas publicitarias por valor de 10,3
millones de euros. Todos ellos se cursaron por la vía de urgencia.
4,5 el concurso más cuantioso en millones de euros
El concurso más cuantioso fue para la gestión de las campañas en los medios. Lo ganó Media
by Design por 4,5 millones.
3,25 Coste en millones de euros de las campañas fantasma
El coste de la creatividad de ‘Made in Madrid’ y ‘El motor de nuestro desarrollo’ sumó 3,25
millones de euros. No hay rastro de ambas campañas.
La milagrosa coincidencia de dos propuestas en teoría distintas
Eran concursos distintos y las ofertas las presentaban empresas distintas sin aparente relación
entre sí. La adjudicación se fallaba el mismo día, el 11 de octubre de 2006, en el Instituto
Madrileño de Desarrollo (Imade). Y las dos ganaron: Marketing Quality Management (MQM)
logró 1,25 millones para un contrato de publicidad sobre la importancia del desarrollo
equilibrado en Madrid, mientras que Over Marketing ganó dos millones para otra campaña
sobre la importancia de las pymes y los autónomos.
Los proyectos eran distintos porque también lo eran los concursos, pero su propuesta era un
calco la una de la otra. No sólo es muy similar el formato en que se presentaron ambas
propuestas, sino que el grueso de los apartados son simplemente un ‘copiar y pegar', con leves retoques en el precio porque MQM optaba a un contrato menor que Over Marketing. Las
reproducciones adjuntas son la primera página de ambas propuestas: los conceptos coinciden
palabra por palabra, las medidas ofertadas son las mismas, los equipos técnicos con que se
cuenta son exactamente los mismos... Todo es lo mismo.La dinámica sigue en casi todas las
páginas siguientes, en las que ambas empresas ofrecen propuestas prácticamente idénticas y
con las mismas palabras. Por ejemplo, para el acto de presentación de campaña ambas
preveían alquilar 130 sillas, dos micros Shure 57, seis trípodes, 30 metros cuadrados de
moqueta gris, ofrecer vino español para 100 personas... Dos presentaciones tan idénticas de
las que no hay constancia que se hicieran.
www.publico.es 04.04.10
87) LOS NUEVE CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN BALEARES
'CASO PALMA ARENA'
- Investiga: Malversación de 41 millones de euros, cohecho, prevaricación, blanqueo, fraude a
la Administración, delito fiscal y negociaciones prohibidas en la construcción del velódromo. -
Financiación ilegal del PP.
- Imputados: Jaume Matas y ocho ex directores generales.
'CASO BITEL-2'

- Investiga: Apropiación de 700.000 euros, cohecho, prevaricación y fraude en la empresa
pública de tecnología Bitel.
- Imputado: El ex director gerente Damià Vidal, que ya participó en la defensa de Matas en
otro caso.
'CASO SCALA/COLA CAO'
- Investiga: Malversación de 4 millones, apropiación, cohecho, negociaciones prohibidas y
prevaricación en el Consorcio para el Desarrollo Económico. - Financiación ilegal del PP.
- Imputados: Un ex consejero y tres directores generales o jefes de gabinete.
'CASO FUNERARIA'
- Investiga: Apropiación de 300.000 euros, malversación, cohecho y falsedad en la empresa
funeraria municipal de Palma de Mallorca.
- Imputados: Una ex concejal, municipal, el presidente de la empresa, y un ex director gerente.
'CASO IBATUR/PASARELA'
- Investiga: Falsedad, cohecho, malversación y apropiación de caudales públicos en el
Instituto Balear de Turismo.
- Financiación ilegal del PP.
- Imputados: Un ex consejero del Gobierno balear y tres ex directores generales.
'CASO ANDRATX'
- Investiga: Las irregularidades en la fundación de Gabriel Cañellas.
- También están bajo sospecha, por el aviso de su detención que recibió el alcalde de Andratx,
un ex consejero del Gobierno balear y el propio Jaume Matas.
'CASO BOMSAI'
- Investiga: Prevaricación, malversación de 600.000 euros y cohecho en la empresa pública de
obras Caib Patrimoni por el pago de comisiones en la adjudicación de edificios públicos.
- Imputados: Un ex consejero y dos ex directores generales.
'CASO PLAN TERRITORIAL'
- Investiga: Tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación.
- Imputados: Un ex consejero y un consejero insular. El primero de ellos, Jaume Font, continúa
en su escaño del Parlamento autónomo por el Partido Popular.
'CASO TURISMO JOVEN'
- Investiga: Apropiación indebida de 300.000 euros, cohecho y prevaricación en un consorcio
público para la juventud de la Administración autónoma.

- Imputados: Dos ex directores generales del Gobierno balear.
Políticos en prisión
- Tres ex políticos -el PP los ha expulsado- están en la cárcel con condena firme por delitos de
corrupción: el ex director general del Territorio Jaume Massot; el ex alcalde de Andratx Eugenio
Hidalgo; y el ex edil de Urbanismo de Palma, Rodrigo de Santos, por abuso de menores y
malversación.
www.elpais.es 06.08.10
88) ANTICORRUPCIÓN CONFIRMA QUE AGUIRRE SE FINANCIÓ ILEGALMENTE
Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio
Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de
Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales
y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.
Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de
2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira
el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2
millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta,
falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.
La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas
mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.
El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam
se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano
tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de
la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.
El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide
Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM
siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos
electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente
delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a
los diez años.
El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la
existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca
que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las
campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los
empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam
entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus
sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han
adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de
Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados
por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la
patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces
candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A
partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.
El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de
asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como
"interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas,
entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los
primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados
socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La
situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de
octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.
El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación
de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y
excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión
menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las
cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con
penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en
este caso las facturas electorales.
(www.publico.es, 25/10/10)
89) EL CONSELL VALENCIANO AUSPICIA UN ENTRAMADO DE ONG QUE DESVÍA
DINERO DE COOPERACIÓN A SUS EMPRESAS
Un complejo entramado de fundaciones y ONGD creadas recientemente desvió hasta 1,4
millones de euros de ayuda al Tercer Mundo a empresas de sus dirigentes a través de
contratos de asesoramiento y valoración técnica. Personal de la Conselleria de Solidaridad y
Ciudadanía, dirigida por Rafael Blasco, auspició que este tinglado recibiera hasta 4.368.632
millones de euros de subvenciones en 2009 y 2010, según revelan unos documentos a los que
se ha tenido acceso.
El entramado, formado por cuatro ONG y dos fundaciones y, al menos, por cinco empresas,
recibía consignas de personal de la conselleria de Blasco para mejorar sus puntuaciones en los concursos públicos y ampliar la red de organizaciones colaboradoras. En el centro de la red se encuentra la Fundación Solidaria Entre Pueblos, fundada en febrero de 2009 y que con tan
corta vida ya ha recibido hasta 829.990 euros de proyectos de la Generalitat, algunos a dedo.
Además, ha sido la institución elegida por Rafael Blasco para construir un hospital en Haití, con
3,8 millones de dinero público y de donaciones de los valencianos.
La red utilizaba un modus operandi piramidal. Entre Pueblos buscaba fundaciones y ONGD
para ser asesoradas, muchas veces por personal de la propia conselleria que daba listados de
las puertas donde llamar. Según ha podido saber este periódico, un subordinado de Rafael
Blasco facilitaba los contactos e incluso, daba su nombre para interceder en la colaboración.

También daba recomendaciones sobre los detalles técnicos que más se valoraban para entrar.
La interlocución con la fundación cabeza de la red era más que fluida.
Una vez las organizaciones "tentadas" aceptan el trato, los técnicos de Solidaria Entre Pueblos
elaboran el proyecto entero, incluidas las empresas con las que contratar, que en la mayoría de
casos pertenecían a los dirigentes de la fundación. Así, según ha contabilizado Levante-EMV
del material del que dispone, las firmas podrán recibir hasta 1.399.467 en los proyectos de
2009 y 2010, ya que algunos todavía están en ejecución en estos momentos.
Las empresas con las que se contrata, la mayoría de veces para informes técnicos, estudios
topográficos, o incluso para cursos de agricultura, son Gestiones e Iniciativas Arcmed, S. L.,
Dinamiz-E, S. L., Desfa, S. L., y Promociones Delyvery Burns. La asesoría Avance abogados
también facturó algunos trabajos a esta red de fundaciones. Estas cinco empresas pertenecen
a los miembros del patronato de la Fundación Solidaria Entre Pueblos o a sus directores en la
sombra.
Arcmed, que ha recibido de las fundaciones de la red hasta 420.997 euros, tiene como
administrador único a Alfonso Navarro, presidente de Solidaria Entre Pueblos. Dinamiz-E, por
su parte, cobró a las ONGD 519.329 euros y es propiedad de Adolfo Soler Sempere,
vicepresidente de la fundación matriz.
Por su parte, Joaquín Blasco López, quien en realidad dirige en la sombra la Fundación Entre
Pueblos, según ha podido confirmar este periódico en la documentación que obra en su poder,
es el consejero delegado de Desfa, S. L., empresa que tiene comprometidos 388.255 euros de la red de ONGD. Promociones Delivery Burns, cuya administradora única es María Pilar Segura Crespo, también cobró 70.886 euros. Segura Crespo es también presidenta de Desfa, S. L.
Llama la atención que trabajando para la Fundación Entre Pueblos se encuentra la firma de
uno de los ex socios del hermano del conseller Blasco, César Augusto Tauroni. CGS, la firma
de Tauroni, quien también es brazo ejecutor, asesora a la fundación.
Pero no sólo las empresas de la trama tienen vinculaciones con Entre Pueblos, la propias
ONGD a las que asesoraba acabaron produciendo sinergias. Es el caso de Ceiba, que recibió
de la Conselleria de Solidaridad 656.355 euros. Juan Pablo Ebang, su presidente en 2009
(dimitió hace unos meses), estaba a sueldo de la fundación matriz, concretamente a 1.300
euros mensuales, según la documentación en poder de este periódico.
Dinamiz-E facturó por varios cursos a Ceiba 170.700 euros, de los 296.700 que costó todo el
proyecto "Contra la violencia sexual y la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en
Malabo, Guinea Ecuatorial". Cabe recordar que el objeto social de esta firma es "el
asesoramiento en informática". Además, la propia Solidaria Entre Pueblos recibió además casi 6.000 euros por la evaluación final del proyecto en 2009.
También de un proyecto de Ceiba para la reducción del sida en Guinea Ecuatorial, la firma de
Joaquín Blasco López, Desfa, S. L., facturó 187.000 euros en suministro de medicamentos.
Delivery Burns (firma administrada por la presidenta de Desfa, S. L.), que tiene en su objeto
social el comercio de productos farmacéuticos y la venta de inmuebles, cobró hasta 70.886?
Pese a esta elevada facturación, Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud) fue
quien más dinero de la Generalitat recibió. Hasta 1.406.911 euros para diferentes proyectos en
República Dominicana. En este caso también entraron todas las empresas de la red, que
facturaron más de 330.000 euros por la construcción de invernaderos.
Por su parte, la Fundación Esperanza sin Fronteras, presidida por el periodista Fernando
Darder, recibió para dos proyectos en 2010 hasta 579.846. Aunque el proyecto en Perú todavía no ha finalizado, las facturas proforma a las que ha tenido acceso Levante-EMV, confirman que Arcmed facturará a la firma, unos 116.000 euros.

Otra de las agraciadas con gran cantidad de dinero fue Asa de África, con hasta 663.378 euros.
En este caso, es su propia presidenta la que tiene una estrecha relación con el entorno de
Rafael Blasco y los dirigentes de Solidaria Entre Pueblos.
Chistine Bernadette Nnomo Ayissi fue candidata por Asturias por el Partido Social Demócrata
(PSD). Además es la vicepresidenta de Fedacot, la asociación que instigó el conseller Rafael
Blasco para controlar el mundo de las ONGD.
Por último, Asamanu de África, a quien Solidaria Entre Pueblos gestionó todos los proyectos se ha llevado de la Generalitat 232.148 euros para sus proyectos en el continente africano.
Arcmed, la empresa cuyo administrador único es Alfonso Navarro, presidente de Solidaria
Entre Pueblos, no sólo recibió contrataciones del conglomerado de fundaciones que controla.
Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) le abonó 208.352 euros por asesoramiento técnico.
Cabe recordar que Cyes destinó 1,6 millones de euros de fondos de cooperación de la
Generalitat a la compra de pisos y aparcamientos.
En concreto, el dinero del proyecto tenía que haber ido a Nicaragua pero se quedó en Valencia
y al país centroamericano sólo llegaron 63.500 euros. Cyes, que preside Marcial lópez,
inhabilitado por el Tribuna Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y acusado de
malversación y apropiación indebida a finales de los años 90 cuando presidía el Colegio de
Enfermería de Castellón, recibió de la Generalitat dos proyectos de 833.409 euros cada uno.
Al final, según publicó El País, con el dinero de uno de los proyectos en Nicaragua se adquirió
un entresuelo en el número 79 de la avenida Ausiàs March de Valencia, y una plaza de garaje
por 439.668 euros; se reformó el inmueble y se instalaron alarma, telefono y equipos
informáticos por 22.194 euros y se destinaron 71.976 euros a gastos de personal.
La conselleria, que cerró el expediente favorablemente, sólo pidió la devolución de un 15% del
valor del proyecto por no ajustarse a su idea inicial. La Generalitat negó tajantemente estas
informaciones y dijo que dejaría ver el expediente a la oposición. levante-emv valencia
(www.levante-emv.com, 20/10/10)
para un proyecto educativo en la capital. El resto, 300.000 euros, era para “apoyar a madres
adolescentes en Cartagena de Indias”, precisamente el proyecto del que habla Rajoy, aunque
no le extrañe que con tanto dinero no hayan sido capaces de erradicar las “charcas infectas”.
Por cierto, la encargada de firmar esas dos partidas no es otra que la concejala de Asuntos
Sociales y ex presidenta de Humanismo y Democracia: Concepción Dancausa.
www.elplural.com 26.03.10
90) GABRIEL CAÑELLAS DECLARA POR UN COBRO A UNA EMPRESA DE BOMSAI
Gabriel Cañellas, ex president del Govern con el PP, declaró ayer, en calidad de imputado,
ante los investigadores del caso Bomsai, la presunta trama de corrupción en torno a la
empresa pública Caib Patrimoni en la pasada legislatura. Cañellas fue interrogado acerca de
un pago que le hizo Atlas Capital Close Brothers en 2006, una empresa que asesoró al anterior
Govern en unos concursos millonarios y dos de cuyos directivos fueron ayer también
encausados. El antiguo dirigente del PP explicó que cobró ese dinero por mediar en un negocio ajeno al presunto entramado de corrupción.
Cañellas fue citado a declarar en la Jefatura Superior de Policía a primera hora de la mañana y
en calidad de imputado. En su interrogatorio estuvo presente también el fiscal anticorrupción
Pedro Horrach.
La imputación de Cañellas se debió a una facturación sospechosa que los investigadores de
Bomsai habían localizado. La pista apuntaba a que ´Atlas´ había realizado un pago a Cañellas
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo : Balance 2010 94
Consultors, la asesoría del ex president, en 2006 y por una cuantía, al parecer, de 50.000
euros.
Atlas Capital Close firmó ese mismo año con Caib Patrimoni un contrato por el que cobró unos
600.000 euros para redactar el pliego de bases y tutelar la construcción de dos equipamientos
públicos en Palma: el cuartel central de los Bomberos y la sede de la conselleria de Sanidad.
Ambos concursos que se hicieron por el sistema llamado peaje en la sombra, una financiación
mixta pública y privada.
Cañellas, que desde hace años tiene una importante empresa de servicios, explicó a la Policía
que prestó asesoramiento a ´Atlas´ en una operación para vender a inversores de fuera de
Mallorca una sociedad familiar de la isla.
Por la mediación, su trabajo de campo y el seguimiento de todas aquellas negociaciones y
proceso, Cañellas percibió sus honorarios, según explicó él mismo.
El ex president salió en libertad tras su declaración y los investigadores tendrán que
comprobarán ahora los extremos de su declaración. Cañellas, representado por Josep Perelló,
aportó al Grupo de Delitos Económicos todo tipo de datos sobre aquel asesoramiento que
prestó a ´Atlas´, así como la identidad de un gran número de personas que participaron en
aquel negocio y que pueden ratificar su papel mediador.
(www.diariodemallorca.es, 29/04/10)
91) MURCIA, QUE CORRUPTA ERES
Las pesquisas de jueces, fiscales y guardias civiles han puesto al descubierto que en la Región de Murcia algo huele a podrido. No es para menos si se tiene en cuenta que de los 45
municipios que existen en esta comunidad autónoma, están siendo investigados cargos
políticos y altos funcionarios de una veintena larga de consistorios por la supuesta comisión de
diferentes hechos delictivos. La Justicia ha dirigido su punto de mira, en la mayoría de los
casos, hacia el desarrollo urbanístico, disparado tras la reforma de la Ley del Suelo que aprobó
el Gobierno de Aznar y su aplicación en la Región de Murcia, lo que dio paso a un modelo de
desarrollo que ahora ha terminado por estallar.
De hecho, Murcia, es una de las provincias donde más subió el precio de la vivienda, frente a
un nivel de renta de los murcianos muy por debajo de la media nacional, es inferior en un 16%,
pese a 12 años de expansión; lo que confirma que el modelo de desarrollo del Gobierno del PP en Murcia, después de tantos años, no ha servido para corregir diferencias entre los murcianos y el resto de españoles. Todas las investigaciones que están en marcha afectan a municipios dirigidos por el Partido Popular, excepto en cuatro: Ojós, pequeño municipio del interior gobernado por un partido independiente, Los Alcázares, en el Mar Menor, donde gobierna el PSOE, Ceutí y Lorca.
Aunque no pueden descartarse que existan más investigaciones en marcha, de las que no se
conocerían detalles porque puedan estar bajo secreto, los casos más destacados, de los que
se tiene constancia, son los que siguen:
Águilas: ‘caso Zerrichera’
Este asunto está en plena investigación con una decena de imputados, incluido el empresario
Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez, así como dos ex directores generales
del Gobierno regional de Valcárcel. Los jueces y la Fiscalía investigan la recalificación de una
finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-
Cabo Cope, en el municipio de Águilas.
Totana: ‘operación Tótem’

Se investiga una supuesta trama de corrupción de la anterior corporación del PP y la actual
exigiendo comisiones para recalificar terrenos. La jueza encargada del caso ordenó la
detención de 14 personas y cuatro más resultaron imputadas. Entre los detenidos destacaba el
alcalde del PP, José Martínez Andreo, que estuvo dos meses en prisión y salió, recientemente,
tras pagar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados aparece el diputado por el PP y ex
alcalde de la localidad Juan Morales, a quien el juez pidió 200.000 euros de fianza para librarse de la cárcel.
Alcantarilla
Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, al que le pide
seis años de prisión, por un supuesto episodio de contaminación del río Segura.
Fuente Álamo y Torre Pacheco
En esta trama se imputaron a 14 personas, incluyendo los dos alcaldes, la edil de Fuente
Álamo, Maria Antonia Conesa, y el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, éste último estuvo en prisión. En el conjunto de la causa, según fuentes del Tribunal Superior de
Justicia, se investiga la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades
prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,
cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. Entre los imputados se encuentran tres
concejales de Fuente Álamo, además de la alcaldesa y el arquitecto municipal; y en el
consistorio pachequero hay imputados cinco corporativos, el arquitecto técnico (también llegó a ingresar en prisión), el secretario del Ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal.
Igualmente, vinculados a esta investigación, se encuentran el que fuera fundador de Polaris
World, Facundo Armero, y el actual presidente de la empresa, José Luis Hernández, además
de un socio de Facundo y anterior director financiero de Polaris, Juan Marcos Fernández
Farrugia.
Librilla
El juez dictó, tras la detención realizada por la Guardia Civil, prisión provisional sin fianza para
el alcalde de Librilla, José Martínez García (PP); su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz;
el gerente de la empresa municipal del suelo, José Andrés Cortés, y el funcionario autonómico
en excedencia José Luis Cano. El caso sigue abierto.
Archena
El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas
de las programadas en principio, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin
que se hubiera terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización.
Cieza
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el
Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un
presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría,
durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta
por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en
el que se recalifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000
nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son
de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo.
Ulea

Se investiga, al menos, una recalificación de terrenos. En el Juzgado de Instrucción número 3
de Cieza hay abierto un procedimiento contra el alcalde, José Bolarín, por presuntos delitos de
prevaricación, abuso en el ejercicio de la función pública y tráfico de influencias.
Ahora también aparecen vinculaciones con el caso Umbra. Ulea es un municipio de unos
cientos de habitantes. El alcalde del PP, José Bolarín Cano, se ha puesto un sueldo de más de
4.000 euros mensuales, más dos pagas extras. El alcalde quería autorizar la construcción de
más de 20.000 viviendas en un pueblo de 800 habitantes.
San Javier
El ex regidor popular de San Javier José Hernández también fue detenido y está siendo
investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido
denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue
archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma. En San Javier, además, la
Justicia investiga la tramitación de un puerto en La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga
también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal.
Murcia
En el municipio de Murcia hay varias causas abiertas. Una de ellas atañe al arquitecto
municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por
favorecer presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde su
puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra
la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia. Ahora, la
operación Umbra ha comenzado con tres detenidos y más de veinte imputados, entre ellos el
concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el presidente del Real Murcia, Jesús Samper.
Todo relacionado con convenios urbanísticos en la zona norte de Murcia.
Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex
miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.
Villanueva del Segura
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza investiga una querella por supuesto delito contra
la ordenación del territorio contra el técnico municipal Juan Rubio García y los miembros de la
junta de gobierno, por la construcción de viviendas en el paraje de La Morra.
Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.
Abanilla/Fortuna
Un juzgado de Cieza decidió imputar a diferentes cargos políticos y a sus familiares después
de que la concejala del propio PP, María Dolores García les acusara ante los tres magistrados
de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las
elecciones locales de este municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de
comida. En estos comicios el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.
También hay investigaciones por la relación de políticos populares con "el rey de las basuras",
el empresario Angel Fenoll, vinculado a la trama de Orihuela.

La balsa Jenny
La Fiscalía Central Anticorrupción consideró que hay indicios de un delito de malversación de
caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de acopio de estériles
minerales contaminantes. El abogado José Luis Mazón y el periodista José Juan Cano Vera
tienen denunciados los hechos en los tribunales.
Delegado del Gobierno
El ex delegado del Gobierno del Partido Popular, Francisco Marqués, fue detenido en el marco
de una operación contra la corrupción. También fue consejero del gobierno regional y en la
actualidad es un alto cargo de Hefame.
También en la Televisión Autonómica
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el
proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al
Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM). Esta empresa se encarga de gestionar el canal público durante siete años, y a cambio percibe 36 millones de euros más el IPC anual,
procedentes de las arcas autonómicas, con lo que en total serán al menos 252 millones.
El constructor Facundo Armero, que aparece imputado en las diligencias de Torre Pacheco, se
encargó de la construcción del centro de emisión, incluso meses antes de que el concurso de
adjudicación se resolviera. Finalmente el propio Facundo Armero, que entonces era
copropietario de Polaris World, que participó en GTM, resultó adjudicatario de la carísima
televisión regional, que hasta ahora ha cosechado una pobrísima audiencia.
(www.vegamediapress.com, 17/10/10)
92) CONDENADO A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN EL EX DIPUTADO DEL PP JOSÉ
LUIS DEL OJO
La Audiencia de Granada ha condenado a siete años de inhabilitación al ex diputado del PP
José Luis del Ojo por un delito de prevaricación. El fallo considera que durante su etapa como
concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada), Del Ojo adjudicó varias obras municipales
prescindiendo del procedimiento administrativo correspondiente y siendo "perfecto conocedor
de la ilegalidad que estaba cometiendo".
La condena le impide desempeñar el cargo de concejal o alcalde y además le obliga a pagar la mitad de las costas procesales del juicio. La sentencia, que va a ser recurrida por el ex
diputado a las Cortes, considera probado que Del Ojo, como alcalde en funciones, contrató
"verbalmente" en 2003 varias obras en el Ayuntamiento y en algunas calles a la empresa
Promociones y Construcciones García Mejías S. L.
Con la finalidad de que los contratos tuviesen la condición de "menores" -al no superar la
cuantía de 30.020,61 euros, según consta en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas- se fraccionó la documentación relativa a esas obras de mejora y adecuación de las
calles y del Consistorio. Y se concertó verbalmente con ausencia total del procedimiento, sin
informe de Secretaría del Ayuntamiento, del Servicio de Contratación o de Intervención y sin
consignación presupuestaria en el momento de las obras.
De esa forma, y tras lograr los informes técnicos necesarios que avalaran el fraccionamiento de las obras, Del Ojo eludió los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación. Y eso aunque en realidad, según consta en la resolución, las obras se correspondían con una sola en la calle y otra en el Ayuntamiento. Además, sostiene el tribunal, tampoco se cumplió con otros requisitos previstos en obras menores, lo que motivó que se emitieran "informes de reparo" del secretario del Ayuntamiento y de la interventora municipal.

Por todo eso la Audiencia considera que Del Ojo, que ya no es ni concejal ni diputado aunque
sí miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP, prescindió "total y absolutamente" de todo
procedimiento administrativo en la adjudicación de las referidas obras, siendo "perfecto
conocedor de la ilegalidad que se estaba cometiendo".
Por el contrario, respecto a las obras de la Casa de la Cultura del municipio, por las que
también estaba acusado, el tribunal considera que no ha quedado acreditado que llegara a un
compromiso verbal con la empresa adjudicataria, en este caso UCOP. De ahí que lo absuelva
del otro delito de prevaricación del que estaba acusado y por cuyo escándalo dejó su
responsabilidad en Urbanismo en Ogíjares, donde fue concejal desde 2003 al 16 de octubre de 2006. La sentencia será recurrida ante el Tribunal Supremo.
www.elpais.es 15.12.10
93) LA LÍDER DEL PP TINERFEÑO JUSTIFICÓ GASTOS CON FACTURAS DE
FAMILIARES
El caso de las facturas falsas presentadas por los ediles del PP para justificar 160.000 euros de asignación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sigue dando sorpresas. En el informe realizado por la Intervención municipal se reflejan varios asientos contables por valor de más de 8.000 euros en conceptos de servicios prestados por empresas relacionadas con familiares directos de la actual presidenta de los populares tinerfeños, Cristina Tavío. Según el citado documento, la dirigente popular presentó cuatro facturas por gastos de publicidad y obras de reformas de las empresas Nesurten y Marina de San Miguel, administradas por los hermanos y la madre de Tavío.
En el informe de Intervención se advierte de la presentación de dos facturas de más de 2.000
euros, relativas a la empresa Nesurten, SL por el concepto de "gastos de publicidad Torneo de
golf Presidente" a lo que el interventor del Ayuntamiento objetó que "no existe relación con la
actividad del grupo del PP", ya que se trata de una actividad desarrollada por la citada empresa en Amarilla Golf.
Según consta en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 20 de octubre de
2007, Nesurten SL fue absorbida por Golf de Tenerife, empresa que, a su vez, administra
solidariamente desde el 13 de abril de 2000 la madre de la presidenta del PP tinerfeño
incorporándose a la entidad, en 2007 y como administrador solidario, el hermano de Tavío.
En los anexos que se incluyen en el informe de Intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz
se desvela que Tavío presentó durante el mandato 2003-2007 facturas para justificar el gasto
de la asignación pública destinada al grupo municipal del PP en concepto de pagos por
reformas y publicidad a la empresa Marina de San Miguel, SL. Se trata de dos facturas con
cargo a las arcas municipales, por un importe de más de 2.000 euros en concepto de "reformas varias" y otra factura de 600 euros por "gastos de publicidad del Torneo La Marina".
La empresa Marina de San Miguel tiene como administrador único desde 2002 a un hermano
de Cristina Tavío. Según el citado informe, la portavoz del PP autorizó que el grupo popular
abonara en 2003 y 2005 un total de 3.154,1 euros a la citada empresa, con cargo a las arcas
públicas del municipio.
(www.elpais.com, 07/09/10)
94) EL FISCAL PIDE INHABILITAR AL PROMOTOR Y AL ALCALDE DE NAVAS DEL
MARQUÉS
El fiscal ha pedido 12 años de inhabilitación para el alcalde de Las Navas del Marqués,
Gerardo Pérez (PP), el secretario municipal, Carlos de Vega, y para el promotor Francisco
Gómez Hernández, El Paloma. La fiscalía considera que los tres urdieron una "operación
especulativa" para levantar una urbanización en un pinar protegido en Ávila. La vía penal del

caso Navas del Marqués, dividido en cuatro piezas -dos de las cuales han sido archivadas-,
avanza cuatro años después de que el Tribunal Superior de Justicia anulase la urbanización.
El escrito del fiscal afirma que la constitución en 2000 de una sociedad en la que el alcalde era
el presidente y De Vega era el secretario general "sirvió para sortear escollos legales" que tenía el Ayuntamiento para vender parte de su suelo a El Paloma. La sociedad, llamada Montes de Las Navas, compró los pinares que rodean el pueblo a la Unión Resinera SA y decidió vender una parte a El Paloma para que construyera 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf. El terreno incluye una parte que es zona de protección de la cigüeña negra, especie amenazada.
La empresa pública acordó con El Paloma la venta de una parte del terreno y se comprometió
a "llevar a cabo un proceso de licitación pública procurando que ello no suponga un fracaso del
proyecto". Es decir, en las escrituras se comprometían a aprobar la urbanización antes de
realizar un concurso público y sin trámites ambientales.
"Resolución arbitraria"
El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, considera que eso dio "apariencia de legalidad" a
una "resolución arbitraria" y pide 12 años de inhabilitación para El Paloma por prevaricación
para "la profesión de promotor inmobiliario".
El juzgado de Ávila que lleva el caso ha dictado la apertura de juicio. Dos de las otras
investigaciones han sido archivadas. La de la tala de cientos de pinos en 2006, cuando la
urbanización ya había sido anulada por los tribunales, y la pieza contra técnicos que apoyaron
la recalificación. Queda otra instrucción en Valladolid sobre la participación en la recalificación
de altos cargos de la Junta.
Carlos Bravo, de la asociación ecologista Centaurea, que ha ejercido la acusación, afirma:
"Estamos viendo la luz al final del túnel. Aunque sea tarde, el fiscal ha visto claro el caso y se
sentarán en el banquillo".
www.elpais.es 30.12.10
95) EL TRIBUNAL SUPERIOR AMPLÍA LAS IMPUTACIONES EN EL 'CASO HERNÁNDEZ'
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha descartado cerrar el
caso que instruye por la obra de la variante de Lira (Salvaterra) que la Diputación de
Pontevedra certificó y dio por acabada cuando apenas habían comenzado los trabajos y que ha llevado al juez a imputar, entre otros, al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández,
director de infraestructuras en aquel momento en la institución provincial.
En un auto firmado el pasado 16 de julio, el juez no sólo se niega a cerrar el caso (tal y como
pidió la defensa) sino que estima que faltan pruebas por practicar para concluir la instrucción.
También decide ampliar la denuncia a dos de las personas a las que había tomado declaración
como testigos. Se trata de Pablo Montero Carrera, técnico de la Diputación de Pontevedra, y
Juan Sánchez González, director técnico de Sercoysa, adjudicataria de la obra. El tribunal toma
esta decisión al entender que "pueden existir indicios de criminalidad" derivados de su
actuación en este caso.
Con este auto, son ya tres los cargos de la Diputación de Pontevedra imputados por el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia tras la denuncia presentada por el PSdeG, que calificó de fraude la certificación de una obra inacabada que el ente provincial había adjudicado a Sercoysa, una de las firmas en las que había trabajado Hernández, cuanto éste era alto cargo de esta institución.
Además del propio conselleiro, está imputado Baltasar Pujales, ingeniero de la Diputación que, en su declaración ante el juez, exculpó a Hernández y asumió como propia la certificación de la infraestructura. La Consellería de Medio Ambiente evitó hacer comentarios y se limitó a

subrayar que respeta la decisión judicial.Desde que denunció el caso de la obra de Salvaterra
en los tribunales, la oposición de PSdeG y Bloque ha reclamado insistentemente a Feijóo que
destituya a Agustín Hernández, hombre de la máxima confianza del presidente y que dirige tres
carteras fundamentales en la Xunta -Medio Ambiente, Territorio, Infraestructuras-, a las que
suma las competencias sobre vivienda. Esa petición se convirtió en exigencia, tan pronto como
el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia imputó al conselleiro.
El martes durante el debate monográfico sobre la crisis en el Parlamento, el secretario general
del PSdeG, Pachi Vázquez, además de reclamar su cese, pidió una comisión de investigación
sobre las adjudicaciones de su departamento. No es, en todo caso, la única pieza que pretende cobrarse el jefe de la oposición, que en la misma sesión exigió a Feijóo un cambio de Gobierno.
Ayer, durante la visita guiada a la Cidade da Cultura, el portavoz parlamentario del PSdeG,
Ismael Fernández Leiceaga, recordó que las destituciones que pide su partido son las del titular de Economía, Javier Guerra; Traballo, Beatriz Mato; Sanidade, Pilar Farjas, además de la de Hernández. A este último le acusa este partido de favorecer a la empresa Puentes y Contratas, en la que el conselleiro también trabajó como directivo, adjudicándole la variante de Noia, pese a haber presentado la segunda oferta más cara de las 20 que optaban a hacer la obra.
Ayer mismo el propio Hernández, en declaraciones a los medios, alegó que todos los
concursos que realiza su departamento se ajustan a Derecho y "a los procedimientos
establecidos en la Ley de Contratos del sector público". Hernández insistió en que sus
adjudicaciónes "persiguen que las obras se hagan". Una velada crítica a la gestión del bipartito
que vio como la adjudicataria de la autovía Carballo-Berdoias tuvo que desistir dejando sin
empezar la infraestructura.
El conselleiro explicó que el procedimiento que sigue su departamento es "fruto de una
reflexión a petición, entre otros, del sector de la construcción". Hernández argumentó que "lo
que no podía producirse [en la obra pública que adjudica la Xunta de Galicia] es que se
adjudicaran obras con bajas descomunales y que luego acaban paralizadas" por la incapacidad de la empresa para acometerlas.
(www.elpais.com, 22/07/10)
97) LOUZÁN: "JUNCAL HIZO UNA LABOR EXTRAORDINARIA"
El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, defendió ayer la "labor extraordinaria" del
ex jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en la provincia, Evaristo Juncal, que fue
destituido después de saberse que tiene un chalé ilegal y que vendió empresas a socios de
narcos.
Louzán le restó importancia al hecho de que Juncal levantase su vivienda de dos plantas con
una licencia de galpón y que lleve 24 años sin pagar el IBI en Caldas, el ayuntamiento donde
es presidente del PP. Y acusó al líder del PSdeG de tener también una casa ilegal. "Sobre la
licencia de su casa, habría que recordar que casos de estos tenemos en Galicia, sin ir más
lejos, en el secretario general de los socialistas gallegos, Manuel Pachi Vázquez", afirmó
Louzán.
"Evaristo Juncal, era, es un técnico que hizo una labor extraordinaria como jefe territorial que
ahora termina su comisión de servicios, que decidió no renovarla, y que ahora sigue siendo
funcionario", explicó. Y agregó: "Cada uno que entienda lo que quiera".
(www.elpais.com, 13/07/10)
98) LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA QUE EL DELEGADO DE OURENSE
DEFRAUDÓ AYUDAS

La Audiencia Nacional considera probado que Martínez certificó obras inexistentes
El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, y los responsables de acreditar
las obras en el grupo de acción local Ceivam (centro de iniciativas para el desarrollo do Val do
Miño) tendrán que devolver al Estado más de 50.000 euros que defraudaron de los fondos
comunitarios. La sala cuatro de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha
dictado una sentencia firme que avala el expediente administrativo abierto en su día por Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependiente de la Xunta) y tramitado después por el Ministerio de Agricultura sobre el cobro indebido de ayudas de la Unión Europea por parte de Martínez -alcalde de Arnoia por el PP cuando se produjeron los hechos- y sus socios. El fallo de la Audiencia ratifica la orden del ministerio que obliga a los responsables de Ceivam a devolver el dinero que ingresaron de las arcas públicas tras certificar "obras inexistentes".
• El ex alcalde de Arnoia y sus socios deberán reintegrar más de 50.000 euros
• Un juzgado investiga si los mismos hechos constituyen delito
La sentencia, con fecha del pasado 15 de abril y contra la que no cabe recurso, es
consecuencia del contencioso administrativo al que Martínez y los demás responsables de la
agrupación local decidieron acudir tras perder un primer recurso de reposición contra la orden
del ministerio, fechada en 2007, que les obligaba a devolver al Estado más de 50.000 euros
que ingresaron irregularmente.
Con esta resolución se zanja el proceso administrativo contra los integrantes de Ceivam por el
fraude en las ayudas europeas, aunque éstos tienen pendiente un proceso judicial,
consecuencia de una denuncia presentada por el BNG de Arnoia, para responder en la vía
penal por los mismos hechos. Martínez y sus socios están denunciados por estafa, falsedad en
documento público y malversación en la gestión de estos fondos otorgados por la Unión
Europea.
Para la Audiencia Nacional ha quedado probado que la agrupación local que presidía el
entonces alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense incurrió en
"un incumplimiento sustancial del fin previsto en las subvenciones otorgadas", que en este caso
era la construcción de una planta de tratamiento y aprovechamiento de biomasa y un taller
artesanal.
El actual superdelegado de la Xunta certificó, en su condición de presidente de la asociación
sin ánimo de lucro Ceivam, que se habían realizado las obras para las que había pedido
subvención pese a que, según la sentencia, no fue así. El ponente de la Audiencia Nacional
considera acreditadas las denuncias que figuran en el informe que Agader realizó tras
inspeccionar las obras.
En lo que respecta a la planta de biomasa, la Audiencia Nacional da validez al informe en el
que consta que pese a que Ceivam certificó inversiones por 39.065,79 euros, no había
"síntomas de actividad permanente" en la planta de biomasa, que se "certificaron obras que no
constan realizadas" y que la nave que se presentó como obra ejecutada con las ayudas
comunitarias ya existía antes de solicitar la subvención.
La sentencia confirma también que en las instalaciones "no se encuentran máquinas propias
del tratamiento de la biomasa". Además desmonta el argumento del robo de la maquinaria que
los socios de Ceivam adujeron para justificar su falta, así como el testimonio de que emplearon
el dinero de las ayudas en hacer obras en el interior de la nave. "No se ha aportado ninguna
prueba" que acredite esas alegaciones, sostiene el magistrado.
Respecto al taller de orfebrería, la Audiencia detalla que las facturas con las que Ceivam
intentó justificar la inversión de los fondos de la UE "no alcanzan a la totalidad de la partida de
adquisición de la maquinaria certificada". Explica que en el interior del taller faltaba maquinaria
por la que Ceivam recibió 12.897,98 euros. Por ello, la Audiencia desestima el recurso

interpuesto por los responsables de Ceivam contra la orden del ministerio y les ordena a
devolver al Estado el importe de las ayudas que cobraron irregularmente.
www.elpais.es 12.05.09
99) LA XUNTA RETRASA LA SANCIÓN A LA CONSTRUCTORA DE TELMO MARTÍN
Medio Ambiente solicita nuevas pruebas que pueden cambiar el expediente
La ley obligó al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín
Hernández, a reabrir el expediente a Construcuatro por el cobro de sobreprecios en viviendas
protegidas en Vigo, pero la sanción está lejos de hacerse efectiva. Según los anteriores
responsables de la Consellería de Vivenda, que abrió el proceso administrativo contra la
promotora del líder del PP de Pontevedra, Telmo Martín, las diligencias se habían agotado y la
sanción estaba lista para su ejecución. Construcuatro tendría que pagar una multa de un millón
de euros, devolver las comisiones ilegales y quedar inhabilitada para edificar vivienda protegida durante seis años. Pero no será así de momento.
El Gobierno bipartito suspendió el expediente a Construcuatro en abril de 2008, tras la apertura por un juzgado de Vigo de actuaciones judiciales, incompatibles legalmente con las
administrativas. Una vez archivada la causa penal -en la que se corroboró el pago de
sobreprecios, aunque no se demostró la concurrencia de delitos-, la Xunta levantó la
suspensión. Ahora bien, el departamento que dirige Agustín Hernández, amigo personal de
Telmo Martín, ha decidido solicitar nuevas pruebas, que retrasarán e incluso podrían modificar
los resultados del expediente.
El Instituto Galego de Vivenda e Solo determinó antes del cambio de Gobierno en Galicia la
existencia de infracción, consistente en la percepción de sobreprecios en un edificio de la
urbanización viguesa de Navia, tipificada como muy grave en la Lei de Vivenda de Galicia.
Según los anteriores responsables de la consellería, sólo restaba comunicárselo a los
afectados y ejecutar la sanción.
La hoja de ruta de Medio Ambiente es otra. De momento, solicitará al juzgado el informe
pericial emitido por el inspector de Hacienda, así como los documentos de contabilidad de la
empresa, en los que se recogen los sobreprecios. Además, volverá a remitir el acuerdo de
incoación del expediente, que se remonta a octubre de 2007, a 11 de los 87 propietarios
compradores afectados, de los que no cuenta con acuse de recibo. Esta decisión supone la
apertura de otro período de 15 días para la aportación de documentación, pero sobre todo abre la posibilidad de que se presenten nuevas pruebas, y por lo tanto se revise la existencia de la infracción.
Pero no se terminan ahí las pruebas adicionales que la Consellería de Medio Ambiente, de la
que depende el IGVS, quiere estudiar, a pesar de que el cobro de "sobreprecio, prima o
cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento en las viviendas de protección oficial"
está tipificada en la ley como la más grave de las posibles infracciones. Después de la
aportación de documentos por los 11 afectados que restan por hacerlo, la Xunta "abrirá período de prueba", en el que incluirá las declaraciones realizadas por Construcuatro en el curso de las acciones judiciales. La consellería incorporará como prueba "todo el documento contenido en las actuaciones judiciales que, si es el caso, acredite el presunto pago de sobreprecios".
Sólo después de examinar toda esta documentación, procederá Medio Ambiente a redactar la
propuesta de resolución. Según los anteriores responsables de la Consellería de Vivenda, se
trata de diligencias innecesarias que demorarán e incluso modificarán la tipificación de la
infracción, con el objetivo de evitar la sanción a Construcuatro. La empresa, de la que Telmo
Martín posee el 33%, cobró sobreprecios al menos a 32 compradores, que pagaron hasta
33.000 euros más para no perder los pisos protegidos. Según el informe policial que encargó el juzgado, el dinero lo repartía la empresa con un intermediario.

A la espera de disculpas
Tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, las dos sentencias sobre el caso
Construcuatro dan por probada la existencia de sobreprecios. La resolución considera que no
hubo "coacción de relevancia penal", por lo que absolvió a los imputados. Lo justificó así;
"Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período
de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese
precio, tal y como estaba el mercado". De no acceder a pagar el sobreprecio, los afectados se
quedaban sin las viviendas protegidas, lo que no impide a la sala que juzgó el caso destacar la
inexistencia de "cualquier tipo de fuerza o intimidación".
Telmo Martín se sintió reforzado por la sentencia. "Espero que aquellas personas que con un
interés político intentaron difamarme, manchar mi nombre, ahora reconozcan que yo no cometí
ningún delito: que lo digan", retó el dirigente del PP. Lejos de recibir disculpas, deberá afrontar
el expediente administrativo, aunque demorado. La sentencia de la Audiencia Provincial
constató que los sobreprecios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la
escritura pública ni en el contrato de compraventa, pero sí en los libros de contabilidad.
www.elpais.es 29.03.10
100) MULTAS DE 742.500 EUROS PARA LOS TRES ACUSADOS POR LA TRAMA DE
GONDOMAR
Los tres implicados en el caso de corrupción descubierto en Gondomar deberán pagar una
multa de 742.500 euros en total por haber formado una trama para «enriquecerse» a cambio
de favorecer y desarrollar desde el Ayuntamiento tres proyectos urbanísticos.
La sentencia dictada ayer por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo
recalca la «gravedad de los hechos, por su trascendencia social, la entidad del daño a la
función pública y por incumplir el deber de fidelidad al cargo» de los políticos implicados. Pero,
pese a esa consideración, el juez concede una notable rebaja en las penas solicitadas por la
Fiscalía, que inicialmente había reclamado en total una sanción de 4,7 millones de euros y la
rebajó después a 1,25 por la autoinculpación y colaboración de parte de los imputados.
El fallo judicial considera probado que los entonces ediles de Urbanismo, Alejandro Gómez (del PP), y el de Cultura y portavoz del mismo partido, José Luis Mosquera, habían pedido dinero a tres promotoras a cambio de que el nuevo Plan Xeral de la villa posibilitase sus proyectos constructivos. En esa trama, el tribunal califica al arquitecto vigués Borja Ramilo, como «cómplice necesario» e intermediario en la petición de comisiones a las empresas, que
ascendía a 540.000 euros.
Esa cantidad es la que el tribunal impone finalmente como sanción al edil de Urbanismo, que,
como su compañero, abandonó el cargo al estallar el caso en febrero del 2007. Gómez
Garrido, que nunca admitió su relación con la trama de extorsión, se enfrentaba a una petición
de pena 1.080.000 euros, que ya había sido rebajada desde 1,92 millones en los que en un
principio había calificado su delito el fiscal.
Por haber dado datos sobre dos cohechos más que no habían sido investigados, el edil de
Cultura logró una reducción de pena del 93%, quedando esta establecida en 135.000 euros,
como logró igualmente el arquitecto intermediario, al que se le aplicó una segunda rebaja hasta
fijar su condena en 67.500 euros.
(www.lavozdegalicia.es, 09/09/10)
101) ANTICORRUPCIÓN CONFIRMA QUE AGUIRRE SE FINANCIÓ ILEGALMENTE
Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio
Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de

Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales
y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.
Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de
2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira
el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2
millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta,
falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.
La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas
mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.
El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam
se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano
tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de
la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.
El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide
Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM
siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos
electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente
delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a
los diez años.
El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la
existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca
que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las
campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los
empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam
entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus
sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han
adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de
Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados
por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la
patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces
candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A
partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de
asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como
"interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas,
entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los
primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados
socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La
situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de
octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.
El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación
de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y
excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión
menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las
cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con
penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en
este caso las facturas electorales.
(www.publico.es, 25/10/10)
102) DOS CONCEJALAS DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN SE DAN DE BAJA,
PERO SEGUIRÁN EN EL ESCAÑO
Ana Guada y María José Alonso, hasta ahora ediles del PP en el Ayuntamiento de León ,
presentaron ayer su baja en el partido para formar parte del grupo de concejales no adscritos,
debido a la operación de «acoso y derribo» llevada a cabo por la presidenta del PP en la
provincia de León, Isabel Carrasco, informa Ical. Según explicó Guada, su decisión no
responde a la «improvisación», sino al convencimiento de que no se puede trabajar en un
partido cuya presidenta «solo apuesta por sus intereses personales» y no por el bien de las
siglas políticas y el proyecto que representa.
Asimismo, explicó que desde la llegada de Isabel Carrasco a la Presidencia del PP, el partido
comenzó a «resquebrajarse» y se iniciaron las «malas maneras». Concretó que durante los
últimos seis años, «ha manejado el partido» bajo el lema «conmigo o contra mí». Además,
aseguró que su caso «no es aislado», sino que otros cargos públicos y orgánicos han sido
vetados por Carrasco, persona que «se lleva mal con todos». «Ella es el único problema del PP de León», apostilló.
En este sentido, señaló que el «grave deterioro» del funcionamiento interno del partido ha
tenido su reflejo en las últimas citas electorales, con los «peores resultados» obtenidos.
«Carrasco no se merece mi acta de concejal, a la que no pienso renunciar, porque me siento
obligada a trabajar desde la sensatez y la seriedad libre de su yugo». Desde el grupo de
concejales no adscritos, defenderá los intereses de León con una oposición «crítica y
constructiva».
Por su parte, María José Alonso manifestó que su baja en el PP de León responde a la
situación «insostenible» que vive el partido, donde «no se puede opinar, discrepar ni tener un
pensamiento propio. Hay que ser un corderito, a ser posible, con las menores o ninguna idea
propia», añadió.
(www.nortedecastilla.es, 05/10/10)
103) EL VETO DE BAUZÁ A LOS IMPUTADOS ABRE UNA CRISIS EN EL PP BALEAR
José Ramón Bauzá, líder del PP balear, siempre ha estado convencido de que uno de los
motivos por los que resultó elegido fue para limpiar el partido, aunque poco podía imaginar que
el 70 por ciento de los votos con los que ganó el congreso de los populares de las islas no

serían suficiente aval como para impedir que se alzaran las espadas en cuanto pasara de las
palabras a los hechos. La decisión de no incluir a imputados en las listas electorales del
partido, aunque no existan medidas cautelares contra ellos, ha abierto una crisis en el
momento en el que los afectados empiezan a recibir la comunicación de que quedan fuera del
tablero del juego político.
El agradecimiento a los servicios prestados sirve de poco, como ayer demostró Jaume Font,
portavoz del PP en el Consell y el primero al que Bauzá le comunicó que no formaría parte de
las candidaturas para las próximas elecciones. Font no tuvo pelos en la lengua y advirtió a
Bauzá sobre la necesidad, a su juicio, de que reflexione sobre su decisión con el fin de que "lo
que se quiere vender como un ejercicio de limpieza, no acabe escondiendo, en realidad, una
caza de brujas disfrazada de renovación a la carta".
"Represento a muchos que piensan igual", insistió Font, imputado por el Plan Territorial de
Mallorca. Mientras el portavoz insular del PP lanzaba su envite, a Bauzá se le abría un nuevo
frente con el anuncio del diputado Miquel Munar de abandonar el partido y, "por coherencia",
renunciar a su escaño. Los motivos de Munar también contradicen esa aparente calma interna
que la nueva dirección popular deseaba trasladar a la opinión pública.
El ya ex diputado –ayer mismo registró su renuncia en el Parlament– afirmó que no se sentía
"identificado con el nuevo proyecto" del partido que representa Bauzá. "Me siento más
identificado con un proyecto más abierto", dijo Munar, quien no está imputado.
Las reacciones y el riesgo de que la crisis aumente como una bola de nieve no hacen aflojar a
Bauzá, quien ayer por la tarde sostuvo que la exclusión de imputados de las listas electorales
del PP es una decisión "absolutamente" suya, "meditada" y "sin marcha atrás".
Sin embargo, la tesis que sostiene respecto a que se trata de una decisión propia también ha
levantado ampollas entre los cargos afectados. El diputado Antoni Serra, imputado por el caso
Palma Arena, afirmó ayer que aún está esperando la llamada del líder popular, a quien acusó
de "utilizar" a los imputados del partido para "sacar rentabilidad a favor de su imagen".
Serra explicó que él ya le había ofrecido a Bauzá dimitir y éste le pidió que no lo hiciera.
Entonces le propuso autoexcluirse de las listas electorales, recibiendo idéntica respuesta.
"Ahora, de manera innecesaria porque ya se lo ofrecí, dice que que si no vamos en las listas es
porque él lo impone", criticó Serra.
Agregó que también Joan Flaquer, salpicado en el caso Ibatur, había hecho la misma oferta a
Bauzá con idéntico resultado. Flaquer no quiso efectuar declaraciones y se limitó a lanzar un
interrogante, cuyo contenido coincide con las críticas de Serra: "¿A mí alguien me ha
preguntado si quiero ir en las listas antes de decir que no seré incluido?".
Esta claro que Bauzá ha pisado ya demasiados pies en su partido y todavía puede ir mas lejos
si se cumple su objetivo de borrar la época de Jaume Matas a costa de retirar a un segundo y
tercer plano a quienes fueron consellers en el Govern del ex president. El caso de Jaume Font
puede resultar especialmente delicado para la estabilidad interna del PP, teniendo en cuenta su ascendencia en una parte de los cargos de la Part Forana.
El portavoz popular en el Consell aseguró ayer que su intención es permanecer en las filas
populares, si bien dejó claro que no está dispuesto a apartarse de la vida política. "Tengo más
fuerza que nunca", sostuvo Font quien matizó que sus duras declaraciones no eran "un
cuestionamiento al liderazgo de Bauzá" sino una "aportación en positivo".
Sus palabras, sin embargo, motivaron reacciones en cadena a favor y en contra. Pere Rotger,
adjunto a la presidencia del PP balear, se apresuró a calificar la decisión de Bauzá como "difícil y valiente", además de "compartida por muchos militantes y gran parte de la ciudadanía".
Otros, como el alcalde Sant Antoni de Portmany, José Sala, calificó de "mala" la decisión de
Bauzá quien, a su juicio, "debería analizar cada imputación por separado en vez de excluir a

todos los políticos que estén imputados", ya que esto supondrá "prescindir de gente válida" y
"no todas las imputaciones son iguales".
(www.diariodemallorca.es, 08/09/10)
104) CAMACHO FULMINA A LA DIRECCIÓN LOCAL DEL PP EN SANT CUGAT
La junta directiva del Partido Popular de Sant Cugat del Vallès arremetió contra la dirección del
PP de Cataluña por la creación de una gestora que dirigirá la agrupación municipal. Esta
decisión supone la destitución de las personas que hasta ahora gestionaban el partido a nivel
local. El motivo oficial son las dificultades económicas que atraviesa el grupo popular en Sant
Cugat. La hasta ahora presidenta del PP de la ciudad, Ana María Torrijos, denunció que la
decisión de nombrar una gestora la ha tomado de forma "unilateral" y "dictatorial" la dirección
del PP catalán, encabezada por Alicia Sánchez-Camacho. "Este sorprendente hecho nos trae a la memoria tiempos de oscurantismo, del ordeno y mando", sentenció la junta local a través de un comunicado.
Torrijos aseguró que la dirección del partido les comunicó el 12 de mayo la decisión de crear
una gestora y que iría "un grupo de personas a sanear la economía del partido". La ex
presidenta comentó que el grupo municipal atraviesa una mala "situación económica heredada" de la anterior junta local, presidida por Berta Rodríguez, que fue relevada el año pasado.
Por su parte, fuentes de la dirección aseguraron que el objetivo de la gestora es dar un impulso
al partido en la ciudad vallesana en las próximas elecciones municipales.
(www.elpais.com, 03/06/10)
105) DUELO SICILIANO EN EL PP DE XÀBIA
Amenazas de muerte, denuncias ante la Guardia Civil, detenidos... Con este telón de fondo de
ribetes sicilianos, los militantes del PP de Xàbia eligen en asamblea a su líder de los próximos
años entre el actual presidente, el campista Juan Moragues, y el ripollista Juan Crisóstomo. Y
lo harán en un clima muy tenso después de que Moragues denunciara al sobrino del propio
Crisóstomo, José Luis Cardona y a otro militante del PP, Antonio Llidó, por amenazarle de
muerte para que desistiera de presentarse a la relección.
En la denuncia Moragues asegura que Cardona le dijo: "Eres un hijo de puta que llevas veinte
años de concejal y ya te has hecho rico, así que déjanos a nosotros ahora ganar dinero, que
ahora le toca a mi tío ser el presidente y a mi primo [refiriéndose a otro militante del PP] el
alcalde". Por si fuera poco, el sector de Moragues denunció ayer que la lista de Crisóstomo
contiene cinco personas no afiliadas al PP. El comité electoral analiza si va a impugnar esta
lista.
Los que más conocen a Moragues dicen que nació para ser alcalde de su pueblo. Y lo fue
entre 1991 y 2005, durante 12 años en dos periodos diferentes, como líder del PP y también al
frente de un nuevo partido, Ciudadanos por Xàbia, que fundó cuando se enfrentó al actual
Síndic de Greuges, José Cholbi, su padrino en la sombra, con el que volvió a hacer las paces
en 2003 regresando al PP. Moragues es astuto para hacer y deshacer alianzas: desde hace
meses es el principal socio de gobierno del actual alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, su
gran enemigo en las urnas durante dos décadas. Así que Moragues, como casi siempre,
continúa en el poder.
Ha compaginado su cargo público con su actividad como promotor hasta el punto de que su
mercantil, Moragues Pons, realizó PAIs mientras él era alcalde. Más "moraguista" que
"campista", ha logrado ahora unir a varias familias de la derecha para hacer frente a la
amenaza que supone el desembarco del ripollismo en Xàbia, con la promesa de que si es
presidente no será alcalde.

Y Juan Crisóstomo, más conocido como Pachanca, desarrolló una polémica cartera de
negocios sobre todo en el sector sanitario gracias al PP. Fue diez años presidente de la Cruz
Roja, entidad que abandonó después de que una auditoría detectara irregularidades contables
y desvíos de dinero. Después participó en la constitución de la asociación Amigos Europeos de Jávea, dedicada al transporte sanitario, y explotada por SOS Xàbia Ambulancias SL, pero que sólo vende y alquila automóviles y embarcaciones.
Amigos Europeos firmó suculentos acuerdos con el Ayuntamiento para prestar asistencia
sanitaria como el de 2005, negociado con las ediles del PP Ana Vasbinder y Pepa Fuster y que supuso un negocio redondo para la empresa, que no sólo se embolsó los 72.000 euros anuales contemplados en el convenio sino otros 78.000 euros por horas extras.
La asociación imparte cursos de socorrismo a pesar de que no estar homologada para esta
actividad por la Generalitat aunque no es obstáculo para gestionar la piscina municipal de
Benitatxell. Crisóstomo es, además, administrador único de una firma de seguros con la misma
sede social que Amigos Europeos. Sus buenas relaciones empresariales y familiares lo han
convertido en el líder del sector del PP de Xàbia que aspira a acabar con la eterna hegemonía
de Moragues. Y los ripollistas alicantinos quieren conquistar una plaza hasta ahora reservada a
la gente de Camps. Algunos dirigentes del PP de Alicante han intentado paliar los catastróficos
efectos de la participación de su sobrino en las amenazas a su rival campista asegurando que
todo es un montaje de este último. El duelo está servido.
(www.elpais.com, 09/04/10)
106) AMENAZAS DE MUERTE EN LA BRONCA DEL PP ALICANTINO
El pulso por controlar el PP de Alicante entre los afines al presidente provincial, José Joaquín
Ripoll, último exponente del zaplanismo, y los partidarios del líder valenciano, Francisco
Camps, alcanzó cotas insospechadas en Xàbia el pasado domingo. El candidato campista, el
ex alcalde Juan Moragues, denunciará ante la Guardia Civil el intento de agresión por parte
de dos personas que se introdujeron en su casa y le amenazaron de muerte si persistía en su
intento de presentarse a la asamblea del 9 de abril para elegir al presidente local del partido.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30, poco después de que Moragues y su esposa
llegaran a su domicilio en Xàbia. Las dos personas, a las que el candidato campista conocía,
llamaron a la puerta, entraron y mantuvieron con él una fuerte discusión, durante la que le
amenazaron con "consecuencias mortales" si mantenía su candidatura.
Desde hace meses, el PP de Xàbia, que ha aumentado en 400 nuevos afiliados, está
profundamente dividido por la batalla entre los dos candidatos a la presidencia local.
(www.elpais.com, 06/04/10)
107) AGUIRRE CORRIGE A LA CÚPULA DEL PP Y PIDE EL CESE DE COBO
La presidenta madrileña dice que "el reglamento debe cumplirse" y el vicealcalde tiene
que abandonar la portavocía municipal
Al PP de Madrid no le basta con que el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, haya sido
suspendido de militancia durante un año después de criticar a Esperanza Aguirre en una
entrevista. La segunda parte de la batalla pasa por conseguir que la mano derecha del
alcalde Alberto Ruiz-Gallardón deje de pertenecer al grupo municipal popular en el
Ayuntamiento de Madrid y que, por tanto, abandone la portavocía.
Unos planes que no contempla la dirección nacional del partido. El miércoles, la propia Aguirre
saltó al terreno y recordó a la cúpula conservadora lo que Francisco Granados, su consejero de
Presidencia, lleva exigiendo hace ya una semana. Es decir: que el reglamento de los grupos
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo : Balance 2010 109
municipales del PP "especifica que la pérdida de condición de militancia determina la salida del grupo".
Con estas palabras, la líder del PP de Madrid intentaba dar un toque de atención a la dirección
nacional de su partido. Días antes, Ana Mato, vicesecretaria de organización, había asegurado
que Cobo es un "magnífico portavoz municipal" y que seguirá en este cargo puesto que la
sanción del comité de derechos y garantías no decía lo contrario. Y porque "el alcalde y el
grupo municipal", a quienes, en última instancia les correspondería una decisión de este
tipo, ya decidieron hace meses la continuidad de Cobo.
Los conocimientos de Mato
Consciente de que sus palabras podrían ser interpretadas como una desautorización a Mato,
Aguirre reconoció que esta "no tiene por qué conocer este reglamento". Pero que "hay un
reglamento y el reglamento, como los estatutos, tiene que cumplirse". Dijo, además, que hacía
estas declaraciones "sin la menor animadversión".
No obstante, no pasa inadvertido que las fricciones entre Comunidad y Ayuntamiento de
Madrid son algo a lo que Mariano Rajoy ya está acostumbrado. La última polémica es
precisamente la de la entrevista en la que Cobo señalaba, entre otros asuntos, que lo que la
gente de Aguirre estaba haciendo con Rodrigo Rato en Caja Madrid era "de vómito".
La del miércoles fue la entrada en escena de Aguirre para reivindicar que Cobo no puede
seguir siendo portavoz del grupo municipal conservador en el ayuntamiento. Pero ya el mismo
día en el que se hacía pública la sanción para el vicealcalde, Granados, secretario general del
PP de Madrid, propuso que Ana Botella, delegada de Medio Ambiente en el ayuntamiento,
sustituyese a Cobo.
A vueltas con el artículo
Para ello, durante toda esta semana, Granados ha sido muy insistente en la idea de que "los
reglamentos del PP están para aplicarse y no al albur de lo que un grupo municipal decida".
Incluso ha llegado a leer públicamente el artículo 28.4 del reglamento sobre los grupos
municipales: "La pérdida de la condición de afiliados al PP producirá automáticamente su
exclusión del grupo municipal".
Fue el pasado 29 de octubre cuando el grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid votó el
posible cese de Cobo como portavoz. De los 32 miembros presentes, 13 votaron a favor, por lo que la propuesta fue rechazada. En este episodio se basa la dirección nacional del PP para dar el asunto por zanjado.
Pese a que los equipos de Rajoy y Gallardón coinciden en que ante esta cuestión "no cabe
más debate", los aguirristas no están dispuestos a dar su brazo a torcer.
En el entorno de la presidenta aseguran que la pelota está en el tejado del alcalde, que debe
dar un paso al frente y cesar a Cobo. "Si no lo cesa, será el vicealcalde el que incumpla el
reglamento", destaca un dirigente del PP madrileño. Algo que, según reconocen en el círculo
de Gallardón, no pasa por la cabeza del alcalde ni ha exigido Mariano Rajoy.
De hecho, en más de una ocasión, el regidor madrileño ha respaldado a su mano derecha y ha
destacado su "profunda lealtad al PP".
En la dirección nacional del partido recuerdan que Mato "simplemente" aludió a que la sanción
del comité de derechos y garantías no contempla la expulsión del grupo municipal y que la
decisión, en todo caso, no corresponde al PP de Madrid.
Manuel Cobo es uno de los cargos del PP que ha denunciado haber sido víctima de la
supuesta trama de espionaje realizada por agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid.

www.publico.es 01.04.10
108) AGUIRRE: "HEMOS TENIDO SUERTE DE DARLE UN PUESTO A IU Y QUITÁRSELO
AL HIJOPUTA"
Los micrófonos abiertos le han jugado una mala pasada esta mañana a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Durante un acto en el Camino de Santiago, en
Becerril de la Sierra, la presidenta madrileña, que mantenía una conversación sobre Caja
Madrid con su vicepresidente, Ignacio González, y la consejera de Medio Ambiente, Anabel
Mariño, ha deslizado la siguiente frase, que han podido grabar los micrófonos de los
periodistas: "Yo creo que hemos tenido una inmensa suerte de poder darle un puesto a IU
quitándoselo al hijoputa".
Pese a que la presidenta no se ha referido literalmente a Caja Madrid, el contexto de la
conversación grabada indica que la frase se refiere inequívocamente a la entidad bancaria, que cerró su larga crisis política con el nombramiento como presidente de Rodrigo Rato. El "hijo de puta" en este caso podría ser su rival en la batalla por el control de la Caja, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ya que el PP es el único partido que ha perdido un puesto.
El conflicto arranca cuando se negocian los consejeros que van a renovar la Comisión de
Control de Caja Madrid, donde entraban seis nuevos miembros y dos vocales renovaban.
Existía la posibilidad de que continuaran Fernando Serrano, afín a Gallardón, o Rubén Cruz, de
IU. Aguirre impuso su criterio de que fuera Rubén Cruz, porque Serrano estaba expedientado
por la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Este expediente se abrió a raíz del
enfrentamiento entre Aguirre y Gallardón para evitar que se iniciaran las elecciones en la
entidad bancaria.
Serrano, como presidente de la Comisión de Control y Comisión Electoral, tomó partido en
contra de Aguirre. La consejería regional le abrió expediente por presidir la comisión y ser a la
vez defensor del ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. También abrió expediente, por un
conflicto similar, a Juan Gómez Castañeda, de IU, pero en este caso lo cerró sin ninguna
acusación. En las negociaciones finales para alcanzar el pacto de la presidencia de Rato,
Aguirre argumentó el expediente de Serrano para cerrarle el paso en la comisión de control. En
su lugar, dejó a Rubén Cruz, de IU.
En la conversación, que se produjo prácticamente cuchicheando, se escuchan también los
nombres del secretario general de CC OO, Javier López, y el presidente de la CEIM, que
representa a los empresarios madrileños, Arturo Fernández, y Miguel Corsini, ex presidente de
Renfe. Este último es uno de los nuevos miembros de la Comisión de Control. Además, Mariño
respondió a la presidenta con una frase, que no se escucha, pero en la que se alude
directamente a Caja Madrid. El vicepresidente González apenas intervino en la conversación.
Las frases grabadas las ha formulado Aguirre en una carpa situada en un predio de Becerril de
la Sierra en la falda del monte de la Maliciosa, donde la presidenta regional y su segundo han
firmado con siete alcaldes de la zona un convenio para la promoción del Camino de Santiago a
su paso por Madrid. Mientras firmaba los numerosos documentos del convenio, conversaba
con Ignacio González; sobre su pecho lucía la vieira o concha de los peregrinos jalonada por
una cruz roja jacobea y blandía un bastón de caminante a Santiago de Compostela.
(www.elpais.com, 29/01/10)
109) PIZARRO ABANDONA A RAJOY
El diputado del PP Manuel Pizarro ha comunicado al presidente del partido, Mariano Rajoy, que abandona su escaño en el Congreso. Pizarro, la gran apuesta económica de los conservadores en las pasadas elecciones ha alegado "razones estrictamente personales" para tomar la decisión. El Partido Popular, en un comunicado, ha asegurado que Manuel Pizarro "mantiene su compromiso con el proyecto político del Partido Popular, su militancia en el mismo y ha mostrado su disposición a seguir participando de manera habitual en las actividades del partido". "Mariano Rajoy piensa seguir contando con la experiencia y los conocimientos de Manuel Pizarro en su objetivo de lograr que las propuestas del Partido Popular sean reconocidas por la mayoría de españoles como la mejor solución a sus problemas actuales", afirma el comunicado.
(www.publico.es, 29/01/10)
110) SORIA DESTITUYE A CABRERA COMO PORTAVOZ DEL PP EN LA CÁMARA
Miguel Cabrera Pérez-Camacho abandonó ayer la Portavocía del PP en el Parlamento de
Canarias. Las últimas críticas del diputado popular a la visita que realiza el presidente del
Gobierno a Cuba y Costa Rica acabaron con la paciencia del líder del PP canario, José Manuel Soria, quien pidió a Cabrera que dimitiese. Su sucesora será María Australia Navarro.
A través de un breve comunicado, Miguel Cabrera anunció en la mañana de ayer que había
presentado su dimisión, al entender que ya no contaba con la confianza de José Manuel Soria.
"En el día de hoy, [por ayer] he presentado mi dimisión como portavoz parlamentario en razón
a que mis críticas a la visita del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a la
dictadura cubana, han motivado la pérdida de confianza del presidente regional del PP, José
Manuel Soria", argumentó el diputado popular.
Sin embargo, fuentes de la dirección regional del PP precisaron que fue el propio Soria el que
exigió a Cabrera Pérez-Camacho que dimitiese para evitar futuras fricciones en el pacto de
Gobierno que mantienen populares y nacionalistas en el Gobierno autónomo. "Miguel Cabrera
es un parlamentario excelente", añadieron las mismas fuentes antes de confirmar que las
últimas críticas del diputado del PP a Paulino Rivero fueron la gota que colmó el vaso de la
paciencia de Soria. "No podemos estar en un pacto con Coalición Canaria y permitir que uno
de los nuestros arremeta contra el presidente del Gobierno", insistieron desde la dirección
regional del Partido Popular.
Pérdida de confianza. Además, revelaron que fue el propio Miguel Cabrera el que en el
momento de su nombramiento como portavoz del PP le aseguró a Soria que "no se iba a
arrepentir" de tomar esta decisión y que no pondría trabas a dimitir si se perdía la confianza en
él. "Eso es lo que ha sucedido", explicaron las mismas fuentes.
Las críticas por el viaje de Rivero a Cuba no son de todos modos el único punto de fricción
entre Pérez-Camacho y la cúpula del PP. El otro más significativo tuvo que ver con la Ley de
Licencia Comercial, aprobada en el Parlamento de Canarias el pasado 10 de diciembre con el
voto a favor de nacionalistas y conservadores, y el rechazo de los socialistas. Pérez-Camacho
se ausentó del pleno, remarcó que la medida era un "churro" y advirtió de que el Gobierno de
Canarias se podía enfrentar al pago de millonarias indemnizaciones. Consultado ayer por este
diario, Miguel Cabrera rechazó hacer valoraciones y se remitió al escueto comunicado enviado
a los medios de comunicación. Sí aprovechó para ratificarse en sus críticas, pero no quiso
añadir nada más.
http://www.laopinion.es/canarias/2010/02/21/soria-destituye-cabrera-portavoz-ppcamara/
272851.html